La Audiencia de Sevilla activa el trámite para decidir si encarcela a Griñán por los ERE
El tribunal reclama a la Fiscalía y al PP andaluz, en calidad de acusación, que se pronuncien sobre la petición del expresidente para la suspensión de su ingreso en prisión y ejecuta la pena de inhabilitación de Manuel Chaves
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La Audiencia de Sevilla ha activado la ejecución de la pena para los condenados en el caso de los ERE fraudulentos, entre los que se encuentran los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En este punto, la situación no es la misma para los dos exdirigentes socialistas. En el caso del primero, notifica su pena de inhabilitación absoluta por el delito de prevaricación, mientras que en el segundo pone en marcha, aun sin fecha, la posible entrada en la cárcel por malversación.
En un auto dictado este martes, la sección primera del tribunal sevillano confirma que la sentencia que se hizo pública hace unas semanas es firme, por lo que da cumplimiento a la misma. Mientras que la ejecución es automática para Chaves y otros cinco ex altos cargos, para los nueve condenados por malversación que han solicitado la suspensión de la pena todavía faltan algunos pasos.
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El tribunal ha solicitado a la acusación, que ejercen el PP andaluz y Manos Limpias, y a la Fiscalía, que se pronuncien sobre la petición de Griñán y los otros ocho exdirigentes socialistas. Los informes de ambos no son vinculantes, pero es habitual que la audiencia tenga en cuenta la postura del Ministerio Público para su decisión. Los populares andaluces, cuestionados por este asunto en ocasiones previas, aseguraban que no tenían intención de acelerar la entrada del expresidente andaluz en la cárcel, pero este auto de la Audiencia les obligará a posicionarse al respecto.
En la misma situación que Griñán, sobre quien pesa una condena de seis años, se encuentran cuatro exconsejeros. Dos son ajenos a la consejería de Empleo y están incluidos en el voto particular que pide la absolución por malversación. Se trata de su sucesora en Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y el extitular de Innnovación, Francisco Vallejo. Como consejeros de Empleo están Antonio Fernández y José Antonio Viera, que también han pedido la suspensión de su pena al igual que los otro cuatro exaltos cargos condenados por malversación: Juan Márquez, Agustín Barberá, Miguel Ángel Serrano y Jesús María Rodríguez.
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Junto con Manuel Chaves, la Audiencia de Sevilla ordena la ejecución de la pena por prevaricación a los exconsejeros de Hacienda José Salgueiro y Magdalena Álvarez, que después fue ministra en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Asimismo, figura entre los condenados por el citado delito Gaspar Zarrías, número dos de Chaves y titular de Presidencia durante gran parte de sus mandatos, y otros dos exaltos cargos: Jacinto Cañete y Antonio Vicente Lozano.
La estrategia de Griñán
El auto de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, lleva la firma de los magistrados Pilar Llorente, Patricia Fernández y Enrique García, responsables del tribunal que dictó la sentencia de la pieza política de los ERE. La decisión acelera los plazos de una posible entrada de José Antonio Griñán en la cárcel, un momento que su defensa estaba intentando dilatar. Para ello el letrado José María Calero interpuso un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, así como en la Audiencia de Sevilla.
En el tribunal hispalense, además, informó sobre la petición del indulto que anunció la familia del expresidente de la Junta. Este movimiento, junto con el recurso al Tribunal Constitucional, son los argumentos que la defensa de Griñán esgrime para evitar la entrada del político socialista en prisión mientras se resuelven. Ahora a ello habrá que sumar los posicionamientos del PP y de la Fiscalía.
La Audiencia de Sevilla ha activado la ejecución de la pena para los condenados en el caso de los ERE fraudulentos, entre los que se encuentran los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En este punto, la situación no es la misma para los dos exdirigentes socialistas. En el caso del primero, notifica su pena de inhabilitación absoluta por el delito de prevaricación, mientras que en el segundo pone en marcha, aun sin fecha, la posible entrada en la cárcel por malversación.