Los bancos cobraron a la Junta 104 millones por avales a empresas que echaron el cierre
De esa cantidad, Gobierno andaluz solo ha podido recuperar 74 millones de euros, por lo que el saldo negativo para las arcas públicas supera los cien millones
Los bancos le han cobrado a la Junta de Andalucía un total de 174 millones de euros por actuar como avalista de empresas que están en concurso de acreedores y han echado el cierre. De esta cantidad, el Gobierno andaluz solo ha podido recuperar 74 millones de euros, por lo que el saldo negativo para las arcas públicas supera los cien millones. Son datos que abarcan las ayudas concedidas desde 2008 hasta 2012 por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, organismo público dependiente de la Consejería de Economía. Los números figuran en la auditoría de la Cámara de Cuentas y en una respuesta parlamentaria del Gobierno al Partido Popular. El Gobierno andaluz pelea, sin éxito, en los tribunales por recuperar el resto del dinero que prestó a empresas que no han sobrevivido a la crisis y que en muchos casos cerraron en el mismo año en que recibieron el crédito bancario.
Desde 2008, la Junta ha concedido un total de 210 millones de euros en avales a 153 empresas de naturaleza muy distinta. Es una de las líneas de ayudas empresariales puestas en marcha por la administración andaluza junto a otras como el préstamo de créditos reembolsables y las ayudas directas a fondo perdido para reforzar el débil tejido empresarial andaluz. El cerrojazo por parte de la banca y el endurecimiento de requisitos para acceder al crédito empujó al Gobierno andaluz a actuar como avalista pero los resultados han sido muy discutibles.
Con todo, el mayor desembolso desde la agencia IDEA se ha realizado para Santana Motor, donde el organismo público figuraba como uno de sus principales accionistas. Las ayudas concedidas a esta empresa arrojan 200 millones de euros en pérdidas sin contar con el pago de las pólizas a los prejubilados incluidos en su plan de extinción de empleo. Santana tiene mucho que ver con el agujero contable que arrojan los números del organismo público, que según los últimos datos difundidos suma pérdidas acumuladas de 418 millones de euros.
Las cantidades reclamadas a la Junta por los bancos se incorporan directamente como pérdidas en las cuentas de su agencia pública. El 82% de los préstamos avalados por el Gobierno andaluz han sido ejecutados por las entidades bancarias, pagando la Junta porque las empresas se declaran insolventes.
La Cámara de Cuentas ha recomendado a IDEA que revise su política de ayudas públicas al detectar un elevado número de proyectos “fallidos” entre aquellos que ha subvencionado. En concreto, el órgano fiscalizador se refiere a lo ocurrido en 2012, cuando IDEA actúa como avalista para dos empresas que en el mismo ejercicio presentan ejecuciones por parte de los bancos. “Se insta a la Agencia IDEA a que ponga en ejecución una revisión de los procedimientos de análisis técnico que efectúa para el otorgamiento de estas garantías, de manera que se incida de manera más estricta sobre el análisis empresarial de la viabilidad eidoneidad de los proyectos y ello redunde en una disminución de las ejecuciones de aval porfallidos”, recoge el informe de la Cámara de Cuentas, que alerta de un “alto índice de ejecuciones de aval por fallido existente”.
Es en 2008 cuando el organismo público comienza a actuar como avalista de empresas que necesitan préstamos de entidades financieras. Antes esta política no era habitual sino extraordinaria. Los avales se intensifican en 2009 y 2010. En cada uno de estos ejercicios la Junta actúa como avalista para 89 empresas, con pérdidas de 71 y 84 millones de euros respectivamente, según datos del Gobierno en una respuesta parlamentaria. En 2012 esta línea se restringe de nuevo para solo dos empresas. A una de ellas, la constructora Gea 21 se le conceden 21 millones de euros. En 2013 cesó esta práctica. De las 153 empresas para que la Junta ha actuado como avalista un total de 70 se encuentran en situación concursal, en disolución, se han declarado insolventes o han decretado su cierre provisional. En 2009y 2010 la agencia IDEA sobrepasó el límite establecido en el articulado de la ley de presupuestos para estas políticas.
El Partido Popular alerta además de que muchas de las empresas que son avaladas por el Gobierno andaluz a través de IDEA figuran como perceptoras de las ayudas sociolaborales en la partida del caso de los ERE fraudulentos. En concreto son quince empresas las que coinciden. Entre las empresas que fueron avaladas por IDEA para recibir un préstamos y que son investigadas por la juez Mercedes Alaya por intrusos e irregularidades en sus ERE financiados con fondos públicos figuran Aglomerados Morell, Saldauto o Corchos y Tapones de Andalucía, entre otras.
Los bancos le han cobrado a la Junta de Andalucía un total de 174 millones de euros por actuar como avalista de empresas que están en concurso de acreedores y han echado el cierre. De esta cantidad, el Gobierno andaluz solo ha podido recuperar 74 millones de euros, por lo que el saldo negativo para las arcas públicas supera los cien millones. Son datos que abarcan las ayudas concedidas desde 2008 hasta 2012 por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, organismo público dependiente de la Consejería de Economía. Los números figuran en la auditoría de la Cámara de Cuentas y en una respuesta parlamentaria del Gobierno al Partido Popular. El Gobierno andaluz pelea, sin éxito, en los tribunales por recuperar el resto del dinero que prestó a empresas que no han sobrevivido a la crisis y que en muchos casos cerraron en el mismo año en que recibieron el crédito bancario.