Montilla pide al Senado que renueve "de urgencia" el TC

El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, reclamó hoy al Senado que reactive "con carácter de urgencia" la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato caducó en diciembre de 2007.

En su comparecencia ante la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, Montilla defendió que el Tribunal Constitucional "ha fracasado" en su objetivo de dictar sentencia sobre el Estatut de Cataluña y aseguró que además "sería posible que acabase lastrase al conjunto del país".

El presidente catalán explicó que desde Cataluña no se pide que se cambien las reglas del juego para la renovación del alto tribunal, sino simplemente "que se cumplan" y se tengan en cuenta las propuestas de candidatos que remitieron todas las comunidades autónomas.

"Está en juego que la desafección se convierta en profunda frustración y pueda dar argumentos a aquellos que quieren dar la ruptura -advirtió-. Está en juego el sentido del alcance del propio pacto constitucional, cuando en nombre de la Constitución se pretende revertir su espíritu".

Montilla agradeció la "celeridad" del Senado para tramitar su comparecencia, que atribuyó a la "importancia y la urgencia del asunto", al tiempo que arremetió contra el PP por la ausencia de sus presidentes autonómicos, asegurando que "causa sorpresa que quienes tienen siempre la palabra España en la boca, algunos de ellos no estén aquí hoy, justo cuando se va a hablar de la construcción de la España plural".

Retraso más que notable

Denunció que "en casi cuatro años" los magistrados del TC no han conseguido llegar a un acuerdo para dictar sentencia sobre el Estatut, y destacó que es "la primera ocasión en que este Tribunal debe pronunciarse sobre una ley refrendada". Agregó que este es un "retraso más que notable" al tratarse de una norma fundamental para el autogobierno de Cataluña y que es la "expresión actualizada del acuerdo para encajar el autogobierno de Cataluña dentro de España".

Para Montilla, lo grave no es el retraso sino las "vicisitudes bien notorias" que han afectado al TC, con mandatos caducados e incluso una vacante por defunción pendiente de provisión desde hace dos años. Afirmó que una "situación bastante anómala afecta a seis de los doce magistrados del TC", y habló de "espectáculo poco edificante con filtraciones a los medios de comunicación" y comentarios sobre las "filiaciones ideológicas de los miembros, hasta el punto de haber perdido la apariencia de independencia exigible".

"El resultado es un TC que a pesar de estar facultado ve erosionada su legitimidad moral hasta extremos poco aceptables. La larga demora en la emisión de la sentencia y las injerencias suponen un factor de incertidumbre sobre el Estatut y el autogobierno de Cataluña, algo que se proyecta también sobre el conjunto de la política española y sus instituciones", planteó.

Asimismo, destacó que el Estatut está vigente desde el 9 de agosto de 2006 y ha sido aplicado "con pleno convencimiento de su constitucionalidad, sin ningún tipo de conflicto y sin que se cumplieran las profecías apocalípticas". Agregó que ha servido de "ejemplo" para reformas estatutarias de otras CCAA -"ninguna de las cuales ha agrietado España por ningún sitio", apostilló-, de tal modo que ha sido "motor de la evolución del Estado de las Autonomías".

A su juicio, hay que hacer prevalecer el "valor, la oportunidad y el contenido del Estatut y hay que exigir al mismo tiempo la máxima responsabilidad institucional del TC en esta cuestión". "No es desestabilizador exigir del TC la máxima responsabilidad y la máxima prudencia al tomar cualquier decisión sobre la constitucionalidad del Estatut", aseveró.

De sentido común

"Es de sentido común su renovación. No podemos permitirnos que una institución debilitada y cuestionada provoque una crisis que no deseamos ni en España ni en Cataluña. Supone una gravísima distorsión que no es responsabilidad de TC y sus magistrados, ya que el bloqueo responde a una intencionalidad por parte del grupo que interpuso el recurso contra el Estatut, reconocida explícitamente en declaraciones públicas", explicó.

Planteó Montilla que a la luz de esta situación que "pone en riesgo la relación de Cataluña con España, el Parlamento catalán aprobó una resolución que a partir de la convicción de la constitucionalidad, insta a renovar los magistrados caducados del TC, que éste se declare incompetente para dictar sentencia, y propone una reforma orgánica del TC".

"No quiero ir ni un milímetro más allá de la Constitución, ni quedarnos un milímetro antes del Estatut, y espero que esta defensa tenga espíritu positivo y trabajo para mantener el acuerdo de todas las fuerzas políticas catalanas y el sentimiento profundo de la sociedad catalana, que pide ser tratada con respeto", remarcó.

Aseguró que él tiene una "actitud convencida de lealtad institucional al Estado de las Autonomías, a la Constitución, a una idea plural e integradora de España, a un pacto político sobre el que se cimenta el nuevo Estatut de Cataluña", y reclamó "respeto a la voluntad de autogobierno, al pacto de convivencia libremente acordado".

Posible entendimiento

"No puedo imaginar otra respuesta más que positiva a esto que hoy les planteo. Estoy convencido de que este entendimiento será posible, pues sin él estamos condenados a una crisis de la moral colectiva de muy difícil recuperación, que estoy seguro no se va a producir", sentenció.

Por otro lado, consideró una "paradoja" la escasa presencia a lo largo de treinta años de los representantes de las autonomías en el Senado y su definición como cámara territorial, y agregó que es una "anomalía que la presencia de un presidente autonómico sea algo excepcional".

"El Estado de las Autonomías lo hemos construido entre todos y Cataluña quiere seguir participando en este proceso con convicción con el resto, impulsando los mecanismos necesarios de gobierno compartido por los intereses comunes", subrayó. Según dijo, "sin pasos adelante el estado autonómico podría devenir disfuncional y perder su potencialidad", al tiempo que avisó de que el Estado de las Autonomías puede "dejar de tener interés para una mayoría de ciudadanos en algunas CCAA que han marcado el camino y el ritmo desde la Transición".

Defensa de la diversidad lingüística

En castellano, Montilla afirmó que el respeto y la protección del catalán y sus variantes, del gallego o del euskera, ha de ser asumido "con normalidad y naturalidad por el Estado y la sociedad en su conjunta". Después, en gallego, agregó que esta "es una responsabilidad del Estado que implica actitudes, gestos y acciones positivas".

En euskera, defendió que este es un problema que corresponde a todas las CCAA con una lengua propia, y planteó que todos deberían aceptar esa responsabilidad ya que "enriquece a todos", por lo que debería ser aceptado "con el orgullo del enriquecimiento que aporta y el patrimonio de una cultura propia".

De nuevo en catalán, indicó que cuando escucha opiniones en contra de que en el Senado se hable en otras lenguas con el argumento de que se trata de un "derroche de recursos" él no puede más que entristecerse, al comprobar "cómo de lejos" se está "todavía de asumir la pluralidad".

"De la pluralidad extraemos un gran enriquecimiento para todos los españoles. Esta tristeza deriva en ofensa cuando es por mala fe política cuando se hacen malos juicios valorativos sobre el catalán. Las lenguas no tienen precio. ¡Ay de quienes pretendan poner precio a nuestra diversidad!", subrayó.