Una operación para recuperar casas públicas okupadas destapa su mercadeo ilícito

El primer fin de semana de octubre fue más movido de lo habitual en la Sala del 091 de la Comisaría Provincial de Málaga. Durante el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 se registraron varias llamadas que alertaban de disparos y amenazas de muerte en La Corta, una barriada de viviendas públicas construidas por la Junta de Andalucía que ha sido escenario de multitud de operaciones policiales. Como la que se llevó a cabo un día antes de esta sucesión de episodios violentos que se han extendido a otras zonas próximas y que permitió la recuperación de al menos ocho casas que habían sido okupadas ilegalmente. Una investigación que ha hecho aflorar un mercado negro de compraventa de estos inmuebles y que sería el trasfondo de los sucesos posteriores.

Fuentes policiales consultadas por El Confidencial confirmaron que durante la intervención, en la que participaron agentes de las comisarías Norte y Oeste, se practicaron una quincena de registros que permitieron la incautación de distintas cantidades de marihuana —unas 1.400 plantas—, hachís y cocaína. Durante una espectacular operación que dio comienzo a primera hora del pasado jueves 5 de octubre, los policías nacionales fueron entrando en los domicilios que habían sido transformados en invernaderos indoor, algunos de los cuales estaban okupados. Siete personas fueron arrestadas por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, aunque las pesquisas continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.

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Pero la investigación trascendía el tráfico de drogas. Las indagaciones han puesto de manifiesto la existencia un mercadeo de viviendas protegidas detrás del que estarían organizaciones o clanes. Un negocio ilícito que mueve mucho dinero y que detrae bienes públicos a la sociedad. "Pueden cobrar 10.000, 15.000 o 20.000 euros por un piso de dos o tres habitaciones", señalaron las fuentes consultadas, que explicaron que estos inmuebles —posteriormente— pueden ser utilizados como residencia o para acoger cultivos de maría.

En una de las casas se hallaron en torno a 400 plantas, pero en otras, por los indicios que observaron, parecían que se habían cortado recientemente. Incluso se habían derribado paredes y muros de contención para conseguir espacios diáfanos. Algo que no extrañó a los investigadores, sabedores de que La Corta es una zona de producción constante de cannabis. El olor de las plantaciones se percibe incluso antes de llegar a la barriada.

Las ocho casas recuperadas fueron adjudicadas inmediatamente para evitar que, de nuevo, fuesen ocupadas ilegalmente

Este mercado inmobiliario ilegal es el trasfondo de una serie de tiroteos, amenazas y hasta una supuesta agresión con arma blanca que se han sucedido en distintos puntos de la ciudad durante los días posteriores a la actuación de la Policía Nacional. Los protagonistas, según informaron las citadas fuentes, serían compradores y vendedores, miembros de distintos clanes, que intimidan como respuesta a la inversión perdida en el inmueble y la plantación de marihuana. "Son disparos intimidatorios, al aire", pero pueden ser el preámbulo a una acción más grave, por eso las autoridades han estado atentas a esta sucesión de acontecimientos.

Junto a los agentes, en la operación participaron técnicos de Endesa y personal de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Los primeros se encargaron de cortar el suministro de los numerosos enganches ilegales a la red eléctrica —"tres calles enteras"—, mientras que los segundos colaboraron en la detección de las viviendas que no estaban ocupadas por sus legítimos adjudicatarios.

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Fuentes de la Junta de Andalucía, a la que pertenece este organismo, manifestaron que "se verificó la situación" de una treintena de domicilios y que se liberaron ocho, dos quedaron en custodia con vigilancia privada y se hacían indagaciones sobre dos más.

La Administración regional, en esta ocasión, ha invertido su protocolo de actuación y, en vez de tapiar las casas recuperadas e iniciar el proceso de adjudicación, las ha entregado inmediatamente a demandantes elegidos previamente de un listado de solicitantes de vivienda pública del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). Por lo que los ocho pisos cuya okupación estaba plenamente constatada acogieron a una familia ese mismo día, con lo que se evita el riesgo de que otras personas hubiesen aprovechado el impás administrativo para entrar en ellos, y que habría obligado a iniciar un nuevo trámite de desalojo.