La empresa que denunció en Aznalcóllar relata a la juez “un auténtico chantaje”

La llamada que recibió la empresa Emerita Resources de un alto cargo de la Junta en relación a la adjudicación de Aznalcóllar fue una “medida de presión” y las advertencias del presidente de Magtel, empresa en el tándem ganador del concurso, asegurando que tenían “la llave” de la adjudicación fue “un auténtico chantaje”.

Con esta contundencia se han expresado ante la juez que investiga las supuestas irregularidades en el proceso un técnico de Emérita que presenció la llamada del secretario general de Innovación de la Consejería de Economía, Vicente Fernández, y el presidente de la empresa que interpuso la denuncia por “malversación”. Ambos han declarado ante la instructora para reafirmarse, según han confirmado fuentes judiciales, en todos los términos recogidos en la querella que abrió este caso.

El abogado de Emerita, Ramón Escudero, ha asegurado al término de las comparecencias que está “claro” que la llamada del alto cargo de la Junta era “una medida de presión” y que el presidente de Magtel, Isidro López Magdaleno, formuló un “auténtico chantaje”. Siempre según los testigos su papel se limitó a exigir un tanto por ciento de la empresa sin aportar nada a cambio y bajo la premisa de que solo con él se podía conseguir la explotación de la mina. Según este técnico presente en la reunión el dueño de Magtel se interesó por cuanto se ganaba en Emerita y aseguró tener la llave del concurso. “La mina va a ser de la persona que esté con nosotros en el proyecto”, planteó según ha declarado ante la juez este testigo.

En su denuncia, Emerita narra que el pasado día 11 de abril de 2014 el presidente de Magtel, Isidro López Magdaleno, se dirigió las oficinas de Emerita “con la supuesta intención de negociar la refundición de ambos proyectos para poder obtener la adjudicación”, proclamando que ellos “tenían la llave del concurso” y anunciando, para demostrarlo, que “en cinco minutos después de que él se fuera íbamos a recibir una llamada de alguien de la Consejería”.

“Para nuestra sorpresa transcurrido ese tiempo recibimos la llamada de Vicente Fernández, secretario general de la Consejería, para interesarse por el resultado de la reunión”, señalan en la denuncia. En los mismos término el abogado de esta empresa ha recordado que cinco minutos después el representante de Emerita recibió la llamada del secretario general aunque "para no decir nada", pues le trasladó únicamente que la Administración autonómica tenía cierto "interés" en la reunión, añadiendo que Emerita considera que la llamada era "una medida de presión" para que entendieran que alguien de Magtel tenía "acceso directo" al secretario general.

Escudero también ha sostenido que el proyecto ganador, de México-Minorbis, y donde participa Magtel, era “inviable” y además “insostenible”. Como prueba han alegado que ni siquiera pidieron los permisos pertinentes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para el plan de aguas, clave en la explotación. En este sentido también fuentes del caso indican que Emerita ha sostenido ante la juez que su proyecto fue “copiado” en muchos de sus planteamientos. Un informe de la Udef sobre el caso apunta igualmente a un presunto delito de “espionaje” en el que implican a la empresa de ingeniería Ayesa.

La juez seguirá en los próximos días tomando declaración a otros técnicos conocedores de la adjudicación y el próximo día 14 de julio ha citado a declarar a una trabajadora de la sociedad pública de Invercaria, que prestó asesoramiento para acreditar la solvencia económica de las empresas que optaban al concurso. Su declaración trata de dilucidar otro aspecto dudoso del concurso y que se refiere a la solvencia del memorándum firmado entre Magtel y Grupo México, que era la que aportaba la solvencia económica y técnica exigida.

Magtel ha remitido un comunicado en el que asegura que emprenderá acciones legales por calumnias e injurias contra Emérita por el "cúmulo de falsedades y mentiras" que está haciendo públicas la empresa perdedora del concurso de la mina de Aznalcóllar. Ha dado órdenes a sus letrados para que "acrediten la realidad de lo verdaderamente acontecido, se desmonten las tendenciosas e interesadas mentiras de Emerita y sobre todo, que emprendan concretas acciones penales por calumnias e injurias contra Emerita, sus representantes legales, portavoces y contra todos aquellos que sin más prueba que su propio interés espurio, denosten la buena fama, el honor y el buen nombre del Grupo Empresarial y de sus representantes".

El concurso fue tramitado con total "escrupulosidad", afirma el documento, y la oferta de Grupo Nuevo México-Minorbis era "infinitamente mejor que la de su competidor. Por eso, Magtel tiene la absoluta seguridad de que se aclarará la "infame denuncia" de Emerita.