Las alianzas de Sánchez vuelven a relegar la igualdad de la mujer en la sucesión al trono

4 de marzo de 2005. El Consejo de Ministros presidido por José Luis Rodríguez Zapatero acuerda solicitar un informe al Consejo de Estado para recabar su opinión sobre la reforma de cuatro aspectos de la Constitución. El primero de ellos es la supresión de la prevalencia del varón en la sucesión al trono. Dos meses después, los entonces príncipes de Asturias anuncian que serán padres por primera vez. Hoy, Leonor cumplirá 18 años y la Carta Magna que jurará en el Congreso de los Diputados mantiene la discriminación de la mujer por cuestión de género. El nacimiento de la infanta Sofía en 2007 dejaba margen a los políticos. “No es el momento. Si se abriera ese melón, los que hoy no van a estar en el Congreso aprovecharían para pedir abolir la monarquía”, coinciden parlamentarios de PSOE y PP.

En todo este tiempo, los dos grandes partidos se han alternado en el Gobierno, pero han sido incapaces de abordar la reforma, pese a que en 2006 el Consejo de Estado presentó una “fórmula sencilla” como eliminar la frase "en el mismo grado, el varón a la mujer" del artículo 57.1 de la Carta Magna, que establece que "se seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos".

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¿Por qué en España no se ha llevado a cabo un cambio que ya han hecho países como Suecia, Holanda o Noruega? La respuesta tanto en las filas socialistas como en las populares siempre han sido los riesgos que conllevaría abrir el “melón constitucional” por las exigencias de los partidos soberanistas, que han ido ganando terreno en la gobernabilidad de España con Pedro Sánchez. En estos momentos, reconocen fuentes del PSOE, sería “suicida” abordar cambios, dado que los socios de investidura plantearían desde el reconocimiento de la nación catalana o vasca más allá de las nacionalidades a la validación de un referéndum de autodeterminación.

En el PP, el análisis es el mismo, aunque cargan las tintas sobre el presidente en funciones. “Entendemos que no es este el momento de acometer esa reforma agravada de la Constitución, dada la falta absoluta de respeto a nuestra Carta Magna y a la monarquía parlamentaria de la que hacen gala los socios de Sánchez”, reiteran. “Es más, su actual interés en la Constitución se centra en que el Tribunal Constitucional certifique que pueden aprobar y aplicar una amnistía que supone generar desigualdades entre los españoles por el interés exclusivo de Sánchez de seguir en la Moncloa”.

Mariano Rajoy pudo aprovechar los tiempos de las mayorías absolutas para, al igual que se hizo con la sucesión de don Juan Carlos, pactar con el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba suprimir la prevalencia del varón. Aquí el debate era que el presidente del PP consideraba que si se sometía a referéndum una nueva Constitución, jamás alcanzaría el respaldo de 1978. Una vez más, el elefante en la habitación eran los partidos separatistas y su creciente desafío al Estado. La Ley de Sucesión está dentro del Título II y para cambiar este punto de la Constitución, el Gobierno necesitaría el apoyo de dos tercios del Congreso y el Senado, disolver la Cortes y convocar elecciones para que el nuevo Parlamento apruebe el texto. Y, después, se sometería a un referéndum si así lo solicita un 10% de los diputados de la Cámara.

La fragilidad y la naturaleza de las alianzas de Sánchez, si logra cerrar su investidura con ERC y Junts, hacen impensable que en esta legislatura se acabe con la discriminación de la mujer, pese a que tanto el Consejo de Estado como el Ejecutivo de Zapatero alertaron de que era impropio de una monarquía del siglo XXI como la que encarna Felipe VI, y en un futuro la princesa Leonor. El razonamiento iba más allá y sostenía que “la supresión de la preferencia masculina en el acceso a la Corona respondería al sentir muy ampliamente mayoritario del pueblo español”.

Opinión

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Para el “Gobierno de progreso” no es una “prioridad” acabar con una discriminación que, según señalan colectivos feministas, choca con el artículo 14 de la propia Carta Magna, que prohíbe la discriminación por razón de sexo. “Es inadmisible y ofensivo que a estas alturas una mujer deba estar postergada en la más alta magistratura del Estado por el hecho de ser mujer y así lo recoja la Constitución”, denuncian las defensoras de un cambio inminente en consonancia con los hechos en otros ámbitos, y recuerdan que ya se han llevado a cabo dos reformas en los últimos 40 años. En 1992, se modificó el artículo 13.2 en materia de sufragio pasivo para incluir nacionales de la Unión Europea tras firmarse el Tratado de Maastricht. Más reciente es el acuerdo de 2011 entre Zapatero y Rajoy para reformar el artículo 135 sobre el déficit para taponar la hemorragia de la crisis financiera.

El pasado mes de enero PP y PSOE se pusieron finalmente de acuerdo, al menos en los titulares, para eliminar del artículo 49 de la Constitución el término “disminuidos” y hablar de “personas con discapacidad”, aunque el acuerdo también sigue en un cajón. En el caso de igualar a la mujer en la sucesión a la Corona, hay constitucionalistas que defiende que podrían hacerlo también por otra vía, que no implicaría una reforma a fondo y, por tanto, no abriría la puerta a que se aprovechara la situación para debatir sobre la necesidad de la vigencia de la monarquía. En el mismo artículo 57 la Constitución se indica que las abdicaciones y renuncias, y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona, se podrán resolver mediante una ley orgánica. Otros expertos juristas rechazan de plano esta alternativa porque contraviene el artículo 81 sobre las leyes orgánicas. Sobre el debate jurídico prima la voluntad política, y esta no se da.