Ferrovial y el Centro Lorca sellan la paz: los fondos serán públicos tras el pago de 1 millón

El romancero de Ferrovial y el Centro Lorca ha puesto su punto y final y el edificio que alberga el legado del poeta está a un paso de culminar un largo trayecto que comenzó en 2003 para que el material custodiado sea de propiedad pública. Fue en el último tramo del Gobierno de Aznar cuando se llegó a un acuerdo para 'repatriar' a Granada las más de 4.000 piezas reunidas por la familia del poeta que, cuando se fue de España, se llevó consigo los recuerdos y manuscritos de su hijo en dos maletas. Tras la inauguración del Centro Lorca vacío en 2015, los documentos llegaron en un gran tráiler desde Madrid en junio de 2018. Y ahora, tras cerrarse el último litigio, el que mantenía abierto la Fundación Lorca tras haber contraído una deuda de un millón de euros con la compañía por los intereses acumlados en la construcción del edificio y la paralización de las obras durante años, las administraciones rozan con los dedos el cambio de titularidad.

Las instituciones públicas que integran el Consorcio Lorca acaban de abonar ese millón de euros y la familia del autor ya ha pedido la disolución de la Fundación Lorca al Ministerio de Cultura. Es el último paso necesario para la creación de una nueva entidad, en la que estarán representadas las administraciones y los descendientes. Así, en unos meses, el legado del poeta de Fuente Vaqueros será finalmente público, si bien estaba previsto que el asunto se zanajase en 2021.

El 'affaire' ha tenido diferentes derivadas jurídicas, entre ellas, la denuncia del exgerente, Juan Tomás Martín, condenado a dos años de cárcel tras reconocer que había estado más de 2 millones de euros, mientras que Ferrovial ha tenido que esperar 12 años para cobrar una obra que empezó en 2008 y paralizó en 2010, precisamente por la deuda de más de tres millones que se arrastraba por el sobrecoste de los trabajos. El modernista edificio no vio entrar a un albañil hasta 2015, cuando las instituciones se comprometieron a abonar lo debido, un compromiso que no ha se cumplido del todo hasta ahora con el pago de la última factura pendiente y que obligó a la empresa a denunciar finalmente al Centro Lorca por los intereses de demora acumulados.

De esta manera, según avanza a El Confidencial el delegado de Cultura de la Junta en Granada, Antonio Granados, la Fundación Lorca ha podido presentar las cuentas de los dos últimos años, el paso imprescindible para pedir su disolución. Y con los estatutos de la nueva fundación ya redactados y aprobados por el Consejo Rector, la nueva institución integrada por la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Granada, la Diputación y la propia familia quedará constituida en breve, en cuanto se apruebe la extinción de la institución que preside Laura García-Lorca, la sobrina del autor de Yerma, lo que será un añadido más a los actos por el centenario del Concurso de Cante Jondo de 1922 que impulsó en gran medida el autor de 'El romancero gitano'.

En esta nueva fundación pública la Junta de Andalucía tendrá el 51% y se hará cargo del grueso del presupuesto del Centro Lorca, en torno a un millón de euros, mientras que las aportaciones del Ministerio y del Ayuntamiento estarán en torno a los 225.000 euros. En el caso del consistorio, su aportación se realiza en 'especie' cediendo personal para el funcionamiento del espacio, si bien el Gobierno regional también ha designado a dos funcionarios para hacerse cargo del legado.

Granados subraya que, una vez que se constituya la nueva fundación, se abrirá el proceso de selección del nuevo director del Centro Lorca, toda vez que el contrato de la anterior responsable, Sara Navarro, expiró antes del pasado verano. "Será un proceso abierto al que se podrá presentar quien quiera, dentro de las capacidades y conocimientos que exige la dirección del Centro Lorca", apostilla.

El baile de millones

Dos auditorías después y el trabajo de una comisión de técnicos de las administraciones, se procedió a liquidar en 2018 la encomienda para la construcción del Centro Lorca a la Fundación de la familia del poeta. Tras un constante baile de cifras, la institución dejó sin justificar un millón de euros. La Fundación recibió más de 21 millones para sufragar las obras, pero la sorbina del poeta, sólo consiguió justificar 20. De hecho, el coste de los trabajos ascendió a 18 y aunque las administraciones aceptaron como gastos asociados 2 millones de las facturas presentadas, quedaba pendiente un millón. En paralelo, tuvieron que asumir el pago a proveedores, entre ellos también Ferrovial, de otros 3 millones.

Todo este affaire tuvo un protagonista, el exgerente de la Fundación Lorca, Juan Tomás Martín, el hombre que gestionó esos más de 20 millones de fondos públicos para la construcción del museo en la céntrica plaza de La Romanilla. Tras ser denunciado en 2015 por Laura García-Lorca por apropiación indebida y falsedad documental, Martín reconoció en el juicio celebrado en 2018 que estafó casi dos millones de euros alterando sus honorarios profesionales y desviando dinero que se recibía como subvenciones de distintas administraciones. Juan Tomás Martín aceptó una pena de dos años de prisión y se comprometió a devolver todo el dinero, aunque en la fase preliminar del juicio se declaró insolvente y recurrió a un abogado de oficio, mientras mantenía una lujosa oficina en la calle Serrano de Madrid.