Guerrero, el de los ERE, niega ahora lo que dijo por "una tremenda presión" a la Policía

El juicio de los ERE ha arrancado en la Audiencia Provincial de Sevilla y durante nueve meses, hasta el 31 de octubre, determinará si hubo o no responsabilidad penal de los 22 ex altos cargos sentados en el banquillo por un supuesto fraude con parte de las ayudas sociolaborales de la Junta, concedidas durante una década y que suman 741 millones de euros.

De nuevo, el juicio fue secuestrado por las estrategias de las partes y parece que no arranca. "Me acojo a mi derecho a no declarar salvo las preguntas de mi abogado". La vista arrancó con la declaración del ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, que fue quien estuvo al frente de las ayudas de los ERE durante una década y ocupó esa responsabilidad desde 1999 a 2009, con tres consejeros diferentes. Guerrero se acogió a su derecho a no declarar y anunció que sólo iba a responder a las preguntas de su abogado, Fernando de Pablos.

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La Fiscalía pidió la lectura de varias de sus seis declaraciones durante los seis años de la instrucción de los ERE, incluidas algunas realizadas ante la Policía y la Guardia Civil, lo que fue permitido por el juez Juan Antonio Calle, pese a la protesta de un abogado porque se realizaron fuera de la instrucción judicial.

Guerrero renegó de todo lo que había dicho en ocasiones anteriores asegurando que fue víctima de una "tremenda presión mediática y policial" y que muchas de las cosas que se leyeron ni siquiera las había dicho tal y como se recogían. Cada vez que se le preguntaba sobre sus declaraciones alegaba esa "presión". Sin embargo sí que optó por ratificarse en sus declaraciones en sede policial cuando acudió ante la juez Mercedes Alaya por primera vez en 2012. Ese pasaje de su ratificación en aquel momento también fue leído en el juicio.

Fue víctima de una "tremenda presión mediática y policial" y que muchas de las cosas que se leyeron ni siquiera las había dicho tal y como se recogían

Su primera declaración, en diciembre de 2010, cuando declaró que había un "fondo de reptiles" para pagar estas ayudas a los prejubilados, fue la que permitió a la jueza Mercedes Alaya abrir la instrucción del caso que se ha dilatado durante seis años. En esta primera sesión del juicio se leyeron sus declaraciones de marzo de 2011, enero de 2012, febrero de 2012 y la de marzo de 2012 ante la juez Alaya, que le condujo a prisión por siete meses. Volvería a estar entre rejas un año más tarde.

Por la lectura de sus declaraciones se pudo oír a un Guerrero que ha sostenido cosas como que no había ninguna normativa reguladora para dar estas ayudas, que todo lo ponía en conocimiento de sus superiores y que nunca ocultó la inclusión de personas afines o familiares. En un ERE incluyó a su suegra, que nunca trabajó en la empresa en quiebra y a la dijo que trató "como una más". También benefició a su exchófer, Juan Francisco Trujillo, el mismo que declaró que gastaban hasta 25.000 euros de fondos públicos al mes en cocaína y de quien dijo desconocer que estaba al frente de una de las empresas beneficiadas.

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Los pasajes elegidos por la Fiscalía Anticorrupción también pusieron el foco en la multitud de ayudas concedidas en la Sierra Norte de Sevilla, área de influencia política de Guerrero y el exconsejero José Antonio Viera. Una comarca de unos 30.000 habitantes donde se repartieron la mayoría de ayudas sociolaborales previstas para toda Andalucía, 50 de 95 millones, y donde Guerrero fue alcalde de El Pedroso entre 1995 y 1999. El exdirector general de Trabajo depositó entonces directamente la responsabilidad en Viera, alegando que fue él quien ordenó beneficiar al tándem de empresarios de la Sierra Norte Rosendo-Sayago, que tenían contratada a su hija. También se leyó la versión que dio de las ayudas concedidas a un hermano del expresidente José Rodríguez de la Borbolla, de nombre Ángel, que fue alcalde de Cazalla de la Sierra, en la misma comarca sevillana. Las ayudas a su empresa, dijo Guerrero en su momento, las dio porque tenía "orden de primar a las empresas del corcho".

De sus declaraciones anteriores, que Guerrero no ratificó, también afloró su estrecha relación con el exsindicalista Juan Lanzas, uno de los mediadores principales de los ERE subvencionados, el mismo sobre el que su madre dijo que "tenía dinero para asar una vaca". En su día, el ex director general admitió que Lanzas le había pagado dos viajes con su esposa a Egipto y China.

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Guerrero básicamente se limitó a oír y en ocasiones negar con la cabeza. Hasta respondía con una sonrisa al escuchar reproducida su supuesta conversación con el entonces viceconsejero de Empleo, después consejero, Antonio Fernández, ante el bloqueo de pagos de ayudas por parte de las agencias IFA/Idea, empresas públicas pagadoras de los ERE, que ante el agujero presupuestario empezó a bloquear pagos: "Si hace falta vas allí y le das una patada en los cojones", aludiendo al gerente de la empresa pública.

El juicio arranca después de que el juez Calle haya tumbado todas las cuestiones previas presentadas por las defensas, desestimando la petición del PP de que acusar por asociación ilícita a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, lo que elimina la pena de cárcel para el primero porque su sucesor está acusado de malversación, lo que implicaría además de inahibiltación una posible pena de prisión de hasta seis años.

Habrá que esperar como mínimo una jornada más para oír declarar ante el juez a Guerrero, que ya al arrancar el juicio hizo gala de su personaje para asegurar que "estaba deseando" sentarse en el banquillo. "Ya era hora", dijo quien ante la Policía, la juez Alaya o en la comisión de investigación del Parlamento nunca se cortó un pelo al desgranar la teoría "de las criaturas", dejando claro que daba ayudas según quien se dirigía a él y negando las teorías sobre su supuesta adicción al alcohol o la cocaína.

En el cierre de la jornada, el abogado del exconsejero Antonio Fernández, el letrado Alfonso Martínez del Hoyo, advirtió de que su defendido, que debería suceder a Guerrero en las declaraciones, sí tiene intención de declarar pero "no podrá hacerlo en un largo tiempo" porque como secuela de un cáncer de garganta ya sanado tiene una "disfonía incapacitante". Algunas defensas ya sabían de este argumento que permitiría al exconsejero declarar el último tras el resto de los acusados.