El fiscal pide cárcel para militantes de CDC por cobrar ‘mordidas’ en obra pública

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) no gana para disgustos. Tras el batacazo que supone el abandono de Oriol Pujol Ferrusola como diputado, ahora le llega el turno al denominado caso 3% (que investiga las supuestas mordidas de cargos de CDC y del último gobierno de Jordi Pujol). Y es que este escándalo acaba de dar un paso más en su resolución. El fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, envió este martes al juzgado su escrito de acusación, en el que pide hasta 10 años de cárcel para tres ex altos cargos públicos.

Los principales acusados son Josep Antoni Fontdevila, entonces consejero delegado de la empresa pública Adigsa; Jordi Huguet, entonces jefe del área técnica de Adigsa; y Xavier Sala, entonces trabajador de la misma. Para el primero, solicita 10 años de prisión y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros; para el segundo, 9 años y seis meses de prisión con la misma multa; y para el tercero, 9 años y seis meses con la misma sanción. Esta empresa era la encargada de gestionar la vivienda pública del Gobierno autonómico.

Junto a ellos, pide cinco años para el intermediario José María Penín, contratado por Adigsa, además de otra pena de dos años y medio por falsedad en documento mercantil, además de dos multas de cinco meses y diez meses con una cuota diaria de 100 euros. Junto a ellos, son acusados los empresarios José Antonio Salguero, Jordi Honrubia y Ángel Egido, que supuestamente recibían adjudicaciones para reformar viviendas públicas y pagaban la mordida correspondiente a Penín. Para el primero, pide dos penas de 9 meses y otra de tres meses de prisión, mientras que para los dos últimos pide siete años y seis meses.

El fiscal considera que José María Penín fue presentado por Fontdevila “como un supuesto ‘técnico externo’ y lo insertó arbitrariamente en el proceso de tasación, decisión y adjudicación a empresarios particulares de obras de rehabilitación a realizar en pisos adquiridos en el ‘mercado secundario’, sin que conste el motivo ni existiera justificación alguna para ello, construyendo expedientes de adjudicación a medida y dilapidando fondos públicos con tal proceder en beneficio del indicado Penín y los empresarios acusados”.

Todos dependían de Felip Puig

La acusación deja claro que tanto el presidente de Adigsa como el consejero delegado y el propio Penín “compartían militancia y actividades políticas en la formación Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), amén de haber coincidido laboralmente tanto en el partido como en otro departamento de la Generalitat, el de Bienestar Social. Por otra parte, el citado Penín tenía además una relación de parentesco lejano con el entonces consejero de Política Territorial y Obras Públicas, de cuyo departamento dependía entonces Adigsa, quien había ostentado cargos también en su día en la consejería de Bienestar Social, donde coincidió también con Fontdevila”.

El familiar de éste último, además, cobraba entre 3.000 y 4.000 euros mensuales “en pretendida retribución de una supuestas labores de tasación que nunca existieron”. Y añade que nadie en el organismo público “utilizó tasación alguna confeccionada por el acusado Penín ni, en definitiva, conoció su supuesta existencia”. Y no sólo eso: tampoco “contaba con conocimientos ni formación académica suficiente de ningún tipo que siquiera le permitiera realizar dicha tarea, a lo que se añade que la empresa pública Adigsa contaba, y cuenta, con técnicos internos dedicados específicamente a tales menesteres, quienes además son titulados universitarios medios (arquitectos técnicos), por lo que la intervención de Penín no resultaba necesaria y, en cualquier caso, no podía ser técnicamente adecuada”. Penín se apropió, de esta guisa, de un total de 28.895,30 euros durante siete meses.

El fiscal considera también que el consejero delegado de Adigsa le habilitó también para “buscar contratistas privados a quienes encomendar la realización de obras de rehabilitación necesarias en pisos de segunda mano adquiridos en el ‘mercado secundario’, con total libertad de acción para construir expedientes a medida en un circuito de contratación paralelo al regular y ordinario de Adigsa”. De este proceder era sabedor Huguet, jefe del área técnica de la empresa pública. Su tarea de buscar a empresarios que pagasen la mordida se centró en buena parte en el Plan Joven que había puesto en marcha la Generalitat para facilitar el alquiler de pisos por los jóvenes.

Sólo un expediente correcto

El escrito de acusación revela aquí que “sobre un total de 23 expedientes relativos al antes referido Plan Joven sólo uno fue adjudicado respetando verdaderamente el procedimiento”. En los restantes 22 expedientes, que hacían referencia a obras en 34 viviendas, “la tramitación legal y regular de los expedientes de adjudicación de obras fue intencionadamente orillada a favor de un sistema de contratación paralelo articulado en torno al acusado Penín, quien de común acuerdo con los acusados Fontdevila, Huguet y Sala, se erigió en conductor y responsable privilegiado de dichos expedientes, en su personal beneficio patrimonial y el de los empresarios escogidos, siempre en perjuicio de la libre concurrencia a la contratación pública y, en definitiva, del interés general”.

De ese modo, Penín se encargó de buscar a los empresarios Salguero, Honrubia y Egido para realizar las obras. Los dos últimos, además, se encargaron también de buscar a otros que “ajenos a los pormenores de la situación, estuvieran dispuestos a asumir la rehabilitación de pisos adquiridos por Adigsa cuando los acusados se vieron desbordados por el volumen de obra que Penín manejaba”.

A fin de aparentar concurrencia de ofertas, los empresarios amigos de Penín incorporaban varios presupuestos de empresas para justificar las adjudicaciones. Luego, el consejero delegado de Adigsa realizaba las mismas oficialmente. Pero el escrito del ministerio público afirma que las facturas presentadas eran por un coste superior al de las obras, “generándose de este modo un sobreprecio con el que el adjudicatario se enriquecía en perjuicio del erario público”.

Penín incluso había pactado, aunque el fiscal reconoce que “no se ha podido acreditar suficientemente”, una “comisión ilícita consistente en un porcentaje en torno al 20% del dinero público que se iba a recibir en pago de las obras irregularmente adjudicadas. Dicho pacto llevaba en ocasiones aparejado el acuerdo que el presupuesto que iba a ser aprobado estuviera artificialmente ‘hinchado’ precisamente en dicho porcentaje, con lo que el empresario nada perdía, pues la comisión, en resumidas cuentas, se cargaba a los fondos públicos”. Por último, el pago de las obras “era acelerado de forma extraordinaria a favor de dichos empresarios”. Una auditoría técnica determinó en el año 2005 que las obras de rehabilitación efectuadas en las viviendas de Adigsa “presentaban un sobrecoste medio de un 15,51%”.

El monto total delos encargos hechos en sólo unos meses del 2003 fue de 773.898,31 euros. Pero el informe del fiscal detalla que “el circuito paralelo de contratación descrito se vio finalmente interrumpido por los resultados de las elecciones autonómicas que tuvieron lugar el día 16 de noviembre de 2003, puesto que con el cambio de partido gobernante se procedió a la consiguiente sustitución de diversos cargos públicos, entre ellos el presidente del consejo de administración de Adigsa y el consejero delegado de dicha empresa pública, de forma que el acusado Penín optó oportunamente por esfumarse y ya no osó regresar a Adigsa”.