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Nuevo informe de agravios de Mas: España debe 15.006 millones a Cataluña
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según un documento elaborado por la generalitat

Nuevo informe de agravios de Mas: España debe 15.006 millones a Cataluña

El Gobierno catalán acusa también de “recentralización” al Gobierno español en el terreno de la educación y les acusa de los ataques constantes al modelo de inmersión lingüística de Cataluña

Foto: El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la vicepresidenta del gobierno, Neus Munté (i). (EFE)
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la vicepresidenta del gobierno, Neus Munté (i). (EFE)

“Bajo la excusa de eliminar posibles duplicidades institucionales y administrativas, el Gobierno del Estado propone eliminar organismos sin valorar el reparto competencial”. Ésta es una de las afirmaciones del contundente informe Crónica de una ofensiva premeditada que ha elaborado el Gobierno catalán y que quiere ser una especie de memorial de agravios hacia esta comunidad. Asimismo, denuncia que desde el año 2012 “se han paralizado las relaciones bilaterales Estado-Generalitat y no se ha reunido ninguno de los órganos bilaterales previstos para desplegar el Estatuto ni se ha aprobado ni ampliado ningún traspaso a pesar de las reiteradas demandas de la Generalitat”.

La reforma del Gobierno Rajoy, basada en un informe de la Comisión para de Reforma de las Administfraciones Públicas, quiere eliminar figuras como el Servicio Meteorológico de Cataluña, el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) o la Sindicatura de Cuentas, un organismo oficial fiscalizador de las instituciones, afirma el texto. “Aparte de las figuras tributarias impugnadas por el Estado, el Gobierno español ha presentado hasta 19 recursos de inconstitucionalidad contra normas o disposiciones catalanas, entre las cuales destacan las que afectan al modelo catalán de comercio (horarios, rebajas, grandes equipamientos) o las que pretendían hacer frente a la pobreza energética”, añade. En otras palabras, lo que denuncia la Generalitat es una política de “obstaculizar sistemáticamente” todas sus iniciativas.

Denuncian también que “el Estado ha incumplido el despliegue de la Ley de Dependencia y recortó en 3 años un total de 240 millones de euros en Cataluña

Paralelamente, dice el informe, el Gobierno central “incumple sistemáticamente la legalidad vigente y los compromisos adquiridos”. Entre otras cosas, destaca que hace más de 15 años que incumple sentencias del TC y del Supremo favorables a la gestión territorializada del 0,7% del IRPF. Esos fondos, que deberían ser distribuidos cada año entre las comunidades, los maneja el Gobierno central obviando esas sentencias. También incumple la ley en materia de becas y no ha traspasado a la Generalitat, tal y como han reconocido los tribunales, la devolución de los “papeles de Salamanca”.

A lo largo de 102 páginas, el informe aporta datos sobre el “ahogo económico del país”: acusa a Madrid de liquidar dos años más tarde los adelantos sobre previsión de ingresos, por lo que los 900 millones del 2014 no los recibirá hasta el 2016, por ejemplo, “aunque los necesita ahora”.

El polémico déficit fiscal

Subraya, asimismo, que el déficit fiscal catalán llega a los 15.006 millones de euros, “un 7,7% del PIB”. Y ello equivale, aproximadamente, a todos los gastos en salud, educación y bienestar del año 2011, a un tercio de la deuda vida de la Generalitat o las previsiones de gastos del Estado del 2011 en Defensa y Seguridad. Es, además, una cifra superior a la aportación de España a la UE o las transferencias que recibió de la UE ese año, que fueron de 13.265 millones. En resumidas cuentas, que España recibe más de Cataluña que de los fondos europeos.

¿De dónde sale esa cifra? Muy sencillo: Cataluña aporta el 19,2% del total de ingresos de la Administración central y recibe el 14% del gasto total del Estado. Si se calcula la balanza sin la Seguridad Social, el gasto recibido cae del 14 al 9,4%. “Así pues, al diferencia entre el porcentaje de lo que Cataluña recibe y lo que aporta se duplica cuando se observa el gasto de cariz discrecional”. Los nacionalistas catalanes hilan fino también al abordar las deudas del Estado español con la comunidad. “El Gobierno español debe 3.967 millones de euros al Gobierno de la Generalitat por el incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto, que había de paliar el déficit crónico en infraestructuras”. Con esa partida, aseguran, se hubiera podido acabar la línea 9 del Metro y construir 20 lanzaderas ferroviarias hasta el aeropuerto del Prat.

