La Junta gastará 180.000 euros en indemnizar a las andaluzas víctimas del franquismo

¿Algún remedio para evitar la sangría de votos del PSOE-A? Nada mejor que contentar al a la izquierda del electorado. La última ocurrencia de la Junta de Andalucía cumple con esta misión. Ahora se trata de indemnizar a un centenar de mujeres andaluzas víctimas del franquismo. El Gobierno andaluz se gastará 180.000 euros en esta medida (1.800 euros para cada una). La Junta calcula que 100 mujeres se beneficiarían de este decreto aprobado por el Consejo de Gobierno.

 

Fuentes políticas consultadas por El Confidencial confirmaron que esta iniciativa de la Junta de Andalucía responde al interés del Gobierno Griñán por intentar atraer a su electorado más próximo a las tesis de Izquierda Unida tras la previsible pérdida de la mayoría absoluta e incluso de la mayoría relativa que certifican las últimas encuestas en Andalucía.

“Reparación mora y reconocimiento a su papel en la construcción de la actual sociedad democrática”, argumenta el consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, para justificar este inesperado gasto. En esta medida no están incluidos ni los hombres, ni los damnificados por las represalias del bando republicano.

El Gobierno andaluz plantea los 14 años represión de más dura de la Dictadura de Franco –entre 1936 y 1950– como el periodo que tendrá en cuenta para el pago de las indemnizaciones. Las acciones vejatorias que se analizarán se centran en el rapado de cabezas, la ingesta de aceite de ricino y la exposición al escenario público.

Las mujeres podrán presentar cualquier prueba admitida en Derecho incluidos testimonios de terceros y declaraciones juradas. Las afectadas contarán con un plazo de tres meses a partir de la publicación del decreto en el BOJA para presentar la solicitud y con las pruebas que consideren necesarias, y podrán hacerlo a través de los registros públicos de la Consejería de Gobernación y Justicia y de las delegaciones del Gobierno de la Junta.

La valoración de las pruebas de las mujeres la evaluará el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo, cargo de confianza de Pizarro y muy bien relacionado con el ex presidente Manuel Chaves y Gaspar Zarrías. Gallo fue quien recibió la primera denuncia de dos empresarios del restaurante La Raza por el intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros. El germen del caso Mercasevilla. Pero este alto cargo de la Junta tardó 16 días en entregar la cinta al viceconsejero Empleo del Gobierno andaluz.

El Partido Popular no quiso responder ayer a esta iniciativa del Gobierno Griñán. Calló a la espera de la reacción de la opinión pública. Ni siquiera los diputados populares consultados por este diario quisieron expresar su postura. Eso sí, fuentes próximas a este partido intentaron revelar la estrategia socialista: “Intentar mantener esa llama encendida y el PSOE cree que les va a sacar partido”.

Desde 20011 el Gobierno andaluz indemniza a las víctimas de la represión en la dictadura franquista. Desde que se aprobó este decreto, la Junta ha pagado a 2.480 personas represaliadas con un importe global de 9,5 millones de euros. De ellas, tan sólo 85 son mujeres.