Guerra de conflictos en el Constitucional: el Gobierno se adelanta al Senado

El Tribunal Constitucional se está convirtiendo en esa cuerda con dos extremos de la que tiran el Gobierno y el Partido Popular para reprocharse mutuamente asuntos de lo más variopinto. Moncloa le ha tomado la delantera al PP en este punto. El TC ha estudiado en su Pleno un conflicto de competencias planteado por el Gobierno contra el Senado por no aceptar su veto presupuestario a una proposición de ley del grupo popular sobre la derogación del impuesto de sucesiones. El Pleno ha admitido a trámite el conflicto entre órganos constitucionales.

En concreto, el acto impugnado es el acuerdo de la Mesa del Senado de 21 de noviembre de 2023, después ratificado el 18 de enero de 2024, por el que se toma en consideración para su tramitación la proposición de ley por la que se deroga la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en contra del criterio del Gobierno de la nación, adoptado al amparo del artículo 134.6 de la Constitución Española.

Antes de acudir al tribunal de garantías, el Ejecutivo ha realizado los pasos previos indispensables. El pasado diciembre el Consejo de Ministros acordó requerir a la cámara alta que revocara esta decisión. Aseguraba con base en la Carta Magna que no se pueden tramitar proposiciones que supongan un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios sin la conformidad expresa del Gobierno.

En noviembre, el presidente del Senado ya había recibido antes de este acto formal un escrito del Gobierno en el que se mostraba su disconformidad y se recordaba el impacto presupuestario. Contaban con un informe del Ministerio de Hacienda que aseguraba que eliminar el impuesto supondría una pérdida en la recaudación del gravamen no cedido a las comunidades autónomas. "La Proposición de Ley supondría que el Estado compense a las comunidades autónomas con el importe recaudado por el impuesto por cada comunidad autónoma en el último ejercicio fiscal antes de la entrada en vigor de esta iniciativa legislativa", indicaba.

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Ana Belén Ramos

A pesar de haber recibido el escrito, la Mesa del Senado continuó adelante y adoptó un acuerdo en el que rechazó la disconformidad del Gobierno. El Ejecutivo argumenta que la cámara que controla el PP se está extralimitando en sus funciones ya que no le corresponde realizar un control parlamentario de naturaleza política en un asunto que constitucionalmente requiere un aval previo de Moncloa. El TC analizará la admisión a trámite en los próximos días, aseguran fuentes jurídicas consultadas.

Dudas del PP en el conflicto de la amnistía

Mientras esto sucede, el PP avanza en su propio conflicto, en este caso planteado al revés. Respecto a la tramitación y aprobación de la ley de amnistía, es el Senado en el que lidera un conflicto, en este caso contra el Congreso. Los populares dudan a la hora de llevar este segundo tira y afloja hasta las últimas consecuencias y recurrir al TC. Muchos consideran que se daría así la opción de que el tribunal, de mayoría progresista, anticipara una opinión respecto a la constitucionalidad de la norma cuando debe esperar a que los tribunales europeos se pronuncien en respuesta a las cuestiones prejudiciales del Supremo y otros.

El Senado basa el conflicto en el hecho de que la aprobación de la ley de amnistía supone impulsar "una reforma constitucional encubierta". Asegura que las dudas de inconstitucionalidad provocan que la norma "debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional". Explican que se encuentran en este momento ante "la obligación formal de tramitar una iniciativa que se ha autocalificado como ley orgánica, cuando en realidad se está tratando de una reforma constitucional o de una ley inconstitucional", lo cual supone "una invasión del poder constituyente radicado en esta cámara, por parte del Congreso, y, al mismo tiempo, el desconocimiento de los derechos de representación política de sus senadores y de toda la ciudadanía".

El partido, guiado por un informe crítico de los letrados de la Cámara Alta con la amnistía, no dudó en abrir un choque de atribuciones en las Cortes. El Senado envió al Congreso un requerimiento formal para exigir la suspensión de la tramitación de la norma. Si el Congreso no respondía o desestimaba la petición, la Cámara Alta podía acudir al Tribunal Constitucional para que resolviese el conflicto. La cámara presidida por Francina Armengol ha desechado el trámite, pero ni en Génova ni en la dirección del PP en la Cámara se plantean en este momento llevar el proceso al órgano de garantías.