Aseguran, asimismo, que “entre 2009 y 2014, la inversión del Estado en Cataluña se redujo un 71%, 22 puntos por encima de la media española. Este 2015, Cataluña es el tercer territorio por la cola en inversión: sólo concentra el 9,5% de la inversión total, la mitad del peso que tiene el PIB catalán en el conjunto del Estado”. Destaca, en este sentido, que en Madrid se ejecutó el 100% del Plan de Cercanías y en Cataluña sólo el 7%.

La lista de agravios es enorme. Se denuncia también que “el Estado ha incumplido el despliegue de la Ley de Dependencia y recortó en 3 años un total de 240 millones de euros en Cataluña, que habrían permitido crear 13.000 nuevas plazas residenciales o incluir a 26.500 personas en el sistema de protección”. Por ley, según el documento del Gobierno catalán, el Estado debería haber asumido el 50% de la financiación pública de la Ley de Dependencia pero sólo se hizo cargo del 17,5% y el resto lo tuvo que poner la Generalitat. “Si la Generalitat hubiese destinado los mismos recursos que el Estado, se habrían dejado de atender a un 65% de beneficiarios de la norma. De hecho, este sobreesfuerzo económico ha permitido que cerca de 100.000 ciudadanos hayan recibido la prestación”.

El verdadero culpable de los recortes

En materia sanitaria, la situación no es mucho más halagüeña. “La sanidad padece un déficit crónico de recursos, que se sitúa en el 10% del gasto total en salud en el Estado”, dice el informe. Subraya, asimismo, que los recursos per capita de Cataluña están por debajo de la media española por culpa del modelo de financiación “lo que ha obligado a sacrificar la paga extraordinaria de los profesionales sanitarios durante tres años consecutivos”.

La Generalitat segura que entre 2009 y 2014, la inversión del Estado en Cataluña se redujo un 71%, unos 22 puntos por encima de la media española

El Gobierno catalán acusa también de “recentralización” al Gobierno español en el terreno de la educación, poniendo como ejemplo que en el 2015 se congela la aportación en Cultura a Cataluña y, en cambio, aumenta la aportación a los museos del Prado, Reina Sofía y Thyssen o al Teatro Real. “DE hecho, desde 2011 se han reducido en un 42% las aportaciones del Gobierno español a los equipamientos culturales de Cataluña”.

En cuanto a enseñanza, se enfatizan los continuos ataques al modelo de inmersión lingüística que existe en Cataluña (se identifica como “ataque continuado al modelo de escuela catalana”) y se afirma que “desde 2010, las transferencias finalistas del Estado se han reducido un 98%: han pasado de 147,3 millones de euros en el 2010 a una previsión de 2,87 millones para el 2015”.

Otro de los agravios es la reducción en un 50% delfondo para políticas activas, “lo que ha limitado la capacidad de la Generalitat para atender a personas Copn programas de orientación, formación y contratación”. En el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020, el Gobierno del PP aportó a Cataluña sólo el 7,3% de las ayudas, un porcentaje netamente inferior al 23% de otras comunidades.

“Bajo la excusa de eliminar posibles duplicidades institucionales y administrativas, el Gobierno del Estado propone eliminar organismos sin valorar el reparto competencial”. Ésta es una de las afirmaciones del contundente informe Crónica de una ofensiva premeditada que ha elaborado el Gobierno catalán y que quiere ser una especie de memorial de agravios hacia esta comunidad. Asimismo, denuncia que desde el año 2012 “se han paralizado las relaciones bilaterales Estado-Generalitat y no se ha reunido ninguno de los órganos bilaterales previstos para desplegar el Estatuto ni se ha aprobado ni ampliado ningún traspaso a pesar de las reiteradas demandas de la Generalitat”.

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