La ANC confirma a su líder para la recta final del 'procés'

Bronca grande dentro de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la entidad independentista por excelencia, que hoy tenía que escoger a su cúpula. Las batallas internas entre oficialistas y críticos retrasaron durante horas un resultado que parecía fácil. Lo que habría de estar finiquitado a las 14 horas, lo estuvo a las 17.30 horas. Pero al final hubo resultado: el actual presidente, Jordi Sánchez, a quien los críticos recriminan seguir el dictado de Convergència y, en concreto, de Artur Mas, repetirá mandato, esta vez por dos años. Salió perdiendo la crítica Liz Castro, editora y escritora norteamericana, que fue la más votada por los socios para el Secretariado Nacional la pasada semana pero que perdió el mano a mano con el hasta ahora líder de la entidad.

Curiosamente, los estatutos de la ANC prevén que el presidente ha de ser elegido con los dos tercios del Secretariado. Ninguno de ellos lo consiguió, ni en primera ni en segunda votación, por lo que se dio carpetazo al asunto con un ‘pacto’. Es el ‘pacto de Ripoll’. O había ese pacto o la ANC se rompía. ¿Por qué de Ripoll?. Porque la reunión tuvo lugar en esta localidad prepirenaica. Sánchez lo explicó tras las votaciones: “En Ripoll tuvo lugar la primera declaración unilateral de soberanía (sic), cuando se decidió dar vida propia a una iniciativa política hace mil años. Hoy tomamos ese compromiso de los orígenes y de extender el proyecto de la nueva República al conjunto de hombres y mujeres de Cataluña”. Así, se decidió que repitiese el hasta ahora presidente al haber ganado por 42 a 33 en la primera votación y por 40 a 35 en la segunda. “Acepto plenamente los resultados”, ratificó luego Castro. Pero el tema da una idea de la alta tensión que se vive dentro de la entidad soberanista por excelencia, donde ninguna de las corrientes domina la organización.

"Hemos hecho cosas que no han sido del todo acertadas, pero tenemos la voluntad inequívoca de saber encarar el reto de futuro que tenemos”

La ANC inicia así una etapa que pretenden que sea “la recta final del ‘procés’. Creemos que será el último Secretariado de la ANC, ya que en los dos próximos meses esperamos que nazca la República Catalana”. Sánchez reconoció que “hemos hecho cosas que no han sido del todo acertadas, pero tenemos la voluntad inequívoca de saber encarar el reto de futuro que tenemos”. Afirmó que la entidad es “transversal y muy diversa en pareceres” y que “tenemos el deber moral de no engañar a nadie ni de desfallecer las esperanzas de la gente”. Eso sí, tanto él como el resto de cargos electos afirmaron que recogen en mensaje de “hacer piña” y de “trabajar con la máxima unidad”. Junto a Sánchez, fueron elegidos Natalia Estève como vicepresidenta, Marcel Padrós como tesorero y Eulàlia Sobirà como secretaria.

Hoja de ruta diabólica

Ahora se enfrenta a una hoja de ruta, aprobada hace un mes, meridianamente clara. Entre sus prioridades, figuran “aumentar la base social del independentismo hasta conseguir la mayoría suficiente” y “mantener alta la movilización social que permita, en un momento determinado, una respuesta popular activa y pacífica ante las actuaciones que cuestionen nuestras instituciones, instrumentos de autogobierno y los valores democráticos”. En otras palabras, prepararse por si se interviene el Parlamento o el Gobierno catalán por haber desobedecido las leyes españolas y haber promulgado las propias, situándose fuera del marco constitucional.

La hoja de ruta también obliga a la dirección a “adoptar una actitud vigilante y, si es preciso, de presión respecto a los grupos políticos e instituciones propias que garanticen el cumplimiento de la hoja de ruta votado mayoritariamente en las pasadas elecciones, potenciando la negociación y acuerdo entre los diferentes actores y evitando dilaciones y el aguamiento de los objetivos”. Esto quiere decir la apuesta por el mantenimiento de una legislatura de 18 meses para proclamar en ese plazo la independencia, convocar “elecciones constituyentes” y aprobar la nueva Constitución de la República Catalana.

Otro de los puntos de la hoja de ruta aboga por “mantener la independencia de la ANC respecto a los partidos, como garantía de la libertad de movimientos respecto a éstos y para preservar el efecto multiplicador de la transversalidad cara a la movilización de la sociedad”.

