Las empresas beneficiadas por la Generalitat colocan a sus directivos en Convergència

Las principales adjudicatarias de los suculentos contratos de telecomunicaciones en Cataluña tienen una cuña puesta dentro de Convergència Democràtica (CDC). Miembros del secretariado de la sectorial TIC de este partido son, a la vez, directivos de algunas de las grandes compañías que se llevan jugosos contratos de la Administración.

En esta elite convergente oficia como vicepresidente de la sectorial Jordi Puigneró, director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, de la que depende el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), el organismo oficial encargado de repartir el pastel. En otras palabras: Puigneró es el encargado de adjudicar contratos millonarios a empresas de las que son directivos sus compañeros del secretariado TIC de Convergència. En el equipo sectorial de la formación nacionalista también está David Puentes, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales del CTTI.

El acta de una reunión de este secretariado celebrada el 11 de junio de 2012 recoge la consigna dada a sus miembros para apoyar la campaña Ara Hisenda Pròpia (Ahora Hacienda Propia) que iba a poner en marcha Convergència. “Es preciso que las sectoriales trabajemos para explicar nuestra propuesta política al máximo número de actores de nuestro sector”. Para ello, era precisa la “definición de ejemplos sectoriales”. Y el texto subrayaba: “En este ámbito, la petición [de la Comisión Nacional de Política Sectorial de CDC] se orienta a poder buscar ejemplos entendibles de los efectos positivos que tendría el poder recaudar directamente los impuestos y tener mayor capacidad de asignación de recursos en nuestro sector”.

El presidente de la sectorial, Carles Flamerich, a la sazón director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, dio la orden en esa reunión de “hacer servir el sentido común y utilizar los contactos habituales con las personas del sector para hacer taca d’oli [o sea, mancha de aceite, en otras palabras, expandir de manera acelerada el mensaje] buscando las complicidades que puedan surgir. Lo importante es dar un mensaje coherente y común, ayudar a buscar ejemplos que ‘toquen la fibra de la sociedad’ y se alejen de discursos complejos sólo aptos para profesionales”.

Esa reunión fue importante en el sentido de que se asignaron nuevas responsabilidades internas dentro de la sectorial de Convergència. Y ahí se posicionaron algunos de los nombres de la sectorial. Por ejemplo, Eugenia Menéndez Rakosnik, sobrina del presidente Artur Mas y gerente de VASS Consultoría de Seguridad, fue propuesta como responsable de Programario libre. Sin embargo, se le añadieron otras responsabilidades: asumió la tarea de coordinadora de pymes y grandes empresas. Eugenia también formaba parte del equipo de TIC Institucionales de la sectorial, según el organigrama al que ha tenido acceso El Confidencial.

VASS, la empresa de la que Eugenia Rakosnik es directora y que logró un contrato de más de 52 millones de euros en el año 2012, ha logrado cuantiosas adjudicaciones del Ayuntamiento de Barcelona, que gobierna el también convergente Xavier Trias, la última la pasada semana. A Eugenia se la conoce en el sector con el sobrenombre de la neboda en cap (la sobrina jefe).

Una ponencia reveladora

Pero en el secretariado TIC hay otros nombres de peso ligados a empresas adjudicatarias. Por ejemplo, Jaume Fuentes, director comercial de Seidor desde 2005 a 2012 y luego corporate affairs director, según consta en su currículum. El grupo Seidor tiene también como directivo a Joan Antoni Rakosnik, cuñado de Artur Mas, y logró 450 millones de euros en adjudicaciones desde el año 2010, aunque el monto mayor se lo llevó concurriendo en uniones temporales de empresas (Utes).

En una ponencia sobre transparencia y corrupción en Cataluña impartida el año 2006 por Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal jefe de Cataluña y exfiscal Anticorrupción del Gobierno español, éste dedicaba un pequeño capítulo al sector de las tecnologías. En esa ponencia denunciaba que “los servicios informáticos de la Generalitat fueron inicialmente gestionados por una empresa pública y posteriormente fueron externalizados mediante un concurso a favor de la empresa Debis, luego T-Systems”.

