Andalucía vuelve a la mina como tabla de salvación tras el pinchazo de las renovables

Andalucía ha batido un record histórico al sacar a concurso de golpe un total de 367 derechos de explotación minera en el subsuelo de las ocho provincias andaluzas. La oferta pública consolida la apuesta que hizo la Junta por la minería y que superó su gran prueba de fuego cuando en 2013, quince años después del desastre medioambiental de Aznalcóllar que amenazó Doñana, se anunció contra cualquier pronóstico su reapertura. En plena crisis económica, con un millón de parados y tras la debacle del ladrillo, el Gobierno andaluz ha vencido todas las resistencias iniciales, sobre todo de los ecologistas, para relanzar esta actividad y ha convertido la minería en una política económica estrella. De las energías renovables o el sueño de convertir Andalucía en una Silicon Valley, a la mina. Es una tabla de salvación que cuenta, en estos momentos, con pocos detractores. Mientras en regiones como Asturias la actividad cae, en el Sur renace.

La actividad minera pasó a mejor vida en Andalucía a finales de los 80 y principios de los 90 arrinconada por el boom de la construcción. La caída del precio del cobre y otros minerales condenó la mina al ostracismo y la convirtió en una actividad económica residual en Andalucía. El resurgimiento en países como India o China y el aumento del valor del mineral no sirvieron para espolear este sector en Andalucía. Han pasado varios lustros para que el Gobierno andaluz vuelva su mirada al subsuelo de la comunidad hostigado por la crisis económica y el alto paro en estas deprimidas comarcas. Los nuevos derechos de explotación permitirán valorar la rentabilidad del subsuelo andaluz en las ocho provincias andaluzas, pero sobre todo en Huelva, Sevilla, Almería y Granada. Se autorizarán perforaciones y prospecciones para calibrar las posibilidades económicas bajo tierra. Estos muestreos serán el primer paso para nuevas reaperturas de minas en toda Andalucía. 250.000 hectáreas, 87.000 en suelo onubense.

Las grandes multinacionales vuelven su mirada al Sur, aunque en los concursos que hasta ahora están en marcha hay alguna fórmula de consorcios con empresas locales. Desde 2012 se han sacado a concurso un total de 640 derechos mineros con una superficie total que supera las 425.000 hectáreas. Las estimaciones de la Junta son más que optimistas. Venden una inversión global por derechos mineros en Andalucía de 1.000 millones de euros y 10.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

Cuando la actividad se extinguió en la comunidad el precio del cobre rondaba los 2.500 dólares por tonelada. Ahora está en unos 12.000 dólares, explican desde la Consejería de Economía. Además insisten en que las nuevas tecnologías permiten obtener muchos recursos en zonas que hasta hace pocos años eran escombreras o balsas estériles. La reapertura de las minas de Riotinto, bajo el sello de la compañía española Matsa, ha sido uno de las primeras apuestas. El Gobierno andaluz insiste en defender que es su obligación aprovechar esta oportunidad de negocio por más que la imagen de aves petroleadas en uno de los principales humedales de Doñana tras la rotura de la balsa de Aznalcóllar en 1998 dieran argumentos a las organizaciones ecologistas de medio mundo para rearmarse contra las grandes multinacionales del sector. Aquel fue, junto al Prestige años más tarde, uno de los grandes desastres medioambientales en España.

Ahora, la mina de Aznalcóllar está a punto de reabrir excediendo incluso las garantías medioambientales de la dura normativa europea. Sus derechos de explotación salieron a concurso hace un año y las dos empresas finales que pujan por este suelo deberán concretar sus ofertas este mismo mes. La Junta contará a partir de entonces con tres meses para definir la adjudicación. Dos empresas han pasado la criba. México-Minorbis, que aúna al Grupo México y la andaluza Magtel, y la canadiense Emerita-Forbes Manhattan se disputan el negocio. Se calculan unos 400 empleos directos y 700 indirectos. El proyecto de reapertura incluye garantías medioambientales, se prohíben las balsas de lodos, y económicas, las empresas se tienen que comprometer a asumir todos los costes laborales si cierran. El anuncio de la reapertura fue acogido como una bocanada de oxígeno para una comarca hundida económicamente desde el desastre medioambiental.

Sin noticias de Boliden

La sueca Boliden, empresa que explotaba Aznalcóllar cuando reventó la balsa, se largó definitivamente en 2001 y dejó 450 parados en la zona. Hoy todavía burla la reclamación de 90 millones de euros por el costo de la limpieza y la restauración que tuvo que asumir la administración. La vía penal se cerró con 21 técnicos absueltos y por la vía civil hasta ahora la Junta tampoco ha tenido éxito. Un juzgado sevillano volvió a reabrir la demanda hace un año por orden del Supremo. Todavía, informa la Junta, se está traduciendo al inglés y sueco documentación imprescindible para reactivar el proceso judicial.

Los ecologistas que rechazan el boom minero en Andalucía advierten de que estas minas tienen un ciclo de vida corto y el negocio se agotará en poco tiempo devolviendo a la depresión a estas comarcas. Exigen a la Junta que buena parte de los beneficios que se obtengan por estos nuevos derechos se inviertan en las zonas que soportarán la actividad para diversificar sus posibilidades económicas. Ecologistas en Acción critica que las multinacionales que lideran estos negocios son conocidas por “desaparecer con el beneficio, dejando atrás paro, enfermedades profesionales y destrucción social y ambiental”. También acusan a la Junta de situarse en una posición “acrítica” y aferrarse a la minería como “tabla de salvación”.

Llama la atención que sea un Gobierno en el que participa Izquierda Unida, aún bajo el sello de Los Verdes, el que haga esta apuesta por la minería. Los socios del PSOE no han mostrado especial entusiasmo por esta iniciativa política pero tampoco han puesto grandes pegas. Esgrimen que los proyectos cuentan con importantes garantías y cautelas medioambientales y que la generación de empleo será clave. Las fuerzas de IU se concentran en combatir el fracking en las costas andaluzas o declarar Andalucía tierra libre de transgénicos. La vuelta de muchos andaluces a la mina en 2015 parece camino de ser una realidad. La intención del Gobierno de reformar por vía urgente la normativa española respecto a esta actividad, que tiene 40 años de antigüedad, mantiene en alerta al Gobierno andaluz, que exige más tiempo para ajustarse a los cambios de la ley de minas. Una demanda que secunda la patronal minera Aminer. Ambos ejecutivos ya libraron una batalla competencial finalmente salvada por la vía pacífica ante la reapertura de Aznalcóllar. Hay recelos entre ambos gobiernos.