La juez de Aznalcóllar indaga sobre la llamada de un alto cargo para dirigir el concurso
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se trataría de un testimonio clave en el caso

La juez de Aznalcóllar indaga sobre la llamada de un alto cargo para dirigir el concurso

La Junta ignora los reveses judiciales y asegura que no cambiará en nada su apuesta por la minería como una de las estrellas del Gobierno de Susana Díaz para crear empleo

Foto: La juez de Aznalcóllar indaga sobre la llamada de un alto cargo para dirigir el concurso
La juez de Aznalcóllar indaga sobre la llamada de un alto cargo para dirigir el concurso

Ni se revisarán los procedimientos ni se pararán las adjudicaciones. Los reveses judiciales que están castigando al Gobierno de Susana Díaz en sus primeros cien días por sus últimos grandes proyectos a favor de la reapertura de minas no modificarán nada, advierten desde el Ejecutivo andaluz.

“La minería es un sector estratégico, lo hemos apoyado y lo vamos a seguir apoyando con todas nuestras fuerzas”, aseguró el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, que lidia ya con la investigación de Aznalcóllar y la sentencia por irregularidades en la reapertura de la mina sevillana Cobre Las Cruces. La Junta ha vendido una inversión global por la venta de derechos mineros en Andalucía de 1.000 millones de euros y la creación de 10.000 puestos de trabajo. La oposición en bloque ya ha denunciado las sombras sobre estas adjudicaciones y señalan en este sector un nuevo nicho de “especulación”.

En el caso de la mina de Aznalcóllar, cerrada tras la grave catástrofe medioambiental de 1998, la investigación judicial abierta tras una denuncia de la empresa perdedora del concurso, Emerita Resources, obligó a paralizar hace dos meses de forma cautelar la concesión administrativa al Grupo México Minorbis, responsable de un grave desastre medioambiental en su país e integrada por la empresa andaluza Magtel.

Más de una decena de altos cargos, implicados en el concurso, han declarado ante la Policía en calidad de detenidos. El consejero de Empleo insistió en que se han cumplido todos los requisitos legales y administrativos y se amparó de nuevo en que el procedimiento cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos de la Junta y la Intervención General. Sánchez Maldonado eludió valorar el último informe de la Policía que alerta de un posible “amaño” en el concurso millonario bajo sospecha, impulsado directamente por la actual presidenta andaluza como una de sus apuestas estrella. Tampoco quiso valorar ninguna de las actuaciones judiciales hasta el momento.

La juez de Aznalcóllar, Patricia Fernández Franco, que ya expresó sus dudas y observó “graves irregularidades” en una adjudicación que señaló no se había atenido “al más mínimo rigor”, toma declaración este miércoles a dos testigos. Entre ellos, el representante de la empresa denunciante, Emérita, y a un supuesto testigo de la llamada de un alto cargo de la Junta para intervenir en el concurso. Esta declaración puede ser clave para el caso, según fuentes judiciales.

En su denuncia por “prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal”, la empresa denunciante narra que el pasado día 11 de abril de 2014 el presidente de Magtel,Isidro López Magdaleno, se dirigió las oficinas de Emerita “con la supuesta intención de negociar la refundición de ambos proyectos para poder obtener la adjudicación”, proclamando que ellos “teníanla llave del concurso” y anunciando, para demostrarlo, que “en cinco minutos después de que él se fuera íbamos a recibir una llamada de alguien de la Consejería”. “Para nuestra sorpresa transcurrido ese tiempo recibimos la llamada deVicente Fernández, secretario general de la Consejería, para interesarse por el resultado de la reunión”, señalan en la denuncia. Aseguran que hay “varios testigos” de esa llamada.

El alto cargo aludido ha sostenido que las declaraciones hacen referencia a un periodo en el que todavía no se había producido la apertura del concurso y estaba realizando una“labor informativacon las empresas” porque se trataba de un concurso “internacional y singular”. Ha querido ser “muy rotundo” para descartar que avalara en ningún caso esa afirmación de Magtel de que tenía “la llave” del concurso. “No hemos dicho que las empresas se organizasen de ninguna manera”,“no hemos predeterminado quien iba a ganar”, añadió públicamente tras estallar el escándalo. La conversación se produjo, ha admitido Fernández, pero no para teledirigir el concurso, según defiende. Lo que nunca ha querido contestar es si el hecho de que llamara cinco minutos después de que lo indicara el presidente de Magtel fue pura casualidad. No recuerda, añade, el momento exacto de la conversación.

La juez ha abierto nuevas diligencias para investigar una parte de la denuncia que afecta directamente a Magtel por un supuesto caso de tráfico de influencias y trato de favor de la Junta. En concreto las investigaciones se dirigen contra Andrés Luque, que fue alto cargo de la Consejería de Innovación y después asesor de Magtel. La empresa bajo lupa judicial recibió 23,9 millones de euros en ayudas del Gobierno andaluz entre 2009 y 2015.

Irregularidades en la mina Las Cruces

A las investigaciones judiciales abiertas por supuesto amaño en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar se une la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que certifica irregularidades en otro de los grandes proyectos, el de mina Cobre Las Cruces, en la provincia de Sevilla. Su reapertura en 2009, paralizada tras una denuncia por contaminación de un acuífero, se permitió saltándose trámites administrativos, según el TSJA, que eran claves para el proyecto y relativos a los permisos para el plan de aguas del yacimiento. La denuncia de Ecologistas en Acción ha tumbado la concesión de esta explotación de cobre a cielo abierto aunque la Junta no piensa cambiar nada.

“Todo sigue adelante”, aseguró el responsable del Gobierno andaluz. La Junta se ampara en que no existe “ningún tipo de medida cautelar de orden penal” y que por tanto la sentencia del alto tribunal andaluz “interfiere ni cuestiona” la actividad en el yacimiento sevillano. Los servicios jurídicos del Gobierno están estudiando un recurso al Supremo contra la sentencia del TSJA. La mina seguirá abierta y funcionando porque los expedientes fallidos habían sido complementados a posteriori y las carencias serán subsanadas, alega el Ejecutivo. El consejero de Empleo eludió valorar si la autorización para la actividad realizada en 2009 había sido una chapuza administrativa, como han señalado ya desde Izquierda Unida o Podemos. “Habría que preguntarlo a quien en su momento lo hizo”, contestó. La concesión se revisó justo antes de la marcha de Manuel Chaves del Gobierno andaluz y fue firmada por el entonces consejero de Innovación, Francisco Vallejo.

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