Fiscalía se querella contra la Generalitat y Telefónica por amañar concursos

Tarde pero contundente. A la Fiscalía de Barcelona le costó un parto presentar querella contra empleados de Telefónica y contra funcionarios de la Generalitat por supuesta prevaricación. Hace nueve meses, en enero de este año, la Fiscalía recibió dos contundentes informes de la Oficina Antifraude de Cataluña -desvelados por El Confidencial- donde se analizaba la documentación aportada por un trabajador de Telefónica en la que se apuntaban indicios de que había trato de favor a esta compañía en concursos públicos que dependían del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y del Consorcio Sanitario de Terrassa (CST).

La pasada semana, la Fiscalía interpuso no una, sino dos querellas contra los acusados. La primera acusaba de “falsedad documental, alteración en los precios en concurso y prevaricación” a cuatro cargos intermedios de Telefónica, un directivo de la compañía Ecija, dos altos cargos del CTTI y un técnico de este organismo.

El fiscal señala en su primera denuncia que el CTTI contactó con la compañía Ecija para comprarle una herramienta informática con la que adecuar los distintos Departamentos de la Generalitat de Cataluña a la normativa reguladora de la protección de datos personales. Más tarde, convocó un concurso público (requisito indispensable debido al monto de la operación), pero éste era un subterfugio (“meramente formal”, dice la querella), “pues estaba decidido y determinado ya de antemano la adjudicación a Ecija o, en su caso, a Telefónica, convirtiendo así en simple apariencia los principios de transparencia, competencia y libertad de concurrencia. Una vez publicado el concurso, Ecija, que tenía firmado un acuerdo de distribución de la herramienta en exclusividad con Telefónica, elaboró y presentó la oferta técnica bajo el logotipo de esta última compañía, quien, a su vez, era perfecta conocedora del acuerdo previo existente entre su proveedora y el CTTI”.

Se dio la circunstancia de que en la apertura de las plicas, había un error y Telefónica había hecho constar un precio superior al que había pactado con Ecija y el CTTI fue el primero que se movió para cambiar las condiciones de esa oferta “a fin de que Telefónica fuera la adjudicataria final del concurso”. Había un problema: como se había leído en público el precio, debía recuperarse puntuación a través de introducir mejoras técnicas para puntuar más que otras empresas que habían acudido al concurso. Así, durante una semana, hubo intercambio de correos entre la compañía de telecomunicaciones y la Generalitat para alterar la oferta.

“Estas mejoras eran necesarias para poder adjudicar el contrato sin modificar el precio inicialmente ofertado y sin que quedara al descubierto tal modificación, toda vez que al haber sido abiertas y leídas en público las propuestas económicas, el precio no podía ser alterado”. Y añade más adelante que la nueva oferta “si bien fue materializada por personal técnico de Telefónica, se hizo siguiendo las instrucciones facilitadas por los responsables del CTTI, incluyendo aspectos que permitirían a Telefónica obtener una mayor puntuación sobre el resto de los licitadores y garantizar la adjudicación sin levantar sospechas”.

Denuncia en Terrassa

A esta querella, se suma otra presentada el pasado viernes contra un cargo de Telefónica en Cataluña, un técnico de esta compañía y cinco empleados y directivos del CST por “alteración de los precios en concurso público y prevaricación”.

En mayo del año pasado, el Consorcio convocó un concurso para dotarse de un “servicio completo de telecomunicaciones y tecnologías de la información”. Pero directivos del CST ya llevaban meses hablando con mandos de Telefónica sobre el tema. Es más: los responsables del organismo público encargaron a los responsables de la compañía de telecomunicaciones que les hiciesen el pliego de cláusulas técnicas para el concurso.

Además, señala el texto de la denuncia, “Telefónica no sólo tenía acceso a las tablas de valoración, sino que tenía capacidad para modificarlas, adaptándolas de forma que les beneficiaran frente a posibles licitadores. La fiscalía dispone, en esta ocasión, de una serie de correos electrónicos entre ambas partes donde pactan introducir determinadas cláusulas que, a la postre, podrían dar más puntuación a Telefónica en el concurso.

En esta licitación, la compañía Orange presentó impugnación contra tres condiciones del pliego técnico. Unas de ellas es que se exigía que la única tecnología admisible fuese fibra óptica, “circunstancia que por sí sola circunscribía la adjudicación del contrato directamente a Telefónica”. Y reclamaba también que “el centro de datos desde el que se prestase el servicio de back-up estuviese a menos de 20 kilómetros del CST, condición que ya cumplía Telefónica, quien, además, ya estaba prestando en esos momentos el servicio de back-up licitado”. El consejo de gobierno del CST estimó parcialmente las alegaciones pero puso como condición que el licitante debería ofrecer acceso a fibra óptica en 4 meses. No obstante, eliminó la necesidad de ubicar el centro de datos físicamente cerca. Aún así, el tema provocó que sólo hubiese un licitador: Telefónica, a quien fue adjudicado el contrato en octubre del año pasado por 1.485.000 euros más IVA.

“Las responsabilidades penales de todos los denunciados hacen de la voluntad consciente y deliberada de manipular y dirigir todo el concurso con el único objetivo de expulsar a cualquier otro licitador que pudiera optar al mismo, garantizando así su adjudicación a la mercantil con la que ya existía el previo concierto”.