Investigan los vínculos de la empresa del tío de María Chivite con entidades públicas

La Oficina Anticorrupción de Navarra estudia los vínculos de la empresa de Óscar Chivite, el consejero de Cohesión Territorial, con sociedades públicas. El también tío segundo de la presidenta foral, María Chivite, está inmerso en una investigación después de que UPN denunciase que compaginó durante tres semanas el cargo en el Ejecutivo foral con el de administrador único en la firma Laburu SL, su empresa. La entidad ha abierto una investigación doble a raíz de la denuncia interpuesta por el partido y tras haber recibido un escrito anónimo que exige la inhibición del consejero.

Chivite tomó posesión de su cargo el pasado 18 de agosto, pero no renunció a su puesto en Laburu SL hasta el 11 de septiembre, 25 días después. La ley de incompatibilidades de los miembros y altos cargos del Gobierno de Navarra prohíbe expresamente a los consejeros compaginar cualquier actividad con su puesto público, por lo que el responsable de Cohesión Territorial habría cometido una falta grave.

La directora de la oficina, Edurne Eginoa, así lo refleja en un texto remitido a Juan Luis Sánchez de Muniáin, parlamentario de UPN. En el mismo precisa que Chivite tendría que haber dimitido "con carácter previo al nombramiento y toma de posesión" del cargo que ostenta en el Ejecutivo de su sobrina. Pero más allá del timing, el organismo ha pedido al consejero información para delimitar los vínculos de la empresa con la Administración pública.

A este respecto, le reclama la "relación contractual" de la compañía con la "Administración de la comunidad foral, con cualquiera de las entidades que integran el sector público institucional foral y/o con las empresas contratistas adjudicatarias de obras públicas por ellas licitadas". El objetivo es analizar si Chivite puede incurrir en un conflicto de intereses, como señala el escrito anónimo, por lo que debería inhibirse en la toma de cualquier decisión que afecte a la adjudicación de contratos de varias compañías públicas ligadas a su departamento.

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I. P. Chávarri

La que fuera su firma, especializada en la fabricación y reparación de estructuras metálicas y calderería, ha colaborado con la sociedad pública Nilsa y con Canasa, la empresa concesionaria de la explotación del canal de Navarra, la obra hidráulica que atraviesa gran parte de la comunidad para garantizar agua de riego a la zona media y sur de la región. De ahí que la Oficina Anticorrupción también reclame a Chivite que informe del "alcance de la colaboración" con ambas sociedades públicas.

El Ejecutivo navarro siempre ha defendido que el consejero de Cohesión Territorial no ha tomado ninguna resolución que pueda comprometer su cargo. No obstante, al menos habría cometido una infracción grave, la de no haber renunciado a su puesto en Laburu. Desde 2020, Nilsa ha adjudicado 70 encargos a la compañía, pero ninguno, según la información facilitada por el Gobierno foral a UPN, después de que Chivite fuese nombrado consejero foral. El tío de la presidenta navarra remitió en octubre la documentación solicitada y el organismo público ya ha procedido a su análisis.

Falta grave

Para UPN, el consejero debería haber dimitido una vez que se conoció que compaginó de forma irregular durante 25 días ambos puestos. La formación sostiene que el consejero no se puede acoger al argumento de que en cuanto tuvo conocimiento inició el trámite para despojarse de su cargo de administrador único y ahora exige que la Oficina Anticorrupción investigue si se ha realizado algún pago a la empresa y de qué cuantía una vez que Chivite ha accedido al Gobierno foral.

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"No se han aportado pruebas que acrediten que se haya producido daño manifiesto a la Administración de la comunidad foral o se haya producido un beneficio en el patrimonio propio o de terceras personas", precisa la oficina, que todavía no ha emitido el informe sobre el análisis de los contratos.

La falta grave por la compaginación de ambos puestos comporta, según la norma, la declaración de incumplimiento de la ley foral de incompatibilidades y su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. No hay multa prevista en estos casos, a diferencia de las faltas muy graves, cuya sanción oscila entre los 600 y 6.000 euros, no obstante, el artículo 16 de la norma señala que "en el caso de sanción por infracción grave, la resolución podrá determinar la procedencia o no del cese del infractor como alto cargo".