ERC cierra filas con Artur Mas tras la imputación de CDC por el caso Palau
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MIENTRAS PIDE LA DIMISIÓN DE RAJOY POR EL CASO BÁRCENAS

ERC cierra filas con Artur Mas tras la imputación de CDC por el caso Palau

Los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han cerrado filas para defender la actitud de Artur Mas ante la finalización de la instrucción del llamado

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El presidente de ERC, Oriol Junqueras (d), y la secretaria general de ERC, Marta Rovira

Los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han cerrado filas para defender la actitud de Artur Mas ante la finalización de la instrucción del llamado caso Palau, en el que se acusa a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de haberse llevado en comisiones irregulares másde 5 millones de euros. Esquerra había sido, precisamente, uno de los partidos más beligerantes con CiU en la comisión de investigación parlamentaria que se creó sobre el tema hace tres años. En aquel entonces, los republicanos habían concurrido a las elecciones con el lema Mans netes (Manos limpias) y sus relaciones con los convergentes estaban bajo cero.

Hoy, las cosas han cambiado. Las mans netes de ERC han desaparecido y los independentistas han llegado a convertirse en los socios del Gobierno de Artur Mas, los únicos que le han dado su apoyo para que el líder nacionalista pueda gobernar con una precaria minoría. A cambio, claro, de asumir casi la totalidad de la hoja de ruta republicana hacia la independencia.

De ahí que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, disculpase ayer a Artur Mas ante las acusaciones que le hacen tanto los fiscales como el juez sobre una presunta financiación irregular de Convergència a través del Palau de la Música. La actitud del presidente de la Generalitat, dijo Rovira, no es comparable con la que mantiene el presidente español, Mariano Rajoy, ante el caso Bárcenas.

“Rajoy es la crisis, se tiene que marchar”

Esta defensa acérrima se producía en el mismo instante en que el portavoz republicano en el Congreso, Alfred Bosch, argüía que “lógicamente, nos afecta el impacto de todo lo que está sucediendo. Afecta a las personas y al sistema político de todo el Estado español. Por esta razón, no pondremos trabas ni obstáculos a cualquier solución que se articule con garantías, con honestidad. No pondremos palos en las ruedas para echar a Rajoy. Se pueden adoptar diversas vías, pero lo más importante no es tanto el método como el resultado. Rajoy es la crisis. Rajoy se ha de marchar”.

Pero a pesar de los esfuerzos que en el pasado había hecho ERC para dejar patente que Convergència se había lucrado irregularmente a través del Palau de la Música, ahora el partido se da por satisfecho tras el anuncio de Artur Mas de comparecer ante el Parlamento el 31 de julio para dar cuenta del tema. Esta comparecencia fue solicitada por toda la oposición, sin distinción de ideologías. Los dos socios de legislatura, CiU y ERC, prefirieron no arriesgarse a una campaña de imagen nefasta si evitaban que Mas compareciese.

Pero su alianza evitó que se produjese en el pleno parlamentario, por lo que Mas acudirá tan sólo a una comisión parlamentaria y esa comparecencia, en consecuencia, dejará de tener la solemnidad que le querían dar el resto de los grupos. Aún así, Marta Rovira enfatizó que Rajoy no acudirá al Congreso para dar explicaciones del caso Bárcenas mientras que Mas sí lo hace en Cataluña para hablar del caso Palau, lo que evidencia “las brutales deficiencias democráticas” del Estado.

Para la dirigente republicana, es oportuno que Mas comparezca el día 31 en la comisión parlamentaria “para dar todas las explicaciones y con la conclusión de la fase de instrucción del caso, entendemos que esta comparecencia servirá para dar explicaciones y para aclarar muchas informaciones que han salido al respecto”.

Todo se reduce, no obstante, a un mero posicionamiento político. Las explicaciones de Rovira se sitúan prácticamente en la misma línea que las del portavoz del Gobierno, Francesc Homs, y las del portavoz de CiU, Jordi Turull, quien acusó a la oposición de dinamitar la presunción de inocencia. Porque prácticamente toda la oposición exige a Convergència de depure responsabilidades. El portavoz del PSC, Jaume Collboni, ironizó ayer que al final “se dará por buena” la sospecha lanzada por Pasqual Maragall hace unos años, que le reprochó a los convergentes el cobro de comisiones del 3% de las adjudicaciones de obra pública, “aunque ahora vayamos descubriendo que se trataba de un 4%”.

Y Maurici Lucena, portavoz parlamentario socialista, lamentó que los dos presidentes (el catalán y el español) estén bajo sospecha. También aprovechó para criticar don dureza la reacción de Francesc Homs, que comparó el auto del juez con un escrito del propio Palau que no citaba a CDC. En realidad, a través de uno de sus hombres, Convergència intentó desvincular al partido del Palau, pero la institución tuvo que dar marcha atrás días más tarde y pedir responsabilidades contra los que se llevaron su dinero.

Por su parte, Santi Rodríguez, portavoz adjunto del PP, acusó al Gobierno de la Generalitat de cuestionar las actuaciones judiciales y el portavoz de Ciutradans, Jordi Cañas, señaló que “CDC no pasa la ITV democrática, son demasiados casos y muy pocas explicaciones”, al tiempo que anunció que pedirá la comparecencia de la cúpula del Palau para saber porqué exoneran a CDC y quién les ha ordenado dejarla fuera de su acusación particular, cuando tanto el fiscal como otras acusaciones o el mismo juez ven indicios de corrupción.

