El fraude de las grabaciones de Invercaria podría superar los 40 millones

El posible fraude de la empresa Invercaria, entidad de capital riesgo dependiente de la Junta de Andalucía, podría superar los cuarenta millones de euros, según los datos que obran en poder del secretario general del PP-A, Antonio Sanz, que ha pedido responsabilidades políticas a Griñán, bajo cuyo mandato se nombró a Laura Gómiz, que en las grabaciones aparece instando al director de Promociones a que falsee documentos. El dinero iba dirigido a empresas y se da el caso, según Sanz, de que algunas de ellas recibieron el capital sin haberlo pedido siquiera.

El caso del supuesto segundo fondo de reptiles que se ha destapado en la empresa Invercaria ha provocado la reacción contundente de la Junta y de la propia afectada, Laura Gómiz, que anuncia querellas contra quienes le acusen de falsear documentos. El actual presidente de Invercaria, Francisco Álvaro Julio, que hace sólo unas semanas sustituyó a Gómiz, tras dejar ésta la entidad por motivos personales, asegura que la grabación que se ha hecho pública y en la que Gómiz insta a un director de Promociones de Invercaria a que falsifique fechas y datos de los informes que avalaban créditos a empresas, está “manipulada” y que Invercaria ya hizo un peritaje sobre ello que se ha presentado al juzgado.

La grabación y el fondo

Francisco Álvaro asegura que se producen cortes en la grabación cuando se alude a informes técnicos, y que la base del diálogo se refería al volcado de los datos sobre empresas a un nuevo sistema informático de la empresa. No obstante, el nuevo presidente de la sociedad, que dice apoyar la gestión de su antecesora, no se pronuncia en los apartados relacionados con la deontología profesional del técnico y las palabras de Gómiz en las que asegura que si tuviera que atenerse a la ética no estaría trabajando allí.

La grabación fue hecha por Cristóbal Cantos y a lo largo de la reunión de la que se da cuenta en ella, este directivo se niega a falsificar documentos, como presuntamente le pedía la presidenta Gómiz, aludiendo a la deontología profesional. Para el actual presidente de Invercaria, que proviene de la Agencia Idea, accionista mayoritaria de esta sociedad, Cantos habría escogido los cortes de la conversación que coinciden con sus intereses en un proceso de carácter laboral, ya que este directivo fue  despedido de la empresa.

Empresa auditada y controlada por la CNMV

Francisco Álvaro asegura que Invercaria es una empresa auditada y controlada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, subrayando así que su comportamiento se ajusta en todo momento a la normativa legal.

Sin embargo, la grabación objeto del escándalo corresponde a una reunión entre la ya ex presidenta de Invercaria y su director de Promociones, a raíz precisamente de un informe de la Cámara de Cuentas en el que esta institución pide que se aclaren algunos términos de créditos concedidos. Para corregir estas lagunas es para lo que Gómiz parece querer convencer a su subordinado de que haga informes con rechas falsas y poder responder así a la demanda de la Cámara de Cuentas justificando la actuación de la empresa de capital riesgo.

Créditos que no se pedían

El secretario general del PP, Antonio Sanz, sin embargo, no tiene dudas de que la grabación corresponde a un esquema de funcionamiento por el cual Invercaria le daba dinero a empresas amigas del PSOE, y en algunos casos estos créditos se concedían no ya sin que hubiera expedientes reglados sino sin que algunas empresas lo pidieran.

Este manual de funcionamiento, siempre según la versión de Sanz, responde a los mismos criterios detectados en el caso de los ERE falsos, hasta el punto de que el secretario general del PP lo califica como una nueva línea de fondo de reptiles, a partir de la cual se habrían destinado más de cuarenta millones de euros de forma presuntamente irregular de dinero público.

Sanz hace hincapié, por otra parte, en el hecho de que Laura Gómiz hubiera sido nombrada presidenta de Invercaria en 2010 y, por tanto, bajo el mandato de José Antonio Griñán, exigiéndole al presidente de la Junta “responsabilidades políticas”. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a preguntas de los periodistas, se ha referido a este caso calificándolo de “poco edificante”.