El Supremo avala el juicio por blanqueo de dinero de la droga contra el abogado de Puigdemont

El Tribunal Supremo ha confirmado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. La Fiscalía Antidroga pide nueve años y nueve meses de prisión para Boye en esta causa por el presunto cobro de 10.000 euros a cambio de lavar dinero para la organización criminal liderada por el narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco.

Como adelantó El Confidencial, el abogado había presentado un recurso de casación en el que argumentaba que la Audiencia Nacional había perdido la competencia para enjuiciarle por blanqueo de capitales porque esta investigación se había tramitado mediante una pieza separada de la causa principal por delito de tráfico de drogas. Según el letrado, los dos delitos no eran conexos y no debían ser enjuiciados de forma conjunta, lo que le llevaba a pedir que la causa pasara a los juzgados de Madrid.

“Es difícil de encontrar un ejemplo más apropiado de conexidad que el que vincula al delito de blanqueo de capitales con el tráfico de drogas que constituye su precedente”, advierte el Supremo en su sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena. "Entre los delitos imputados en la presente causa —tráfico de drogas y blanqueo de capitales— existe una relación inescindible que convierte el enjuiciamiento conjunto en una garantía para el propio acusado”.

Esta decisión obligará a Boye a sentarse en el banquillo junto a Sito Miñanco y otras 45 personas. La fecha para la celebración de este juicio aún debe concretarse y la ley de amnistía en principio no le beneficiará, pero queda por ver si las llamadas comisiones parlamentarias del lawfare abordan la causa. "Las conclusiones (...) se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política", sostiene el pacto que el PSOE firmó con Junts el pasado noviembre.

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En octubre de 2019, cuando se conoció la imputación de Boye en esta causa, esa fue precisamente la palabra que utilozó Puigdemont para criticarlo: "Lawfare a todo trapo", denunció a través de sus redes sociales. "Cuando alguien les gana las partidas y los deja en evidencia, embestir sin miramientos. Ahora que encaramos la tercera euroorden, a Boye le pretenden hacer difícil su trabajo. No se saldrán con la suya".

​De Miñanco a Boye

La investigación que cerca a Boye se remonta a febrero de 2016, cuando Sito Miñanco cumplía una condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras por un delito contra la salud pública. Para entonces, el gallego ya disfrutaba del tercer grado y estaba trabajando en un parking de esa localidad, pero, según la Audiencia Nacional, aún mantenía sus contactos en organizaciones de Sudamérica y comenzó a poner en marcha un plan para introducir cuatro toneladas de cocaína en España.

Boye ejercía en aquel momento como abogado de Miñanco y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) le sitúa como cerebro de una maniobra para blanquear el origen de 889.000 euros que incautaron a la banda en febrero de 2017 en el aeropuerto de Barajas. "Fue el encargado de intentar recuperar ese dinero mediante la confección de unos contratos en los que se fingía la compraventa de unas letras de cambio", recogía un informe policial al que tuvo acceso El Confidencial.

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"Elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio en garantía de unos préstamos hipotecarios en el expediente sancionador que permitirían así justificar ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera el origen legal del dinero intervenido", explicó la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón en diciembre de 2020, al acordar su procesamiento junto a otros dos abogados por esta supuesta falsificación de documentos para el blanqueo.

En lo que se refiere al supuesto cobro de 10.000 euros por estos servicios, la sospecha se apoya en las conversaciones que el abogado guardaba en una carpeta denominada 'blanqueo de capitales' y en unos manuscritos que hallaron el 5 de febrero de 2018 en la casa de Luis Enrique García Arango, lugarteniente de Miñanco. Los investigadores subrayan que este hacía de nexo "con las organizaciones exportadoras de sustancia estupefaciente en Colombia", supervisaba a los hombres de Miñanco en España y llevaba "la contabilidad", por lo que las anotaciones de "Gonzalo 10" y "Abogado Gonzalo 10" que aparecieron en su casa les llevaron a sospechar del cobro.