Una aseguradora belga que pagaba parte de los EREs quiebra por impagos de la Junta

Enésimo capítulo en el caso de los falsos EREs surgidos al amparo de la Junta de Andalucía y donde se colaron distintos beneficiarios que jamás habían trabajado en las empresas afectadas. Más de 1.500 prejubilados han visto suspendidas sus percepciones mensuales por la desaparición de la aseguradora belga, Apra Leven NV, que tenía el compromiso de abonarlos. Además, al tratarse de una entidad sin implantación en España, los afectados no podrán beneficiarse de la protección que presta el Consorcio de Compensación de Seguros para casos de quiebra o liquidación de aseguradoras sometidas a la jurisdicción española.

En los casos de prejubilaciones pactadas entre empresas y trabajadores, mediante ERE o sin él, la fórmula que se suele adoptar es el pago por parte de la empresa de una cantidad o prima única a la aseguradora que convierte ese dinero en una renta temporal que cubre las mensualidades hasta el momento que se consolida la jubilación del afectado. Por una serie de causas que han sido investigadas por la juez de Sevilla Mercedes Alaya parte del negocio de las prejubilaciones fue a parar tanto a intermediarios como a aseguradoras de dudosa solvencia, lo que ha sembrado de dudas la actuación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Por otro lado, los administradores provisionales de Apra Leven, Claude Desseille y Christian Defrancq, culpan de la liquidación de la aseguradora belga a una deuda de primas impagadas por la Junta de Andalucía de 32 millones de euros. El Confidencial se ha puesto en contacto con la consejería de Empleo andaluza sin obtener ninguna aclaración al respecto.

En una carta remitida el 21 de febrero a los aseguradores españoles afectados, Apra Leven explica que “debido al deber que tienen los liquidadores de buscar soluciones que respeten la igualdad entre todos los asegurados cuya totalidad de primas ha sido pagada y, de conformidad con las decisiones de la Comisión Bancaria, Financiera y de Seguros (CBFA), han decidido suspender el pago de las rentas en curso de estos contratos”. La situación perdurará hasta que la Junta de Andalucía no regularice su situación de impago frente a Apra Leven. 

El perfil de solvencia de esta pequeña aseguradora belga, que el 7 de marzo dejó de operar tras ser intervenida por la CBFA de Bélgica, no debía de ser muy boyante cuando los representantes de la entidad alegan que su liquidación se precipitó a raíz del impago de la Junta. La liquidación de la entidad ha supuesto la revisión de los abonos mensuales que la aseguradora venía realizando a unas 5.000 personas, tanto en Bélgica como en Andalucía. El abogado Andrés Jiménez de Parga, representante de Apra Leven NV en España, ha informado a la agencia Europa Press que la deuda se remonta a los años 2007 y 2008, cuando la Junta estaba presidida por Manuel Chaves.

Un problema asegurador enredado

Según fuentes conocedoras de la situación, la entidad que ayudó a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a tramitar ciertos EREs, como el de Mercasevilla, fue la consultora catalana Vitalia Vida, que mantenía vínculos con la mutualidad Fortia Vida, surgida de la fusión de negocios de las mutualidades Norton Life y Personal Life, antiguas mutualidades del entramado Eurobak. Todas estas mutualidades aseguradoras se encontraban bajo la tutela administrativa de la Generalitat de Cataluña, que decidió intervenir Fortia Vida en abril de 2009 tras detectar problemas de solvencia derivados de inversiones inmobiliarias y del traspaso de pólizas a la belga Apra Leven. Pólizas que, por otra parte, correspondían a contratos de prejubilaciones efectuados con dinero público tanto de empresas andaluzas como de otras ubicadas en Asturias.

La liquidación ordenada de Fortia Vida corre a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros. Todo el entramado que rodea esta entidad está siendo investigado actualmente por la Fiscalía de Barcelona, por presentar evidentes muestras de fraude y desviación de fondos. Como responsable del entramado financiero tejido las informaciones señalan a Eduardo Pascual,  aunque actuando mediante una administradora interpuesta, María Vaqué. La Fiscalía de Barcelona exige una indemnización de 35 millones de euros a siete personas relacionadas con los problemas de Fortia.  

Apra Leven intenta encontrar una solución al problema y podría transferir sus compromisos de pago con sus asegurados a otra entidad, aunque los prejubilados españoles seguirán sin cobrar mientras la Junta de Andalucía no abone la adeuda. Los afectados pueden ampliar esta información en el número de teléfono + 32(0) 3 610 54 00; o bien en la siguiente dirección de e-mail: info@apraleven.com. También por carta en la siguiente dirección: Jan Van Rijswijcklaan 66 à B-2018 Antwerpen.

En las redes sociales se viene promoviendo en los últimos días una movilización de los afectados por la desaparición de Apra Leven, que consistiría en una manifestación en Madrid ante la DGSFP, aunque poco podrán hacer las autoridades españolas del sector asegurador en este caso. Tampoco sería legal que el Consorcio de Compensación de Seguros, que se nutre de los fondos que percibe de los seguros pagados, se hiciera cargo de las indemnizaciones.