La Junta quemó "folletos publicitarios" en un parque para desalojar unos almacenes

¿Qué ardía? ¿Qué se quemaba en una gran fogata a las afueras de Sevilla la tarde del viernes junto a una furgoneta con el logotipo de la Junta de Andalucía con todas sus puertas abiertas? La respuesta oficial del Gobierno andaluz se ha ofrecido unas cuatro horas después de que el Partido Popular denunciara en una rueda de prensa una misteriosa quema de papeles oficiales. Una investigación interna “de carácter administrativo” y un primer atestado de la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía se apresuraron a cerrar el paso a especulaciones. Según la versión institucional ofrecida por el Ejecutivo de Susana Díaz a El Confidencial, se trata de “material publicitario de hace años” que estaba apilado en un almacén cercano correspondiente a la Consejería de Agricultura y que iba a ser desalojado.

“El material destruido carecía de valor alguno por tratarse de publicaciones obsoletas destinadas a su eliminación”, asegura la Junta en un comunicado. Se trataba de “folletos, cartelería, trípticos y diversos catálogos de la Consejería de Agricultura”. Fue llevado en un principio para su destrucción a un punto limpio de la ciudad, pero los trabajadores descartaron esta opción "ante el temor a un posible incendio por los objetos de madera y otros objetos inflamables", explica el Gobierno andaluz. La documentación quemada provenía de unos almacenes de una agencia pública de la Consejería de Agricultura que fueron desalojados “para ahorrar los costes de alquiler, trasladando los elementos más valiosos o de interés a las dependencias de la consejería y destinando los objetos inservibles a su destrucción”. Los terrenos donde se eliminó la documentación son propiedad de la Junta.

¿Por qué se quemaron estos papeles y no se reciclaron o se siguió otro protocolo habitual? Para eso no hay respuestas aún. El Gobierno andaluz aún no ha determinado exactamente quién tomó la decisión o dio la orden pero investigar quién ha sido el responsable y anuncia medidas. En cualquier caso, insisten en que “no se trata de documentos públicos”. En ese caso sería delito. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, anunció poco después de que el PP hiciera pública la denuncia que desde la Consejería de Justicia e Interior se había abierto una investigación interna para determinar qué había ocurrido. Tras conocer lo ocurrido, lamentó la “política de insidias” del PP.

Fue la vicesecretaria de Política Institucional del PP andaluz, Patricia del Pozo, quien pidió “explicaciones inmediatas” al Gobierno andaluz tras denunciar la quema de documentos de la Junta de Andalucía en una hoguera en un descampado de la ciudad de Sevilla, perteneciente a los terrenos de un parque público. El PP conoció estos “gravísimos hechos” el pasado viernes, 1 de abril, cuando en torno a las 17:30 recibió un “aviso ciudadano”, que denunciaba la existencia, en un descampado a las afueras de Sevilla, de una furgoneta del parque público de la Junta de Andalucía junto a una “gran hoguera”. La denuncia iba acompañada de una fotografía donde se distingue claramente que se trata de un vehículo de la Junta de Andalucía.

Varios trabajadores del PP se dirigieron en ese momento al lugar señalado por un ciudadano. “Una vez allí, los compañeros que se desplazaron hasta el lugar de los hechos pudieron comprobar que entre los rescoldos de una hoguera había material de la Junta de Andalucía y restos de papel junto a anillas metálicas de archivadores”, aseguró la diputada del PP.

Otras 10 hogueras

Del Pozo reveló que, además, en el mismo descampado había restos “de otras 10 u 11 hogueras”, que hacen pensar que “pudiera ser presuntamente un lugar habitual donde se queman papeles”. El lugar se encuentra en los terrenos del Parque Público Riberas del Guadaira, a 25 metros de la vía del tren y 50 metros de carril bici.

“¿Qué se está quemando?”, insistió la vicesecretaria del PP andaluz, quien anunció que el PP pedirá explicaciones en el Parlamento de Andalucía. Además, preguntó si “este es el protocolo de destrucción de documentos de la Junta, si la Junta tiene autorización para hacer estas fogatas y quién ha dado la orden para ello”.

Para la dirigente popular, resulta además curioso que estos hechos se produzcan en un momento en que “está en entredicho” el papel del Gobierno andaluz por su “falta de colaboración documental” con la comisión de investigación sobre los cursos de formación. “Cuanto menos, resulta chocante”, apostilló. Los servicios jurídicos del PP están ya estudiando si estos hechos chocan con la Ley de Protección de Datos, “donde se establecen criterios sobre la destrucción de documentos públicos”, para decidir cuál sería el cauce jurídico más conveniente para poner estos hechos en conocimiento de la Justicia.

Delito penal

El diputado de Podemos Jesús Romero aseguró que este procedimiento le recuerda “a la destrucción de discos duros del PP por los papeles de Bárcenas”. “Unos rompen discos duros y otros queman documentos”, añadió. Recordó que cualquier tipo de destrucción de documentación administrativa tiene que pasar por unos “canales normalizados” en los que se decide “qué se expurga y qué no, y qué metodología se usa, pero nunca es quemarlos en un descampado”. En su opinión, cuando no se sigue ese procedimiento regularizado es “para que nadie se entere de lo que se está quemando”. Por ello, el diputado de Podemos reclamó al Ejecutivo andaluz la máxima celeridad para explicar “qué documentación había y quién ordenó que se quemase”.

Podemos recordó además el artículo 413 del Código Penal: "La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a 24 meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años".

“El Gobierno andaluz lamenta el uso torticero que desde el Partido Popular y otras fuerzas políticas se ha hecho de este asunto intrascendente y carente de veracidad, con el único objeto desprestigiar al Ejecutivo”, agrega el comunicado. El informe de la Policía autonómica detalla el complicado acceso al lugar y relata que de los restos de fogatas los agentes recuperaron “una caja vacía sin quemar con el anagrama Junta de Andalucía y bajo este el nombre de la Consejería de Educación, estando tachada la palabra Educación aun siendo legible esta; varios documentos que se aprecia claramente que son folletos informativos de desarrollo rural y de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y el resto de un cartel informativo de esta consejería”.