Los soberanistas denuncian a España ante la UE y la ONU por “involución democrática”

La primera denuncia internacional ya tiene cara y ojos. Cargos electos del bloque soberanista (diputados, senadores, eurodiputados, diputados autonómicos, alcaldes y concejales) que esta mañana se reunieron en el Parlamento catalán aprobaron el borrador de la que ha de ser la denuncia contra el Gobierno español ante los organismos internacionales de la ONU, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa OSCE). La acusación es la vulneración “del derecho despueblo catalán a decidir su futuro político impidiéndole el ejercicio de la democracia mediante un referéndum o consulta homologable internacionalmente”.

La denuncia señala que “el pueblo de Cataluña tiene razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano y, como tal, se reconoce a sí mismo el derecho a decidir su futuro político”. Denuncia también que el Tribunal Constitucional modificó sustancialmente el Estatuto catalán del 2006 “contraviniendo la voluntad popular. El TC puso en evidencia su politización, actuando como si fuese una cámara parlamentaria, vulnerando así uno de los principios básicos de los sistemas democráticos, la división de poderes y su independencia”. En este sentido, recuerda que con motivo de ello se manifestaron en las calles de Barcelona más de un millón de personas el 10 de julio del 2010.

La denuncia sostiene, asimismo, que “el pueblo catalán, directamente o mediante sus representantes políticos, en los últimos años ha expresado repetidamente su voluntad de decidir su futuro político”. De ahí que el 11 de septiembre del 2012 se celebrase “la manifestación más grande de Cataluña, encabezada por el lema Cataluña, nuevo Estado de Europa”. Un año después, se formó una cadena humana de “más de 400 kilómetros” y, por último, una V humana “que llena las dos principales arterias urbanas de la capital del país”.

También afirma el documento que el 25de noviembre del 2012, cuando se celebraron elecciones autonómicas, surgió de éstas “un mandato inequívoco: el ejercicio del derecho a decidir el futuro político de Cataluña”. Esta voluntad se materializó en enero del 2013 cuando el Parlamento autonómico aprobó la Declaración de Soberanía y del Derecho a Decidir del Pueblo de Cataluña, anulada “parcialmente” por el TC. Por último, recuerda que en septiembre del 2014 el 96% de los municipios de Cataluña aprobaron en sesiones plenarias “su apoyo al Parlamento y al Gobierno catalán para llevar a cabo la consulta del 9 de noviembre”.

Tras todos estos avatares, el escrito a las altas instancias internacionales asegura que “el Parlamento y el Gobierno de Cataluña han seguido todos los pasos necesarios para poder cumplirle mandato democrático derivado de las elecciones del 25de noviembre de 2012 y, en todo momento, han seguido los principios de legalidad democrática, diálogo, negociación, legalidad y cohesión social”.

Apelan a la jurisprudencia del Supremo de Canadá

Detalla también el proceso que ha llevado a la situación actual, desde la creación del bloque soberanista hasta el consenso para determinar las preguntas y la fecha del 9 de noviembre de 2014 para celebrar el referéndum, que finalmente ha sido impugnado por el Gobierno español y paralizado por el TC.

“La posición española contraviene la práctica internacional propia de Estados democráticos de composición plurinacional y el derecho internacional” por dos motivos fundamentales: primero, “porque es contraria a la opinión del Tribunal Supremo del Canadá en su dictamen del 20 de agosto de 1998”, ya que éste indicaba que aunque la Constitución canadiense no prevé el derecho a la autodeterminación, el principio democrático que la inspira justifica la realización de un referéndum en este ámbito”. Otra cosa será que alguien quiera hacer caso a lo que diga la instancia judicial de Canadá.

El segundo motivo es porque “es contrario a los fundamentos del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. En este sentido, es preciso tener en cuenta que en el Tribunal Internacional de Justicia, en el dictamen de 22 de julio de 2010, concluye que el derecho a la autodeterminación de los pueblos ha evolucionado y que en contra de esta evolución no ha surgido ninguna norma, ni costumbre, en el orden internacional”.

Ante ello, los cargos del bloque soberanista denuncian ante las instituciones internacionales “que las instituciones catalanas, con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía, han utilizado todas las vías legales para poder celebrar un referéndum o consulta sobre el futuro político de Cataluña, incluyendo la opción de la independencia”.

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También constatan “la falta de voluntad política por parte del Gobierno español para establecer marcos de diálogo y negociación” y su “negativa permanente a hacer posible el ejercicio del derecho a decidir del pueblo catalán”.

Continúa la denuncia señalando que “la acumulación de dificultades y negativas por parte de las máximas instituciones políticas y judiciales del Estado español, que rehúsan constantemente todas las propuestas que se han hecho desde Cataluña, hace patente una decidida involución política y democrática, claramente dirigida a debilitar el autogobierno catalán. Esta involución, hoy, se expresa total claridad en los aspectos políticos, competenciales, financieros, sociales, culturales y lingüísticos”.

Los firmantes se sienten, asimismo, legitimados “para emprender todas las actuaciones políticas y jurídicas necesarias que nos permitan conocer la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña con relación a su futuro político y, posteriormente, para obrar en consecuencia siguiendo este mandato democrático”.

Por ello, piden a los organismos internacionales “que lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para garantizar que la ciudadanía de Cataluña pueda decidir, democráticamente, su futuro político”.