Sanidad impone el uso de mascarillas, pero permite a las CCAA su retirada si los contagios bajan

El Ministerio de Sanidad ha flexibilizado su postura y, aunque ha decretado el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios por la alta incidencia de virus respiratorios, ha dejado un resquicio para que el uso del protector solo sea una recomendación en aquellas regiones en las que en las dos últimas semanas se haya registrado un descenso en la incidencia acumulada. El departamento que dirige Mónica García ha remitido esta mañana una orden a las autonomías que no habían decretado ya la medida para que impongan el uso del protector en los espacios sanitarios.

La decisión del ministerio y las formas han indignado a muchas comunidades, independientemente del signo político. La mayoría eran partidarias de que el ministerio recomendase el uso del protector, pero no que estableciese su obligación, tal y como expresaron en el Consejo Interterritorial del lunes, que se cerró sin ningún acuerdo y que registró momentos de tensión. Ahora, con la flexibilización introducida en la orden ministerial, el Gobierno, según ha defendido García en una breve rueda de prensa, da respuesta a la “singularidad” de cada región. El uso obligatorio está limitado a centros de salud y hospitales, mientras que se recomienda con carácter general en farmacias, residencias y otros espacios.

García ha señalado que no se ha fijado ningún umbral de incidencia para establecer qué comunidades pueden recomendar el uso del protector y qué otras deben imponerlo. La ministra ha especificado que el requisito será que en las dos últimas semanas, la región en cuestión haya registrado un descenso de la incidencia acumulada según los datos epidemiológicos de los que disponga.

La ministra ha rechazado las críticas de aquellas comunidades que han defendido que el uso obligatorio de la mascarilla no responde a un criterio científico y ha precisado que, aunque los datos que registra el conjunto del país son similares a los de años previos a la pandemia, las cifras se mueven en rangos altos. “El virus de la gripe ha tenido un ascenso agudo las últimas semanas y está tensionando el sistema sanitario”, ha justificado la ministra.

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García también ha hecho referencia a la necesidad de dar cobertura jurídica a las comunidades y de garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su lugar de residencia, cuenten con las mismas prerrogativas. No obstante, que el Ministerio de Sanidad haya recurrido al artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) para la redacción de la orden ministerial que obliga al uso de mascarillas es algo excepcional, previsto para dar respuesta a “situaciones de especial riesgo a alarma para la salud pública”.

“Solo pido al PP que se aclare, entiendo esa pulsión para hacer oposición al Gobierno de España, pero ellos mismos están incurriendo en contradicciones”, ha contraatacado García, en referencia a las críticas de autonomías como Madrid, Murcia o Andalucía, que han acusado al ministerio de “improvisar”. Más allá del color político y aunque algunas comunidades gobernadas por los populares, como la Comunidad Valenciana, se adelantasen y decretasen el uso obligatorio de las mascarillas, la crítica sobre cómo ha procedido el ministerio es casi unánime.

Sin ir más lejos, este miércoles, el jefe de Programas de Salud Pública de Osakidetza, Enrique Peiró, ha defendido que en Euskadi no tiene sentido la obligatoriedad de la mascarilla. La situación epidemiológica en la comunidad es de "absoluta normalidad", equiparable a la de otros inviernos y de ahí que el Ejecutivo vasco considere que no debe imponerse el uso del protector. De hecho, la región duda de la seguridad jurídica de la medida y no descarta recurrirla ante los tribunales por considerar que invade competencias.