Villarejo echaba mano de un informe oficial sobre irregularidades de los últimos Gobiernos de Jordi Pujol. “Los empleados de T-Systems eran, a menudo, los responsables informáticos en determinados departamentos de la Generalitat. Estos, para ‘ahorrarse tiempo y el trabajo de tramitar un concurso’, adjudicaban determinados proyectos a la citada empresa en el bienentendido que ésta contrataba al consultor que el Departamento quería’. Se vulnera, se dice, el principio de publicidad y concurrencia. Y, como consecuencia, ‘hubiese sido más económico’ contratar directamente al subcontratista”.

La ponencia de Villarejo ya decía entonces que “mediante la interposición de T-Systems, se ha perjudicado gravemente al erario público de la Generalitat, favoreciendo que la empresa obtuviese un beneficio injustificado”.

La principal operación se produjo el 20 de noviembre del 2001, cuando “el CTTI contrata a esa compañía la ejecución de la segunda fase del proyecto Administració Oberta de Catalunya (AOC)” por 7.792 millones de pesetas (casi 47 millones de euros). “El mismo día, T-Systems presenta conjuntamente con Accenture el proyecto técnico por un importe de 37.981.080,14 euros y al día siguiente, sin que haya ningún informe técnico, el director gerente del CTTI acepta la oferta y encarga la ejecución del trabajo. Posteriormente, el Govern, el 22 de abril del 2003 adopta otro acuerdo similar al anterior por importe de 32.809.537,50 euros, que se ejecuta de manera similar a favor también de T-Systems”.

La empresa, sostiene la ponencia, “subcontratará para los proyectos AOC un total de 56 millones de euros (el 71% del coste total del proyecto), hecho que pone de manifiesto que el contrato de T-Systems ha sido una manera de encargar parte de estos proyectos a las empresas que se quería, eludiendo la tramitación del concurso y vulnerando de manera evidente los principios de publicidad y concurrencia”.

Varios de los responsables de la sectorial convergente pasaron por T-Systems. Y el director de Accenture, Marcelo Manta, la otra empresa beneficiada, es el actual responsable, junto a David Ribas, del Observatorio TIC de Convergència.

Las mayores adjudicatarias

Otra de las empresas bajo sospecha es Telefónica, contra la que la Fiscalía de Barcelona presentó denuncia el año pasado por presuntamente al amañar varios contratos públicos del CTTI. Curiosamente, esta compañía tiene a dos de sus directivos en la sectorial de CDC. Uno de ellos es Llorenç Rubió, que había pasado antes por Accenture y que ahora es account manager de Administraciones Públicas en Telefónica. Paradójicamente, su jefe directo en la sectorial de CDC es Puigneró, que es quien ha de otorgar los contratos públicos. Telefónica también tiene a su consultor gerente, Jaume Trasobares dentro de la sectorial convergente. En junio del 2012, Rubió fue nombrado responsable de digitalización de contenidos en la sectorial de Convergència, mientras que Trasobares asumió la dirección de Relaciones con Colegios y Entidades.

Según un informe realizado por la CNT, Telefónica es, de lejos, la compañía más beneficiada por el Gobierno catalán. Las cifras correspondientes a finales del 2012 la daban como receptora de un total de 755 millones de euros en adjudicaciones, mientras que la segunda más beneficiada en aquel momento era T-Systems, con 477 millones y luego se posicionaba Seidor, con 377 millones. A continuación, había compañías como Indra (320 millones), IBM (254 millones), IECISA (196 millones), Zemsania (196 millones), Emte (196 millones), Aventia (150 millones), Hewlett Packard (126 millones), Fujitsu (125 millones), Canon (125 millones), Everis (125 millones) o Accenture (54 millones).