El PSC denuncia una “trama de CiU” que controla hace años la sanidad

Los socialistas quieren que el Parlamento catalán dedique una comisión de investigación para esclarecer los escándalos que afectan a la sanidad catalana, algo que ha sido califcado por un alto cargo del PSC a este diario como “una trama sociovergente” que ha funcionado durante los últimos años, “con oscuros intereses particulares”.

La iniciativa fue avanzada el martes por la tarde por el líder del PSC, Pere Navarro. “Queremos que se sepa toda la verdad, caiga quien caiga, porque la situación es insostenible”, señaló a El Confidencial fuentes socialistas.

Los temas a investigar afectan a altos dirigentes del actual Gobierno, del Tripartito y a algún empresario. Entre ellos, están la gestión del holding público Innova, del que hasta hace poco cobraba el propio director general del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, unos 280.000 euros anuales. Éste simultaneaba su cargo oficial con el de presidente de USP Hospitales, del que tuvo que dimitir porque es incompatible gestionar la salud pública y, al mismo tiempo, presidir un consorcio privado que recibe prebendas de la Administración.

Este holding también pagó entre 2007 y 2011 unos 700.000 euros a Carles Manté, director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) en época del Tripartito, según denunció El País esta semana. La Coordinadora d’Unitat Popular (CUP) de Reus, localidad en la que radica Innova, puso el tema el martes en manos de la Fiscalía.

El informe que nunca existió

Además, también se habrían de investigar los pagos de la Corporación de Salud del Maresme y La Selva, que presidió durante un tiempo el alcalde de Lloret y actual diputado de CiU Xavier Crespo. Cuando asumió la alcaldía, Crespo siguió cobrando irregularmente de esta entidad. En total, los pagos efectuados al entonces alcalde y a médicos y gestores superan el millón de euros. Estas irregularidades se plasmaron en un informe de la Sindicatura de Cuentas que no fue llevado al Parlamento autonómico, como es habitual. Debido a esa circunstancia, el síndico mayor, Jaume Amat, se ha negado a entregar copia de ese informe a la oposición.

Otro tema hace referencia a las adjudicaciones efectuadas por el consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSSC) al grupo Serhs, el mayor holding vinculado al turismo de Cataluña. Pero se daba la circunstancia de que tanto el consorcio público CSSC (que agrupa a unos 60 hospitales catalanes) como Sehrs estaban presididos por la misma persona: Ramon Bagó, ex alcalde de Calella y destacado prohombre de Convergència Democràtica (CDC). Fuentes cercanas al caso señalaron a El Confidencial que el volumen de adjudicaciones era tal que Bagó se veía obligado a crear nuevas empresas con las que asumir las mismas. Sólo entre 2002 y 2008 el monto de adjudicaciones a sus empresas puede superar los 50 millones de euros. La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) investiga el tema y está redactando un informe sobre este escándalo.

La CUP de Barcelona presentó en el juzgado de guardia una denuncia contra Bagó basándose en la supuesta concesión irregular de diversos contratos realizados en el centro sanitario de las Cocheras Borbón, gestionadas por el Consorcio Hospitalario de Cataluña (CHC). Estos contratos se adjudicaron por la empresa CHC Vitae (dirigida por Ramon Bagó hasta el 2008) a firmas relacionadas con el propio Bagó, según la denuncia,por lo que el empresario pudo haberse embolsado casi 1,5 millones de euros sólo en este centro. Desde la CUP señalan que "hay una incompatibilidad manifiesta, aunque sólo sea en el terreno político, entre los intereses privados que como empresario del sector sanitario tiene el señor Bagó y los intereses públicos que ha de defender ocupando cargos directivos en el ámbito de la sanidad pública".

Un último tema que trataría la comisión es la denuncia realizada por una doctora sobre el pago de prebendas políticas y de sobresueldos millonarios en el Hospital de Sant Pau, que también realizó adjudicaciones sin concurso. Entre ellas, la del mobiliario a la multinacional Philips, mediante un contrato por más de 5 millones firmado en el 2003 por el entonces gerente Josep Anton Grau, hoy director general del Incasol, otro organismo público. Posteriormente, en el 2008, la misma empresa consiguió otra adjudicación por más de 23 millones de euros para la compra de equipos de diagnóstico por imagen. El ex gerente adjunto, Ricard Gutiérrez, dejó el cargo en el 2004, pero siguió cobrando durante 7 años su sueldo.

Miembros del Tripartito salpicados

Para los socialistas, “lo que ha habido son comportamientos poco razonables de gente que, en su mayor parte, tiene que ver con CiU. Se ha de investigar a fondo la relación de las empresas que manejan la sanidad catalana y los nombramientos políticos, porque da la sensación de que, de nuevo, se confunden intereses públicos con privados”.

Otras fuentes del PSC admiten a este diario que el tema puede salpicar incluso a cargos del Tripartito. ”Evidentemente, tanto el alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, como la ex consejera de Salud, Marina Geli, han de dar explicaciones. Lo que no queremos es que las cosas se tapen, sino que se sepa todo lo que ha pasado”, subrayan estas fuentes.

El PSC busca entre los demás grupos políticos apoyos a su propuesta. ”Es posible que CiU intente culpar al Tripartito de la gestión de la sanidad, pero resulta que todas las empresas implicadas son de amiguetes del actual Gobierno. Ahí hay empresarios de CiU. Y si hay algún socialista implicado, que lo pague también. En eso seremos taxativos”, enfatizan los socialistas.