PP y PSOE quieren que los funcionarios de prisiones sean “autoridad pública” y se les entrene en “defensa personal”

PP y PSOE han coincidido en llevar al Congreso de los Diputados sendas propuestas para proteger mejor a los funcionarios de prisiones, a quienes se pretende reconocer como "autoridad pública". El Grupo Popular registró la semana pasada una proposición no de ley para instar al Gobierno a ese reconocimiento de los 14.400 funcionarios que trabajan en las prisiones españolas, para que cuando se produzcan agresiones contra ellos pueda tener una respuesta punitiva mayor y estén más protegidos. Los populares recogen otras demandas como la mejora de las condiciones económicas y la formación continua en "defensa personal".

Este jueves, el Grupo Socialista se unió a la causa al registrar una proposición de ley que habilite como agentes de autoridad a estos funcionarios de prisiones, una reivindicación histórica de este colectivo que ha vuelto a reclamarse con intensidad después del asesinato de una cocinera a manos de un interno en una cárcel de Tarragona. Los socialistas proponen modificar el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria para que los trabajadores de prisiones, en el ejercicio de su labor, sean reconocidos, "a todos los efectos legales", como agentes de autoridad, como la Policía o la Guardia Civil.

Según los socialistas, "la declaración como agentes de la autoridad dará seguridad jurídica al trabajo que realizan estos trabajadores públicos y evitará que se dicten decisiones judiciales dispares". Además, solicitan que sus manifestaciones e informes sean consideradas como pruebas en los procedimientos disciplinarios regulados por esta ley. Asimismo, piden que se garantice su seguridad cuando ingresen en prisión, a causa de sentencia condenatoria, asegurando su separación de otro tipo de internos. También proponen garantizar una indemnización, por parte de la Administración, para resarcir a los funcionarios penitenciarios en los supuestos de daños materiales o personales sufridos como consecuencia del desempeño de su actividad profesional, siempre que no haya mediado negligencia grave.

En la exposición de motivos se reconoce que este cuerpo funcionarial "trabaja en un medio hostil" y vive a diario "situaciones violentas, difíciles y desagradables", por lo que es necesario dotarles de la "máxima garantía de seguridad y medios", entre los que cita el acceso a planes de formación en el "análisis de la nueva delincuencia y tipología penal", pero también "formación continua en materia de defensa personal que garantice su seguridad e integridad física". Dentro de esta formación debe incluirse la relativa a la protección sanitaria, de su propia salud y también la de los internos.

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Según los sindicatos, desde 2017 se producen una media de agresión por día en las cárceles españolas contra los funcionarios. El año pasado batió la cifra récord con 508 agresiones, un 12% más que el año anterior. Si bien, en una respuesta del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, a este colectivo de funcionarios se detalla que solo el 1,9% de las agresiones fueron de carácter grave. 264 agresiones fueron calificadas de leves y 234 se registraron sin lesiones para el trabajador, por ninguna como muy grave, según informó Europa Press.

El reconocimiento como "autoridad pública" otorgaría a estos funcionarios una "presunción de veracidad en los informes emitidos" y evitaría que las agresiones sufridas se resuelvan como "una mera sanción disciplinaria o se enjuicien como un delito leve", según detalla el texto del PP, que lleva la firma de su portavoz en la Comisión de Interior, Ana Vázquez.

Los populares han registrado además una segunda moción para la mejora económica y sociolaboral del cuerpo de funcionarios de Instituciones Penitenciarias. En cuanto a los medios materiales, el PP señala que la "uniformidad no es satisfactoria" y no garantiza la protección suficiente. Cita como ejemplo que faltan guantes seguros que puedan evitar la acción de cualquier objeto punzante, por lo que estaría vulnerando la normativa de prevención de riesgos laborales dentro de las prisiones. Por último, se pide formación relativa a la protección sanitaria, no solo de su propia salud, sino también la de los internos.