EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Los nacionalistas denuncian a Aragón por perseguir el catalán en ‘La Franja de Ponent’

Es el eje central de una campaña de denuncia que la organización Plataforma per la Llengua quiere llevar a Europa por la sobreprotección del castellano en detrimento del catalán

Foto: Manifestación bajo el lema: No a la imposición del catalán en Aragón
Manifestación bajo el lema: "No a la imposición del catalán en Aragón"

“El catalán y el Lapao son la misma lengua. El Lapao es sólo una medida tomada por el Gobierno de Aragón para aniquilar el catalán en La Franja”. Éste es el eje central de una campaña de denuncia que la organización Plataforma per la Llengua quiere llevar a Europa para denunciar el intento de hacer desaparecer el catalán en la estrecha franja que separa Cataluña de Aragón.

Es la Franja de Ponent, en la que el catalán es el idioma habitual. En 2013, sin embargo, el Gobierno aragonés introdujo el circunloquio “lengua aragonesa propia del área oriental” en la Ley de Lenguas para evitar referirse al catalán como variante lingüística que se habla en esa zona. A ese circunloquio se le comenzó a conocer entonces como Lapao.

El 1 de junio de 2013, varios ayuntamientos de la Franja (del PSOE, PP y CHA) se reunieron en Menquinenza y firmaron un manifiesto de protesta pidiendo que volviese a darse la denominación de catalán a la lengua que se hablaba en esta zona, pero la Administración autonómica aragonesa hizo oídos sordos. Ahora, los nacionalistas catalanes quieren llevar el tema al Parlamento europeo para denunciar el acoso a su idioma en la Franja.

“Éstos son momentos muy intensos para la lengua catalana. Por un lado, son momentos de ilusión y esperanza ante la posibilidad, más real que nunca, de que el catalán disponga pronto de unos instrumentos de Estado de suficientes dimensiones que nos permitan un desarrollo normal. En paralelo, sin embargo, también son momentos complejos para el conjunto del ámbito lingüístico por los intentos de laminar la escuela catalana en lengua y contenidos y por los numerosos ataques que padece en catalán casi en todos los territorios de habla catalana, desde el Principado [Cataluña] hasta el País Valenciano, pasando por la Cataluña Norte [comarcas del sur de Francis], las Islas Baleares o la Franja de Ponent”.

La campaña iniciada trata de reunir firmas para presentarlas en la Cámara europea. Para ello, han puesto en marcha una página web, estimoelcatala.cat, que plantea al lector una especie de test como bienvenida: “¿Cómo se dice ‘carrer’ en Lapao? A) Carrer; b) Street; c) Calle”. Es una de las opciones que se pueden plantear para demostrar lo absurdo de llamar Lapao a lo que “toda la vida” ha sido catalán.

Según la plataforma, hay “casos surrealistas como los de la Franja que resquebrajan la cohesión social del día a día de sus hablantes y destrozan el consenso de la comunidad científica”. También critican que en las escuelas aragonesas se sustituye el término “lengua catalana” por “lengua oriental” con el objetivo “nada disimulado de hacer desaparecer el catalán del imaginario colectivo”.

Debido a ello, “con la voluntad de internacionalizar lo que está sucediendo con el catalán en las comarcas catalanohablantes de Aragón y teniendo en cuenta la actitud claramente agresiva del Gobierno de Aragón con nuestra lengua, desde la Plataforma per la Llengua trasladaremos a las instituciones comunitarias la situación de La Franja y denunciaremos el Lapao en el Parlamento europeo. Estamos organizando un acto conjunto con europarlamentarios catalanes para hacer oír la voz de La Franja en Europa”.

Sobreprotección del castellano

La plataforma denuncia también que un total de 340 disposiciones lingüísticas obligan a las empresas de Cataluña a hacer servir el castellano en los diversos procesos de comercialización de bienes y servicios, en los tratos con la Administración, en la obligación de hacer servir una lengua con lo consumidores, en el etiquetaje e instrucciones del producto, en la obligación de conocerla para ejercer una profesión o en diversa documentación, como registros o solicitudes. “En contraprestación, la presión legal lingüística respecto del catalán es irrisoria, con 24 disposiciones legales vigentes que corresponden justamente a un 7% del total de disposiciones para el castellano”.

En la práctica, asegura la plataforma, esta presión legal es aún menor, puesto que, “a diferencia de las disposiciones impositivas del castellano, la aplicación de buena parte de los artículos lingüísticos para el catalán no se cumplen o no se tramitan las sanciones”. Además, añaden, “leyes catalanas como el Código de Consumo están pendientes de sentencia por el Tribunal Constitucional por motivos lingüísticos y se han reinterpretado a la baja tras la sentencia de este tribunal contra el Estatuto de Autonomía”.

Manifestación para exigir la devolución de todos los bienes del patrimonio histórico-artístico aragonés emigrado a Cataluña. (EFE)
Manifestación para exigir la devolución de todos los bienes del patrimonio histórico-artístico aragonés emigrado a Cataluña. (EFE)

Para ellos, “el castellano está sobreprotegido en Cataluña” con respecto al catalán y las limitaciones de la aplicación de la legislación  “limitan el uso normal del catalán en el mundo socioeconómico”. En un extenso estudio realizado bajo el lema Las disposiciones legales que obligan a las empresas catalanas en el uso del catalán o del castellano y que lleva por subtítulo Lista y comparativa de las disposiciones vigentes a diciembre de 2014, sus autores evidencian que las obligaciones para el castellano predominan “de manera casi absoluta en el campo del etiquetaje, las instrucciones de uso y otra documentación, mientras que en catalán predomina el campo de la información dirigida al usuario, seguido de cerca por el de la rotulación”.

En sus conclusiones destacan que constatan “un fuerte desequilibrio entre la presión legislativa que reciben las empresas por utilizar el castellano que respecto al catalán. Por cada disposición del catalán, hay más de 13 impositivas del castellano”.

Los autores concluyen que “la lengua catalana no es preservada ni defendida por el poder legislativo del Estado español. Y, en este sentido, el Gobierno catalán, que habría de defender los derechos de los catalanohablantes, tiene muchas limitaciones legales que, en muchos casos, no le permiten desarrollar una legislación de amplio alcance que comporte una cierta efectividad de cara a la aplicación de las obligaciones”.

Cataluña

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