Mas no convoca a los partidos para que Oriol Pujol no manche su cumbre anticorrupción

La cumbre anticorrupción que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, convocó para hoy corre el peligro de fracasar antes incluso de celebrarse. Al encuentro no están convocados los partidos políticos, aunque sí representantes de otras instituciones: el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno; el fiscal jefe provincial, Martín Rodríguez Sol; el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó; el Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas, Jaume Amat; y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso. También asistirá la presidenta del Parlamento autonómico, la democristiana Núria de Gispert.

La reunión no tiene orden del día. No se sabe qué temas se tratarán ni cómo. Sólo se conoce que comenzará las 12.30 horas. Pero a nadie se le escapa que es la visualización de que “la Generalitat ha de tener capacidad de reacción. Hay una cierta crisis de confianza y esta se recupera sobre la base de tomar decisiones y hacer cosas. Si no hiciéramos nada, podría haber sospechas. Con los recursos que tenemos a mano, intentaremos actuar”, subrayó ayer el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs. En otras palabras, Mas se presenta -y se seguirá presentando durante los próximos meses- exclusivamente como president para separar ostentosamente este cargo institucional de sus responsabilidades políticas como presidente de CiU. Lo que no puede hacer como dirigente de Convergència lo puede hacer como cabeza visible del Gobierno.

Para la oposición, esta convocatoria es “una auténtica farsa”, puesto que lo único que persigue es “una foto” y hacer ver que el Gobierno “da una respuesta contundente ante los escándalos de corrupción que nos azotan”.

¿Por qué a una cumbre anticorrupción no son invitados los partidos políticos, que son los primeros interesados? Fuentes socialistas señalaron a este diario que “si los partidos son parte del problema, han de ser parte también de la solución. Y si Mas quiere cambiar algo, lo ha de hacer a través de leyes en el Parlamento y asumiendo propuestas concretas, que algunos partidos ya hemos puesto encima de la mesa”. En esta apreciación, el PSC coincide con otras fuentes del PP y de Ciutadans consultadas por El Confidencial.

“Si asistiera Oriol Pujol, sería un escándalo”

Más directo es el portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas: “Si han de ir representantes de los grupos parlamentarios hubiese tenido que asistir Oriol Pujol y eso sería un escándalo. De todos modos, Convergència tiene su sede embargada, a su secretario general bajo sospecha porque la Fiscalía pide su imputación y su socio de coalición, Unió Democràtica, condenada por corrupción, y por eso no nos parece que Artur Mas sea la persona más adecuada para convocar una cumbre anticorrupción”, dice Cañas a El Confidencial.

Una cumbre para explicar otra 

La fórmula para salir del paso, pues, fue obviar a los partidos. Con ello, se garantizaba que ninguno de los sospechosos de corrupción participase en ella, lo que sería un sarcasmo sin precedentes. La presidenta del Parlamento ha convocado ya una nueva cumbre bis con los grupos parlamentarios para este jueves con el fin de explicarles lo que se hable en la primera cumbre. En resumen, se trata de rizar el rizo: se convoca una cumbre para explicar lo que se ha tratado en otra celebrada horas antes y, como quien dice, en el despacho de al lado. De momento, la mayoría de los grupos parlamentarios asistirán a la segunda, aunque Ciutadans ya se ha pronunciado en contra. “No iremos, porque no es de recibo que cite a la presidenta del Parlamento en representación de todos los políticos. Porque Núria de Gispert pertenece a Unió Democràtica, un partido que acaba de ser condenado por corrupción”, explica Cañas.

