La Junta investiga el protocolo de la autopsia a la profesora muerta tras vacunarse

“Determinar qué ha ocurrido y tomar las medidas pertinentes si fuera necesario”. Este es el objeto de la investigación interna abierta por la Junta de Andalucía sobre la autopsia clínica realizada a la profesora de Marbella (Málaga) que falleció a mediados de mes después de que le suministraran la vacuna de AstraZeneca. Autopsia que descartó que la propia vacuna tuviera relación con la defunción.

Un "informe por escrito" ha motivado dicha investigación después de que la delegada territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Mónica Alejo, y la directora del Instituto de Medicina Legal (IML), Inés Doménech, tuviesen conocimiento de que un forense supuestamente asistió (y de forma unilateral) a una pericial en la que no podía estar; únicamente estaban autorizados los médicos del Hospital Costa del Sol formados en Anatomía Patológica.

Distintas fuentes consultadas por El Confidencial señalaron que esta persona sería el antecesor en el puesto de Doménech, Sebastián Díaz, quien dimitió de su puesto después de que este periódico desvelase una serie de presuntas graves incompatibilidades, como la supuesta realización de embalsamamientos para funerarias privadas sin contar con el permiso de la Administración autonómica.

Las alarmas saltan

La autopsia clínica a la profesora fue realizada el pasado día 18 y se prolongó durante casi cuatro horas, han apuntado fuentes consultadas, que señalaron que las alarmas saltaron cuando el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, realizaba una comparecencia para explicar que en el examen habían participado dos anatomopatólogos y un forense, por lo que se hizo de la manera “más reglada y científica posible”, según sus palabras.

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Sin embargo, poco antes de las tres de la tarde de ese mismo día, la Junta de Andalucía emitía un comunicado en el que aclaraba que el Instituto de Medicina Legal de Málaga, del que dependen los expertos en Medicina Legal, “no ha tenido nada que ver con la autopsia realizada a la docente fallecida en Marbella”.

¿Participó o no un forense en todo el proceso? ¿En qué grado? ¿Contaba con autorización? ¿Qué pasó entre las declaraciones del consejero y la segunda nota informativa?

Una supuesta injerencia

Según ha podido saber este periódico, los teléfonos echaron humo después de que la delegada autonómica y la directora del IML supiesen que presuntamente Sebastián Díaz, “por iniciativa propia” y “sin comunicarlo a sus superioras”, precisan las fuentes consultadas, se trasladó al centro hospitalario marbellí y estuvo presente durante un examen que previamente había solicitado la familia a la autoridad judicial.

Las autopsias clínicas son competencia exclusiva de los anatomopatólogos

De las palabras de Aguirre se desprende que un forense formó parte del proceso cuando no debía, ya que las autopsias clínicas, que se realizan a personas de las que se tiene constancia que ha fallecido por un problema de salud, son competencia exclusiva de los anatomopatólogos. Una supuesta injerencia despierta dudas sobre una prueba pericial.

En el contexto del ámbito judicial no se puede obviar que, ya adelantado por un medio el avance de los resultados del estudio del cadáver, y el consejero compareciendo públicamente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) comunicaba que el juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, a esa hora (las 10:20) “aún no ha recibido el informe preliminar de la autopsia”.

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¿Opinó? ¿Dirigió?

La Administración autonómica, a preguntas de este periódico, declinó profundizar en el papel que el exdirector del IML supuestamente pudo jugar en la autopsia clínica: si únicamente acudió como “observador” o también dio opiniones y directrices a sus colegas. Tampoco aclaró si había una relación formador-alumno con facultativos del hospital que al parecer habían participado en cursos de Anatomía Patológica para poder realizar estos exámenes. Ni la circunstancia por la que presuntamente no comunicó su presencia a Inés Doménech y Mónica Alejo.

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La Junta de Andalucía, por contra, sí precisó que la Consejería de Regeneración, Justicia y Administración Local “tuvo conocimiento de este tema a través de la dirección del IML y de la delegación territorial”. Viendo la magnitud del asunto, “se solicitó un informe por escrito para dar traslado de los hechos”. Este documento llegó el lunes.

El texto del mismo será la base de “las diligencias de investigación abiertas” por la citada Administración en Málaga. Las pesquisas, de carácter “interno”, determinarán “qué ha ocurrido” y, “si fuera necesario”, se tomarán las medidas “pertinentes”.

Jesús Aguirre sostuvo que se podía asegurar “de forma contundente” que “no hay ninguna relación clara y causal entre la vacunación y el fallecimiento”, que achacó a “una hemorragia cerebral”.