Los policías heridos piden al TS que impida a Puigdemont declarar por videoconferencia

Los policías heridos en las acciones de Tsunami, personados en el Tribunal Supremo como acusación en el caso que investiga la implicación de Carles Puigdemont en un delito de terrorismo, han presentado un escrito en el que solicitan que no se permita al expresident catalán declarar a través de videoconferencia, como acordó hace unos días la instructora Susana Polo. Aseguran que la declaración a distancia no ofrece garantías y recurren para reclamar una citación que implique su desplazamiento a España.

La magistrada Polo ofreció hace unos días al expresident Carles Puigdemont para que preste declaración de forma voluntaria como investigado entre el 17 y el 21 de junio en la causa abierta. En su auto, indica que la declaración se llevaría a cabo a través de videoconferencia y extiende la citación al diputado del Parlament Rubén Wagensberg, quien también consta como investigado.

Si Puigdemont y Wagensberg rechazan declarar de forma voluntaria, el Supremo podría ir un paso más allá y tramitar los correspondientes suplicatorios a la Eurocámara —por la actual condición de eurodiputado de Puigdemont— y al Parlament para retirarles la especial protección de la que gozan como parlamentarios. Al retrasar la citación hasta junio, este calendario puede variar en función de dos acontecimientos: las elecciones catalanas y la entrada en vigor de la ley de amnistía.

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Los policías, representados por el despacho Fuster Fabra, aseguran que los dos aforados se encuentran "en paradero desconocido, prófugos de la Justicia", y ya han manifestado de manera clara, directa y explícita que "no solo no van a estar a disposición judicial, sino que de ninguna de las maneras van a acudir a un juzgado o tribunal Español con el que pueda realizar una conexión segura para su declaración".

"Es materialmente imposible conocer a día de hoy el domicilio de los investigados, pues de manera reiterada realizan comparecencias desde diferentes lugares a nivel internacional, evitando conocer cuál es su paradero exacto y arraigo personal", agregan y dudan de que puedan cumplirse las formalidades exigidas para una declaración de este tipo.

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Los agentes señalan el precedente sentado en el otro procedimiento contra Puigdemont en el Supremo, instruido por el juez Pablo Llarena por la intervención de Puigdemont en el procés. Señalan que el magistrado, atendiendo al principio de legalidad, proporcionalidad e igualdad, "no ha dado la posibilidad ni el beneficio de realizar una declaración voluntaria a través de videoconferencia, pues consideró que, dada la gravedad del delito, debía acudir presencialmente al Tribunal Supremo". Para ellos no existe "causa legal" que lo justifique.