Juicio a 35 personas con fianzas millonarias por sobrecomisiones en los ERE
Entre los procesados se encuentran el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández y los exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. Al exsindicalista de UGT se le reclaman 87 millones
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El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha decretado la apertura de juicio oral contra 35 personas y dos sociedades, entre ellos varios ex altos cargos de la Junta, para los que se piden fianzas millonarias, por las sobrecomisiones pagadas en el caso de los ERE. Entre los procesados se encuentran el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, a quien se le pide que deposite una fianza de 60 millones de euros, a los ex directores generales de Trabajo, Juan Márquez, al que le pide 15 millones; y Daniel Alberto Rivera, 900.000 euros; mientras que al exsindicalista de UGT, supuesto mediador en la consecución de ayudas autonómicas, Juan Lanzas, se le reclaman 87 millones de euros.
El auto de apertura de juicio oral, dictado el pasado 1 de febrero y al que ha tenido acceso EFE, da cuenta de que la Fiscalía Anticorrupción ha formalizado un escrito de acusación por presuntos delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad documental y asociación ilícita, por las sobrecomisiones que habrían mediado en los procedimientos de ayudas sociolaborales con cargo a los fondos autonómicos. La Fiscalía pide para los imputados un total de 244 años de prisión, una petición a la que se ha adherido el PP como acusación popular, mientras que la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular como perjudicada por el saqueo, eleva su petición a 263 años de cárcel.
El magistrado, que señala que la causa será juzgada por la Audiencia Provincial, impone a los 37 acusados y otros 31 responsables civiles, entre los que se encuentran las confederaciones nacional y regional de Comisiones Obreras y UGT, fianzas que ascienden a más de 1.300 millones de euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias". Según el escrito de la Fiscalía, en este proceso funcionaron al menos tres grandes redes de lavado del dinero público obtenido con las mordidas de los ERE en las que se blanquearon en torno a 23 millones de euros, y los entramados giraban en torno a las mediadoras Vitalia y Uniter SL.
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El entramado societario estaba dirigido por el conseguidor de ayudas y exresponsable de UGT Juan Lanzas, quien actuaba a través de los supuestos testaferros Juan Francisco Algarín y Eduardo Leal. El grupo Vitalia estaba dirigido por el intermediario Antonio José Albarracín, que se enfrenta a una pena de 18 años de prisión y multas que superan los 12,2 millones de euros para él y su esposa por el supuesto blanqueo de fondos, y que según el auto de procesamiento habría cobrado 36,22 millones en sobrecomisiones.
Por su parte, el grupo Uniter SL, estaba administrado por José González Mata, que podría haber cobrado 29,80 millones de euros en sobrecomisiones y para quien la Fiscalía reclama 13 años de prisión y una multa de 35,4 millones por el supuesto lavado de dinero. Igualmente, respecto a los responsables civiles subsidiarios y partícipes a título lucrativo, la Fiscalía reclama que la federación de Industria de CCOO responda de 384.000 euros merced a las cuantías reclamadas al exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía Roberto Carmona Soto, y entre los acusados están también el abogado Carlos Leal Bonmati y el empresario granadino Ismael Sierra.
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Además de los tres altos cargos procesados, se sentará en el banquillo Juan Francisco Trujillo, el antiguo chófer de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Empleo de la Junta, fallecido en 2020, quien se gastó parte de las ayudas que le dio su jefe en regalos, cocaína y fiestas. El juez señala en el auto que los ex altos cargos "habrían autorizado que con cargo a dichos fondos (para despidos) se abonaran determinados servicios, prestaciones y ayudas que no se habían contratado ni concedido por la Administración autonómica andaluza con arreglo a la normativa aplicable".
De la misma forma, destaca que las comisiones "pagadas a los mediadores Irson Empresarial SL (Grupo Vitalia) e Ingotor (Grupo Uniter) alcanzaban el 11 % cuando se trataba de pólizas financiadas por la Junta de Andalucía, bajando el porcentaje de comisiones al 5,21 % y 6,3 % cuando las pólizas no estaban financiadas por la Administración".
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Según el relato del juez, Guerrero, Lanzas, Albarracín, junto al exbanquero catalán y comisionista Eduardo Pascual Arxé, prófugo de la Justicia, "habrían acordado repartirse los fondos públicos de la Junta de Andalucía" procedentes de las sobrecomisiones a través de distintos mecanismos delictivos, además de entregarse dinero público a personas para pagar "favores" por la obtención de ayudas.
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha decretado la apertura de juicio oral contra 35 personas y dos sociedades, entre ellos varios ex altos cargos de la Junta, para los que se piden fianzas millonarias, por las sobrecomisiones pagadas en el caso de los ERE. Entre los procesados se encuentran el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, a quien se le pide que deposite una fianza de 60 millones de euros, a los ex directores generales de Trabajo, Juan Márquez, al que le pide 15 millones; y Daniel Alberto Rivera, 900.000 euros; mientras que al exsindicalista de UGT, supuesto mediador en la consecución de ayudas autonómicas, Juan Lanzas, se le reclaman 87 millones de euros.