Una jueza investiga una denuncia por agresión sexual contra un diputado regional del PSOE

El Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid ha comenzado a investigar una denuncia por la presunta comisión de un delito contra la libertad e indemnidad sexual presentada por una mujer contra el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Javier Guardiola. La magistrada arrancará diligencias de comprobación de los hechos siguiendo instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a quien se dirigió la jueza al ser el denunciado aforado, según indica un auto al que ha tenido acceso El Confidencial. El diputado niega los hechos y asegura que es todo falso.

Según relata la denuncia interpuesta por una militante de las Juventudes Socialistas de Madrid (JSM), lo sucedido ocurrió hace dos años, en septiembre de 2021. En aquella etapa, relata, tomaba ansiolíticos y la noche del día 3 consumió más de los habituales. Al encontrarse mal, contactó con un compañero del partido que, en ese momento, estaba con Guardiola. Él se ofreció a acompañarla a urgencias.

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Una vez fuera del hospital, el que fuera secretario general de las Juventudes propuso ir con ella hasta su casa, ya que aún se encontraba mal. Según la denuncia, fue allí donde sufrió tocamientos en sus partes íntimas y otros episodios posteriores. La denunciante precisa que, dado su estado, no recuerda con precisión lo sucedido. También indica que ha acudido posteriormente a tratamiento psiquiátrico.

El TSJM consideró que, antes de asumir la instrucción, es necesario que la magistrada que recibió la denuncia realice "las imprescindibles indagaciones para determinar si los hechos denunciados tienen, indiciariamente, naturaleza penal y puede imputarse a la persona aforada". Es decir, le exige que lleve a cabo la prueba necesaria para comprobar la verosimilitud de las acusaciones.

Tras el auto del Tribunal Superior es previsible que la jueza llame a la presunta víctima para que ratifique el contenido de la denuncia. El TSJM le ha precisado que no puede proceder a una imputación del denunciado sin que existan, de momento, "indicios racionales mínimos" sobre la comisión de los hechos. Rechaza, por ello, la inhibición y devuelve las actuaciones al juzgado para que finalice la instrucción previa.