El TC se prepara para parar el acuerdo del Parlament para la independencia de Cataluña

El Pleno del Tribunal Constitucional que arranca este martes tiene prevista una decisión que servirá para atajar la última iniciativa de Junts en el Parlament de Cataluña para impulsar una proposición de ley que declare la independencia de Cataluña. Los magistrados del tribunal de garantías estudiarán la admisión a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra el acuerdo de la Mesa de la cámara autonómica. En caso de ser aprobado, la suspensión cautelar de la propuesta es automática, como sucede con todos los recursos que presenta el Ejecutivo.

La iniciativa fue avalada por la Mesa a finales del mes de febrero con los votos a favor de Junts y la CUP. ERC se abstuvo y el PSC rechazó impulsarla. Los letrados de la cámara habían emitido de forma previa un informe en contra en el que avisaban de que el texto supera las competencias autonómicas. El Gobierno decidió impugnarlo por considerarlo inconstitucional.

El Consejo de Ministros aprobó hace una semana recurrir. El Gobierno considera que la propuesta de declaración de independencia vulnera hasta seis artículos de la Carta Magna. El recurso del Ejecutivo cuenta con un informe del Consejo de Estado, órgano presidido por Carmen Calvo, que aboga por impugnar la iniciativa en su totalidad. La decisión se producirá a las puertas de las elecciones catalanas y retrata a los dos partidos independentistas. Junts en general y Puigdemont en particular han asegurado en distintas ocasiones que su siguiente objetivo es la independencia y que la buscarán sin necesidad de acudir a vías pactadas. Esquerra, de la mano de Pere Aragonés, propone, sin embargo, una solución acordada con el Ejecutivo.

Para alejar cualquier acusación de contradicción —después de apoyarse precisamente en Junts para la investidura— el ministro de Justicia Félix Bolaños indicó tras adoptar la decisión que este recurso es "absolutamente coherente" con la política del Gobierno de Pedro Sánchez e insistió en la importancia de "proteger la Constitución, las instituciones, el diálogo y los acuerdos".

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El acuerdo se basa en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) lanzada por Solidaritat Catalana per la Independència. Según aseguran fuentes del tribunal de garantías, el examen será complejo debido a que el Ejecutivo impugna una disposición autonómica sin fuerza de ley con base en el artículo 161 de la Constitución. En estos casos, menos habituales que los recursos de inconstitucionalidad contra leyes, la impugnación se sustancia por el procedimiento previsto para los conflictos positivos de competencia y su formulación comunicada al Tribunal Constitucional produce la suspensión de la disposición o resolución recurrida. El TC debe pronunciarse en un plazo de no más de cinco meses sobre el levantamiento o mantenimiento de la suspensión acordada.

Otros recursos

El recurso del Gobierno coincide con otro presentado en este caso por los diputados del PSC en la cámara catalana. Los socialistas catalanes se refieren a otro aspecto del acuerdo, en su caso la vulneración de los derechos de los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones, establecido en el artículo 23 de la Constitución. También recurrieron los diputados de Ciudadanos en el Parlament que reclaman la nulidad del acuerdo por motivos simulares a las de sus compañeros del PSC.

La independencia se ha convertido en el punto angular de la campaña de las catalanas en las que se aprecia un evidente pulso entre Esquerra y Junts. En su primer mitin de campaña desde Francia, Carles Puigdemont trató de pintar como el único defensor real de este objetivo, mientras que reprocó a Aragonès su "incapacidad" para reunir un respaldo suficiente "para culminar" la separación del estado español. Solo Junts representa una alternativa real, lanzó.