La Fiscalía estudia comprobar si los 44 etarras de Bildu pueden ir en las listas electorales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acaba de registrar una denuncia presentada por Dignidad y Justicia en la que se reclama comprobar si los 44 expresos vinculados con ETA, que Bildu ha incluido en sus listas para las próximas elecciones municipales en País Vasco y Navarra, cumplen los requisitos para ser elegidos y pueden, por ello, continuar en las candidaturas.

"Recibida dicha denuncia y en aplicación de lo dispuesto en la Circular 2/2022, de 20 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal, se ha procedido a su registro, y tras su análisis, se tomará la decisión que proceda, respecto a la apertura o no de diligencias de investigación preprocesales", indica el Ministerio Público en una nota. El encargado de esa decisión será el jefe del departamento, Jesús Alonso.

"Se ha procedido a su registro, y tras su análisis, se decidirá respecto a la apertura o no de diligencias de investigación preprocesales"

La asociación pidió que se compruebe si los antiguos reclusos han cumplido íntegramente con las penas de inhabilitación para ejercer cargo público y para el sufragio pasivo, como exige la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg). La ley indica, en concreto, que serán inelegibles los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el periodo que dure la pena. También aquellos que tengan establecida la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunció hace unos días que 44 personas que integran las listas de EH Bildu estuvieron condenados en el pasado por pertenencia y colaboración con ETA, y siete de estas personas incluso estuvieron condenadas por asesinato. Consideró, por medio de un comunicado, "especialmente grave y un peligro para la democracia que personas con un historial criminal y terrorista opten ahora a cargo público, sin que se tengan en cuenta sus antecedentes penales".

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"Ninguna democracia digna, ningún Estado de derecho consciente del significado de sus víctimas del terrorismo permitiría que las puertas giratorias de los terroristas fuesen la política. Que estas personas puedan llegar a ocupar cargos públicos, como si no hubiesen supuesto una gravísima amenaza a la democracia en el pasado, es preocupante y decepcionante", afirmaba Ordóñez.

El colectivo hizo un repaso al historial criminal de todos los integrantes de las listas de EH Bildu a las elecciones municipales, autonómicas y a Juntas Generales del próximo 28 de mayo, y ha encontrado que siete personas estuvieron condenadas por su participación en varios asesinatos de ETA.

Siete con delitos de sangre

Se trata de Agustín Muiños Díaz, Tinin, número seis en la lista a la alcaldía de Legutiano, en Álava, y condenado en 1985 a 29 años de prisión por el asesinato en 1983 de José Antonio Julián Bayano. También está Begoña Uzkudun Etxenagusia, número tres en la lista para la alcaldía de Régil y condenada en 1989 a 18 años de prisión por el asesinato de José Larrañaga Arenas en 1984.

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Otro de ellos es Juan Ramón Rojo González, número 21 en la lista a la alcaldía de Irún y condenado en 1996 a 30 años de prisión por el asesinato de Francisco Gil Mendoza en 1991. Le sigue Asier Uribarri Benito, número cuatro en la lista para la alcaldía de Maruri-Jatabe y condenado en 2001 a 16 años de prisión por su participación como cómplice en el asesinato en 1997 del guardia civil José Manuel García Fernández.

La lista de siete pistoleros elaborada por Covite la completan José Antonio Torre Altonaga, Medius, suplente número dos de la lista a la alcaldía de Munguía y condenado en 1981 a 20 años de prisión por su colaboración en el asesinato en 1978 de Alberto Negro Viguera y Andrés Guerra Pered. Los últimos son Lander Maruri Basagoiti, suplente número dos de la lista para la alcaldía de Ciérvena y condenado en 2001 a 16 años de prisión por su complicidad en el asesinato en 1997 del guardia civil José Manuel García Hernández, y Juan Carlos Arriaga Martínez, número tres en la lista para la alcaldía de Berrioplano y condenado en 1989 a 29 años de prisión por el asesinato en 1984 de Jesús Alcocer Jiménez.