En similares términos se expresó también Joan Herrera, presidente de ICV. “Cuando imputan a tu partido, cuando embargan la sede de CDC, no vale decir ‘es que yo no lo sabía’”. Y subrayó que “igual que en el caso Bárcenas había una trama, aquí también hay una trama en que Ferrovial, el corruptor, pagaba al corrupto a cambio del encarecimiento de la línea 9 del Metro, es decir, a costa del dinero de todos”.

Flujo de fondos hacia CDC

Y ésa es la tesis mantenida no sólo por el fiscal, sino también por el juez, que en una interlocutoria de 47 páginas hecha pública ayer, considera que el expresidente del Palau de la Música, el corrupto Fèlix Millet, “vehiculó un flujo de fondos de la empresa privada Ferrovial-Agroman a través de las tres entidades que componen el Palau de la Música Catalana, aprovechando que dicha empresa era patrocinadora de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, a la formación política Convergència Democràtica de Catalunya como pago de comisiones por adjudicaciones de obra pública por parte del Govern de la Generalitat de Cataluña u otros organismos públicos. Para evitar el descubrimiento del expolio, en los años 2007 y 2008, Fèlix Millet, con la colaboración de los imputados que se dirán, procedió a crear diversa documentación falsa”.

En la interlocutoria, el juez admite que Millet y su mano derecha, Jordi Montull, desviaron suculentos fondos del Palau para sus propias empresas. Millet incluso pagó los gastos de las bodas de sus dos hijas con casi 165.000 euros que provenían de las cuentas del Palau. Y ambos se pagaron viajes de placer con sus respectivas familias a México, Cerdeña, la Polinesia, Tailandia, Kenia, Maldivas y Dubai. En total, otros 648.000 euros birlados a los socios de la institución musical.

Pero aparte de los millones de euros distraídos de las cuentas del Palau hacia sus cuentas particulares o de sus empresas privadas, el juez detectó desvío de fondos “en beneficio de terceros no relacionados con finalidades de dicha entidad”. Y detalla que dos prohombres de Convergència, àngel Colom y Esteve Escuer, recibieron donaciones de Millet. Colom (se embolsó 75.000 euros en el año 2000) es hoy el responsable de la Fundación Els altres Catalans y de la sectorial de inmigración de Convergència. Escuer era el presidente de Convergència de la Ametlla del Vallès, el pueblo de Millet. En febrero del 2007, recibió 13.000 euros con cargo a los fondos del Palau para destinarlos a la campaña electoral del partido en las municipales de aquel año.

Pero el capítulo más suculento hace referencia al pago de comisiones por parte de Ferrovial desde el año 1999 al 2009. La trama estaba formada por Millet y Montull por parte del Palau, por los directivos de la compañía constructora Pedro Buenaventura y Juan Elizaga y por los extesoreros de Convergència Carles Torrent y Daniel Osàcar, así como por el exdiputado Jaume Camps. El texto añade: “Con la intervención de otros altos responsables del partido que ejercieron el necesario ascendiente sobre los cargos públicos de la Generalitat de Cataluña y otros organismos públicos locales, vinculados al partido y que tenían la facultad de decidir las adjudicaciones de obra pública. La identidad y concreta intervención de estos otros responsables del partido no ha podido ser desvelada en el curso de la instrucción”.

El 4% de comisión

Lo que sí detalla el magistrado es que Ferrovial destinaba un 4% del total de adjudicaciones a comisiones que cobraban Millet y Montull. De ese porcentaje, destinaban el 2,5% a Convergència y en 1,5% restante se lo quedaban ellos. “Estas comisiones de Ferrovial-Agroman a CDC vehiculadas a través del Palau de la Música, se articularon a través de tres procedimientos”, dice el texto. Uno de ellos eran las entregas en efectivo efectuadas por los responables de la entidad musical a los tesoreros de Convergència. La segunda modalidad era la “facturación mendaz” por entidades mercantiles que aparentemente trabajaban para el Palau pero que en realidad trabajaban para Convergència. Y la tercera eran los convenios de colaboración suscritos entre el Palau y la Fundación Trias Fargas (actualmente llamada CatDem), vinculada al partido y cuyo tesorero era el mismo que el de CDC.

En total, concluye el juez, los tesoreros recibieron en sobres opacos un total de 2,3 millones de euros. La facturación falsa de empresas que cobraban del Palau pero trabajaban para CDC fue de más de 2,2 millones de euros. Y los convenios con la Fundación convergente pasaban de los 630.000 euros. El dinero distraído por Convergència, pues, sobrepasa los 5,1 millones de euros. El juez subraya que a Convergència la imputa “como responsable civil como partícipe a título lucrativo en cuanto a los fondos recibidos, que son susceptibles de ser decomisados”. Y recuerda que hace justamente un año embargó su sede para cubrir dicha responsabilidad, actuación que fue confirmada posteriormente por la Audiencia.

Convergència queda, así, asimilada en responsabilidades a las esposas de Fèlix Millet y de Jordi Montull, ambas también imputadas en calidad de responsables civiles como partícipes a título lucrativo.

CiU Caso Palau Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) PSC Artur Mas Caso Bárcenas
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