EL EXCONSEJERO DE TRABAJO, AFORADO AL SER DIPUTADO EN EL CONGRESO

Alaya se reincorpora con la ‘patata caliente’ de la posible imputación de Viera

…Y a los seis meses se reincorporó. Mercedes Alaya volvió ayer a su plaza de magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tras su

Foto: Alaya se reincorpora con la ‘patata caliente’ de la posible imputación de Viera
Alaya se reincorpora con la ‘patata caliente’ de la posible imputación de Viera
…Y a los seis meses se reincorporó. Mercedes Alaya volvió ayer a su plaza de magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tras su baja por enfermedad producida por cefaleas (fuertes dolores de cabeza) y estrés. Alaya acudió a su despacho del Prado de San Sebastián equipada con su clásica maleta con ruedas, donde previsiblemente guardaba documentación del caso de los ERE falsos, la trama que lleva investigando desde hace dos años.   

Este asunto de las ayudas sociolaborales otorgadas por la Consejería de Trabajo a través de la agencia IDEA, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Andalucía, cuenta con un protagonista que se va a convertir en la gran patata caliente de la instrucción de Alaya. Se trata de José Antonio Viera, consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2004. Viera, clave en la trama tras mantener a Francisco Javier Guerrero en la dirección General de Trabajo, es parlamentario en el Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla.    
 
El aforamiento del extitular de Trabajo en el Gobierno de Manuel Chaves es el gran problema para Mercedes Alaya. Si decide imputarle, la juez podría perder esta parte del caso en beneficio del Tribunal Supremo. Persisten las dudas judiciales sobre si la posible imputación supondría no sólo la retirada de la llamada pieza Viera, sino del resto del asunto judicial (60 tomos y 30.000 folios), que propició una comisión de investigación que se cerró el pasado mes de noviembre en falso tras 32 comparecencias en el Parlamento de Andalucía.    
 
Alaya no dudó en no sólo imputar, sino en ordenar la entrada en prisión de Antonio Fernández (sucesor de Viera en el cargo de consejero y viceconsejero con este) en la madrugada del 24 de abril de 2012. Fernández estuvo cuatro meses en prisión. La Fiscalía lo considera responsable de la concesión de 646 millones de euros en ayudas ilícitas con cargo al programa presupuestario 31.L o 'fondo de reptiles'. Para Anticorrupción, la Junta de Andalucía ideó y puso en práctica un sistema sin control alguno.     
 
“No voy a decir nada sobre esto, ni sobre Antonio Fernández. Llevo mi vida normal”, respondió Viera en declaraciones a El Confidencial tras la llamada telefónica de este diario. El exconsejero de Trabajo negó en la comisión de investigación de los ERE falsos su vinculación con la trama de la Sierra Norte de Sevilla, cuya zona logró 51 millones de euros de ayudas, frente a los 31 millones del resto de Andalucía.     
 
¿Y la consejera Martínez Aguayo?   
 
José Antonio Viera se limitó a decir en su comparecencia parlamentaria que en la Sierra Norte sevillana conocía “a mucha gente”. “Voy a El Pedroso”, explicó, “desde 1965 [tiene una casa en el pueblo], pero no he dado ayudas a familiares directos”, resaltó. En la intervención de Viera, en la que se habló de ayudas a una empresa en la que trabajó su hija, era muy importante distinguir entre las falsas prejubilaciones (“no hay ERE irregulares, los ERE son siempre legales”) y las “irregularidades en las pólizas”.   
 
No será el único asunto de especial importancia que tratará la juez. Alaya también estudiará la posible implicación judicial en el caso de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, quien en abril de 2011 decidió echarse la culpa política y recibir todos los golpes. Como ella misma reconoció, Martínez Aguayo no informó al entonces consejero de Economía y Hacienda del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, del informe de la Intervención General de la Junta, que desaconsejaba el sistema de ayudas a empresas.   
 
Martínez Aguayo era en 2005 viceconsejera de Hacienda cuando Intervención alertó de que la Consejería de Empleo, con la autorización de Economía y Hacienda, se había extralimitado en el pago a terceros al carecer de cobertura presupuestaria. La Junta de Andalucía pagó 199 millones de euros en ayudas a empresas, aunque sólo se presupuestaron 38 millones, según el informe de Intervención General de la Junta enviado en 2005 a Empleo.   
 
En el plano interno, Alaya deberá compatibilizar su trabajo con la juez Ana Rosa Curra, magistrada titular, pero sin plaza fija. Curra, según ya adelantó El Confidencial el pasado 12 de febrero “no quería adjudicarse la compleja instrucción [que ya se prolonga más de dos años] si no tenía todo el poder para asumir con su criterio y ritmo las pesquisas judiciales”. El magistrado Rogelio Reyes también continuará en principio en el Juzgado de Instrucción número 6. Se especializará en el caso Lopera, la otra gran pieza judicial de este juzgado, que lleva paralizada ya más de seis meses (los cinco de baja por cefaleas de Alaya más el mes de agosto de vacaciones).
Andalucía
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