Las principales líneas estratégicas a seguir son abandonar las movilizaciones masivas, en las que ya se ha evidenciado el cansancio de la población, que acude cada vez menos a las mismas. Para disimular ese cansancio (lógico, tras cuatro años de intensas movilizaciones), la Asamblea propone movilizaciones “más frecuentes y no necesariamente coincidiendo con la Diada del 11 de septiembre”.

Infiltración en movimientos ciudadanos

Además, quiere “no sólo exigir la independencia”, sino sumar a las reivindicaciones puntos relacionados “con problemáticas de justicia social, medioambientales, económicas, solidarias, de regeneración política, etcétera”. Además, no necesariamente las movilizaciones han de ser convocadas por la ANC, “sino buscando la complicidad de organizaciones cívicas, plataformas, movimientos populares, etcétera que las trabajen. Dicho de otra manera, la ANC aportaría su capacidad de organización y convocatoria al servicio de cuestiones lo bastante transversales para no serle extrañas y que darán sentido al proyecto de la República Catalana. Esto no es inédito: va en la línea del reciente acto de movilización en defensa del Ebro”.

De ahí también que el nuevo presidente dejase caer que “el futuro pasa porque de aquí a muy pocos días estaremos en las calles de Barcelona junto a sindicatos y a otras entidades para denunciar la consecuencias de las suspensiones por parte del Tribunal Constitucional de muchas iniciativas del ‘Govern’ y ‘Parlament’”. Es, pues, parte de su estrategia.

En la entidad soberanista se sabe que estas concentraciones no tiene el carácter extraordinariamente masiva de las últimas Diadas, pero “tienen otras ventajas”. Entre ellas, permiten “tener activadas más a menudo las herramientas de convocatoria habituales, sin las pausas anuales acostumbradas”. También permite “visualizar el sentido positivo y útil de la independencia. Es por aquí por donde aumentaremos la mayoría social”. También “ayuda a ir definiendo alguno de los elementos fundamentales del Proceso Constituyente por la vía de los valores democráticos emergentes”. Y, por último, “potencia la proyección internacional positiva de nuestro proceso”.

La ANC prevé en el futuro una mayor tensión política “ante los nuevos conflictos provocada por la recentralización del Estado español” y, para ello, prepara un “discurso argumentado y transversal” que haga llegar el mensaje de la necesidad de la independencia a “sectores donde aún no hemos llegado”. Y explican sus documentos que “a través de este discurso se combatirán, también, los ataques del Estado español que favorecen el miedo a la independencia”. De ahí que “es responsabilidad de la ANC profundizar, explicar y practicar las formas y tácticas de respuesta valiente, democrática y no violenta para denunciar, reivindicar y responder de forma adecuada a las diferentes situaciones que se nos vayan presentando, en plena obediencia al ‘Govern’ y al ‘Parlament’ de Cataluña”.

La hoja de ruta de la ANC señala que “tendrá que asumir (...) la capacidad de proclamar la independencia y la convocatoria de Constituyentes"

Una ‘Asamblea’ sospechosa

La ANC dice también que “ahora más que nunca hace falta una coordinación del ‘procés’, tanto a nivel político como social y por eso es imprescindible, y urgente, que la ANC reactive la Mesa de Fuerzas Políticas y Sociales por el Estado Propio”. Esta Mesa, que se quiere constituir este verano, tendrá en su seno la Asamblea de Cargos Electos (AdCE), que pretende ser un Parlamento bis, es decir, funcionando como una cámara paralela o como un Gobierno catalán si las actuales instituciones son anuladas legalmente.

Tanto es así que la hoja de ruta de la ANC señala que “a lo largo de esta etapa de construcción de la soberanía nacional, tendrá que asumir, en caso de necesidad, la máxima representatividad legítima e institucional de Cataluña para completar el proceso de independencia, incluyendo la capacidad de proclamar la independencia de Cataluña y la convocatoria inmediata de Elecciones Constituyentes (sic)”. Esa Asamblea estará formada sólo por diputados, concejales o alcaldes independentistas, lo que incluso entre las filas independentistas des visto con especial recelo por la escasa representatividad que tendría.

Es más, la entidad “instará a los diputados y representantes municipales que habrán de integrarse en la Asamblea de Cargos Electos a reunirse en los próximos meses en un acto de afirmación de soberanía nacional de alto contenido simbólico. La AdCE habrá de estar preparada por si se produce un vacío institucional para poder dar legitimidad democrática y continuidad al proceso de independencia”. Todo porque “en una situación en que las aportaciones tributarias de Cataluña son ya excesivas, es imprescindible prever, programar y realizar acciones continuadas, tanto en Cataluña como en el ámbito internacional. En estos casos, la acción gubernamental y ciudadana habrá de ser coordinada y decidida”.