La ‘suerte’ del exdirector de los forenses de Málaga: esquiva una segunda investigación

Dice el dicho que no hay dos sin tres. Pero para que en este caso se cumpla, habrá que esperar. El exjefe de los forenses de Málaga, que salió indemne por supuestamente realizar embalsamamientos sin autorización, está a un paso de sortear otra investigación después de que el instructor haya propuesto el archivo del expediente que se le abrió por presuntamente participar de forma indebida en la autopsia de uno de los primeros casos de fallecimiento de una persona vacunada contra el covid. Un caso que fue judicializado y que tuvo como triste protagonista a una profesora de un colegio de Marbella.

Fuentes de la Consejería de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía confirmaron que, casi un año después de que comenzaran las indagaciones, “la propuesta del instructor es el archivo del expediente y así se ha comunicado ya a la persona afectada”. A preguntas de este periódico, precisaron que la delegación territorial será quien emita la resolución en base al informe del investigador y precisaron que “no entramos a valorar” su conclusión. “Ha tenido todas las pruebas en la mesa, tanto las nuestras, como las aportadas por el investigado”, y “después de valorarlas, ha decidido que se debe archivar el expediente”.

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Las citadas fuentes afirmaron que “no se pueden dar detalles” de esos indicios y argumentos que han decantado la balanza -otra vez- a favor de Sebastián Díaz, que dimitió de su puesto como director del Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga por supuestamente hacer embalsamamientos para funerarias sin contar con la compatibilidad necesaria para ello.

Las palabras que iniciaron este proceso indagatorio las pronunció el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, hace un año en Lepe (Huelva). El 19 de marzo de 2021, un día después de que se practicase la autopsia clínica a la fallecida, comparecía ante los medios para explicar que en el examen habían participado dos anatomopatólogos y un forense y que se hizo de la manera “más reglada y científica posible”. Las sospechas comenzaron a desatarse poco antes de las tres de la tarde, cuando la Junta de Andalucía emitía un comunicado en el que aclaraba que el IML de Málaga “no ha tenido nada que ver con la autopsia realizada a la docente fallecida en Marbella”.

La resolución no es vinculante, aunque en la Junta de Andalucía la consideran casi definitiva

Las fuentes consultadas apuntaron entonces que Sebastián Díaz presuntamente se trasladó al hospital Costa del Sol y estuvo presente durante un examen que previamente había solicitado la familia a la autoridad judicial. Su supuesta actuación contravenía los protocolos establecidos y que fijan que las autopsias clínicas, que se realizan a personas de las que se tiene constancia que ha fallecido por un problema de salud, son competencia exclusiva de los anatomopatólogos.

La Administración autonómica, en ese momento, declinó profundizar en el papel que Díaz presuntamente jugó en la autopsia clínica. Tanto si sólo acudió como “observador” o también dio opiniones y directrices a sus colegas; o si había una relación formador-alumno con facultativos del hospital que al parecer habían participado en cursos de Anatomía Patológica para poder realizar estos exámenes. Tampoco despejaron las circunstancias por las que la actual directora del Instituto de Medicina Legal de Málaga, Inés Doménech, y la delegada provincial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Mónica Alejo, no fueron informadas en ningún momento.

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La Junta de Andalucía, por contra, sí precisó que la Consejería de Regeneración, Justicia y Administración Local “tuvo conocimiento de este tema a través de la dirección del IML y de la delegación territorial”. Y añadía que, viendo la magnitud del asunto, “se solicitó un informe por escrito para dar traslado de los hechos”.

Este documento fue el punto de partida de unas pesquisas que volvían a poner bajo el foco una actuación de Sebastián Díaz. La propuesta de archivo realizada por el instructor del expediente no es vinculante, aunque las fuentes consultadas por El Confidencial explicaron que es casi definitiva. Porque, “evidentemente, para dictar una resolución contraria hay que tener motivación suficiente y acreditada”. Y recalcan que la persona que ha dirigido las indagaciones ha tomado la decisión “tras inspeccionar y valorar todas las pruebas”.

La autoridad judicial, pese al informe de autopsia final, archivó el caso de la vacunación

A pesar de que la supuesta injerencia de Sebastián Díaz podría haber contaminado la principal prueba pericial, el juzgado de Instrucción número 5 de Marbella cerró la investigación judicial sobre las causas que provocaron el fallecimiento de la docente el 26 de abril del año pasado a través de un auto. La resolución, aunque reconocía que no se podía descartar que la causa de la muerte fuese debida a la administración del fármaco, señalaba que el informe definitivo de los forenses no concretaba un motivo.

El archivo se acordó después de que la autoridad judicial recibiese la ampliación del informe de autopsia clínica realizada a la fallecida y que desmentía las conclusiones iniciales y las rotundas declaraciones del consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, quien dijo que se podía afirmar “de forma contundente” que “no hay ninguna relación clara y causal entre la vacunación y el fallecimiento”.

La instrucción se dio finalmente por concluida al considerarse que “no se ha justificado la comisión de un hecho delictivo”.