El PP cuestiona al Tribunal de Cuentas y acusa a su presidenta de mentir con un informe del consejo de Estado

La comisión de investigación sobre la compra de material sanitario en el Congreso ha comenzado con polémica. El PP ha cuestionado el trabajo del Tribunal de Cuentas durante la pandemia y posteriormente ha acusado a su presidenta, Enriqueta Chicano, de mentir en sede parlamentaria. Fuentes populares defienden que la responsable del ente no ha dicho la verdad cuando asegura que no había obligación de acreditar la solvencia y la capacidad de las empresas contratadas por parte de la Administración, pese a que un dictamen del Consejo de Estado señala la obligación de verificar estos requisitos, incluso tratándose de contrataciones de emergencia.

Chicano ha sido una de las comparecientes del día en las comisiones junto a Koldo García en el Senado, parte fundamental de la presunta trama corrupta en el Gobierno de Pedro Sánchez, con varios ministerios implicados. "El Tribunal de Cuentas ni la huele", ha subrayado el diputado del PP José Vicente Marí, muy crítico con la labor del órgano fiscalizador respecto a los controles durante el covid. "En lugar de poner luces rojas en las prácticas que pudieran suponer fraude o corrupción, se dedicó a poner luces verdes y a dar la enhorabuena y a blanquear las situaciones irregulares", ha dicho durante la comisión.

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La presidenta del Tribunal de Cuentas ha defendido el trabajo de los funcionarios y ha reiterado que los aspectos señalados por los populares no eran objeto de análisis, según la ley de contratos, y que el tribunal no es competente en ningún caso. "Usted hace alusión a temas que no son de cumplimiento para estos contratos", ha declarado Chicano en alusión a la supuesta necesidad de vigilar la solvencia y la capacidad de las empresas contratadas. "Está intentando decir que hemos dulcificado las cosas y estamos analizando contratos en situación especial con legislación que no es especial", ha añadido durante su intervención.

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El PP, sin embargo, insiste que sí había obligación de inspeccionar estos aspectos y que el Tribunal de Cuentas debió ser más diligente en sus análisis. Fuentes populares esgrimen el dictamen 221/2021, del 6 de mayo, que apela directamente a esta cuestión y que el propio organismo recoge en su informe sobre los contratos de emergencia durante los primeros meses del covid para la compra de material sanitario en varios ministerios.

Consejo de Estado

"En este sentido, el Consejo de Estado señala en su dictamen nº 221/2021, de 6 de mayo de 2021, emitido más de un año después de la declaración del estado de alarma, que, incluso en los supuestos en los que se acude a la contratación de emergencia, la Administración contratante no queda relevada de la obligación de verificar el cumplimiento por los contratistas de los requisitos básicos establecidos en la LCSP para garantizar su capacidad y solvencia, así como para valorar la relación de su actividad con el objeto del contrato que se pretende celebrar”, dice el escrito.

La declaración de Chicano está fundamentada en los informes de fiscalización aprobados por el propio tribunal, sin entrar en apreciaciones personales sobre la contratación durante la pandemia. En el mismo informe que esgrime el PP se incluyen las conclusiones del órgano. "En un 34% de los contratos fiscalizados ha quedado constancia documental en los expedientes de haberse realizado alguna comprobación de la capacidad y solvencia del contratista que permitiera, a priori, albergar una expectativa de adecuado cumplimiento del contrato en garantía del interés público".

Y añade, sobre el mismo procedimiento: "A pesar de que en la tramitación de emergencia se exima de la obligación de formar expediente, y por tanto de acreditar en el mismo la verificación de la capacidad y solvencia con la formalidad y rigidez que la ley exige para los procedimientos ordinarios, este Tribunal entiende que constituye una buena práctica de gestión de este tipo de contratación dejar constancia en el expediente de la capacidad y solvencia del contratista libremente elegido para llevar a cabo el objeto del contrato".