Los populares lo decidirán hoy. “Donde hemos de estar es en la de mañana (por hoy)”, dijo Enric Millo, portavoz del PP. Y zanjó el tema con una carga de profundidad: ya puestos a hacer incongruencias, “la reunión se podría hacer en la sede embargada a CiU (por el escándalo del caso Palau), el mejor lugar para tratar sobre el tema que nos ocupa”. En cambio, el portavoz del PSC, Maurici Lucena, confirmó que asistirá “por respeto institucional a la segunda autoridad del país”. Y, por supuesto, ERC, el socio de CiU: “Iremos a esta reunión y a cualquier ámbito donde podamos hacer llegar propuestas para que Cataluña sea, como viene pidiendo ERC desde hace mucho tiempo y desde todos los campos, pionera en el ámbito de la transparencia”, argumentó Marta Rovira, secretaria general de los republicanos y portavoz parlamentaria.

Desde el PP, se critica la maniobra de Mas. “Es muy raro que se convoque a representantes de instituciones que han de decidir el futuro de Oriol Pujol y que a los partidos no se nos convoque. ¿Qué hace Miguel Ángel Gimeno, presidente del TSJC en esa reunión? Aquí hay una perversión de los papeles de cada uno”, dice una fuente de la cúpula popular a este diario. Y Enric Millo recordó que todos los convocados por Mas “ya tienen claras sus funciones y no necesitan que nadie les diga qué han de hacer, por respeto a su profesionalidad y a su independencia”. Millo también criticó que sea a puerta cerrada: ”Se convertirá en una cumbre oscura y contraproducente, una cumbre de la ocultación, el secretismo, la opacidad y la falta de participación de los catalanes, precisamente los que padecen la corrupción”.

Aun así, Artur Mas tiene quien le defienda: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que de nuevo evitó ayer críticas al presidente catalán. Marta Rovira valoró positivamente los pasos que da el Gobierno autonómico “para acabar con los casos de corrupción”. Desde CiU, pese a los reiterados intentos de este diario, no se ha querido comentar el asunto, aunque Francesc Homs se encargó de dejar claro, tras la reunión de ayer del Gobierno, que “lo que habrá es una reunión de carácter claramente institucional. No es un lugar para llevar casos concretos”.

Un panorama desolador

Todos reconocen que la situación es delicada. Con el escándalo Bárcenas golpeando al propio presidente del Gobierno central, en Cataluña la cosa no se queda atrás. En los juzgados se investigan temas gravísimos de corrupción, como el caso Pretoria, en el que están implicados los exdirigentes de Convergència Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, el exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, o el exdiputado socialista Luis Luigi García. Asimismo, todavía resuena el caso Palau, que afecta al extesorero de CiU Daniel Osàcar y al exdiputado convergente Jaume Camps, el último en ser imputado hace tan sólo unos días. Por ese escándalo, el juez embargó la sede de Convergència Democràtica (CDC).

Más recientemente, el caso ITV salpicó al corazón de los nacionalistas, al pedir el fiscal la imputación del secretario general de Convergència, Oriol Pujol. Paralelamente, la Fiscalía también ha pedido la imputación del exalcalde de Lloret, Xavier Crespo, por sus vínculos con la mafia rusa. Crespo acaba de ser nombrado vicepresidente de la comisión de Empresa. Pero no es el único cargo bajo sospecha que es premiado: el alcalde de Cercs, Ferran Civil, imputado en tres procesos por delitos urbanísticos y prevaricación, fue ascendido esta semana a vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona. La fiscalía investiga también a Ramon Bagó, uno de los históricos de CiU, exalcalde de Calella, exdirector general de Turismo de la Generalitat y dueño del grupo Serhs, por presunto desvío de casi 60 millones de euros de fondos públicos hacia sus empresas.

Los socialistas también se ven salpicados por el caso Mercurio, en el que se imputó al alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, mientras un juez de Castelldefels ha abierto diligencias para investigar al exalcalde socialista de la ciudad (hasta el año 2003), Agustín Marina, por un agujero de 15 millones de euros en las cuentas públicas tras varias operaciones sospechosas en que se beneficiaron altos cargos del consistorio y un empresario local.

Ante este desolador panorama, la cumbre anticorrupción llega en un momento crucial, pero también con muchas incógnitas puesto que quien la convoca es el presidente del partido más afectado por los escándalos.