Andalucía aprobará este año una ley para potenciar sus 2.300 polígonos industriales

Los polígonos industriales deben dejar de ser el "barrio abandonado" de las ciudades y pueblos de Andalucía para empezar a ser reconocidos por las administraciones y por los propios vecinos como el verdadero corazón económico de estos municipios.

La Junta cree que ha llegado la hora de poner en valor la actividad que generan los miles de polígonos industriales con que cuenta esta región y ser capaces de "convertirlos en polos de desarrollo, capaces de atraer inversión, generar empleo y riqueza regional".

Con esta premisa está trabajando desde hace meses la Consejería de Industria, Energía y Minas, que dirige Jorge Paradela, quien pretende llevar el próximo mes al Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley de Espacios Productivos con el comenzar la tramitación parlamentaria de esta normativa que podría ver la luz este mismo año o comienzos del próximo.

El documento con el que trabaja la administración andaluza, y al que ha tenido acceso El Confidencial, realiza un profundo diagnóstico sobre la realidad de estos polígonos industriales, en gran parte basado en el estudio de los Espacios Productivos de Andalucía (Espand) presentado el pasado año por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), así como visitas a buena parte de estos recintos.

Según este estudio, en Andalucía existen 2.302 espacios productivos repartidos por 500 de los 785 municipios de la comunidad y que acogen a más de 40.340 empresas y 10.000 autónomos, lo que da idea de la actividad económica que generan.

Todos estos espacios suman más de 38.000 hectáreas en las ocho provincias andaluzas, de los que un 26% de la superficie (más de 9.000 hectáreas) son aún solares disponibles para la instalación de empresas. La superficie media por área/polígono industrial es de 152.638 m2 y la media de empresas o establecimientos presentes en las áreas/polígonos industriales andaluces es de 18.

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Sin embargo, la Junta reconoce que "la actual situación jurídica de los espacios productivos impide su crecimiento y desarrollo: es un freno para aprovechar el potencial industrial de Andalucía".

Entre los principales problemas a los que se enfrentan estos espacios es a la falta de infraestructuras, dotaciones y servicios adaptadas a las necesidades de la industria moderna.

A juicio de la Administración autonómica, esto suele ocurrir por una "limitada implicación municipal y colaboración público-privada, por la inexistencia de un marco estable de incentivos; por modelos de gestión y mantenimiento poco eficientes o inexistentes; por la falta de convivencia polígonos-ciudad, con polígonos engullidos; y por la falta de instrumentos para atraer inversiones a los polígonos, poner en valor los espacios o las buenas prácticas o mejorar la imagen de la industria".

Frente a ello, la Ley pretende "la mejora de las zonas industriales en todas sus vertientes", tanto en Infraestructuras y servicios como en revitalización, reacondicionamiento y modernización; Restauración no solo del espacio físico, sino del entorno socioeconómico; Puesta en valor e integración: protección, clasificación, censo, etc.; Modelos de gestión y mantenimiento: colaboración público-privada; y el Incremento de la cultura productiva, la innovación y el emprendimiento.

Actualmente, el 30% de estos espacios tiene una gestión compartida entre el Ayuntamiento y una EUC (Entidad Urbanística de Conservación); un 20% es gestión exclusiva del municipio; otro 20% es compartida entre el Consistorio y una asociación empresarial; y un 10% entre el Ayuntamiento, una EUC y la Junta de Andalucía.

La administración regional quiere potenciar la colaboración público-privada en estos recintos y estudia las fórmulas aplicadas en otras comunidades autónomas o en otros países europeos.

Por ejemplo, desde 2018 la comunidad autónoma de Valencia dispone de una ley específica sobre áreas industriales, que con posterioridad ha sido adaptado por otras comunidades autónomas, como Murcia o Cataluña. La ley desarrollada en la comunidad pretende regular una colaboración público-privada más efectiva, dando más peso a los propietarios de las parcelas de las áreas industriales en la toma de decisiones que afectarán a los polígonos.

Se creó así la figura jurídica de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM), un ente donde están representados tanto los propietarios de las parcelas, como el Ayuntamiento y que se ocupa de realizar un Plan de Actuación periódico, priorizando las necesidades de inversión del área industrial, en cuando a infraestructuras y servicios, y preocupándose de su cumplimiento a través de comisiones de seguimiento.

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Una de las líneas de trabajo de los Planes de Actuación que elaboran y suscriben las Entidades de Gestión y Modernización y los Ayuntamientos es la mejora de infraestructuras de áreas industriales: vías, rotondas, aceras, alumbrado público, alcantarillado, estructura de evacuación de pluviales, etc.

El consejero de Industria, Jorge Paradela, asegura que "para aprovechar el potencial industrial de Andalucía y partiendo de ese diagnóstico, el anteproyecto de Ley se trata de un instrumento que no solo plantea resolver los problemas actuales, sino que proyecta un nuevo modelo de espacio productivo de futuro".

La Junta prevé aprobar en breve este anteproyecto de Ley y comenzar así el proceso de participación y de exposición pública que permita enriquecer el texto ates de ser llevado al Parlamento para ser tramitado como proyecto de Ley, donde será aprobado sin problema al contar el PP con mayoría absoluta.