Un hostelero, electricistas, un guardia civil… Los crímenes de los siete asesinos de Bildu

Las candidaturas de Bildu a las elecciones municipales en el País Vasco y Navarra incluyen a siete condenados de ETA con delitos de sangre, según ha denunciado Covite y ha confirmado El Confidencial. Hay desde pistoleros que apretaron el gatillo hasta informantes con los que contaba la banda en los pueblos para controlar las rutinas de sus objetivos. Al menos cuatro de ellos tienen opciones reales de conseguir escaño, atendiendo a los resultados de la formación en los comicios locales de 2019.

Entre todos, suman siete víctimas mortales, como un hostelero, dos electricistas, un joven al que acusaron de vender droga o miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, como un guardia civil, el último asesinado antes de Miguel Ángel Blanco. Los crímenes de estos siete terroristas a los que ahora da cobijo la formación abertzale que lidera Arnaldo Otegi abarcan 30 años de violencia etarra, incluidos los años de plomo. Así fueron asesinadas sus víctimas, según recoge el libro Vidas rotas (Espasa), que usa como fuente las resoluciones judiciales:

José Antonio Julián Bayano

José Antonio Julián Bayano era un empresario al que ETA asesinó un 26 de noviembre de 1983 en Vitoria. Los hechos ocurrieron de madrugada, cuando acudió a echar el cierre a un local nocturno que dirigía en las afueras de Vitoria. Este hostelero nacido en un pueblo de Zaragoza tenía 43 años cuando recibió cinco disparos de los terroristas al bajarse del coche. La banda reivindicó el asesinato y se justificó atribuyéndole una presunta militancia ultraderechista. También dijo de él que era colaborador de la Policía Nacional. La organización criminal llevaba a cabo este tipo de asesinatos sin basarse en pruebas, movida muchas veces por los chivatazos que le daban sus informantes.

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Dos años después, fueron condenados por este crimen los miembros del llamado comando Tontorramendi. Uno de ellos era Agustín Muiños Díaz, alias Tintín. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal le impuso 29 años de cárcel. Hoy, es el número seis de la lista de Bildu a la alcaldía del municipio alavés de Legutiano. En las elecciones municipales de 2019, el partido abertzale cosechó cinco concejales, siendo la fuerza más votada.

José Tomás Larrañaga Arenas

José Tomás Larrañaga Arenas fue asesinado la nochevieja de 1984 en Azkoitia (Guipúzcoa). Fue la última víctima mortal de ese año, en el que ETA mató a 33 personas. El pecado de Larrañaga Arenas fue haber sido militante de Unión de Centro Democrático (UCD), la formación liderada por el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, clave en la transición de la dictadura a la democracia. La víctima participó de ese proceso tras haber sido jefe provincial del Movimiento en la localidad. Los terroristas ya habían intentado sin éxito matarle dos veces antes, pero solo lograron dejarle herido.

Conocido como José Txiki en el pueblo, se marchó a vivir a Logroño al saberse marcado. Lo que le condenó fue regresar a Azkoitia en las navidades de 1984 y bajar la última noche del año a tomar unas cervezas con los amigos. A la salida de un bar, en plena calle, los miembros del comando Goierri, al ser avisados de su presencia, abrieron fuego contra él. Los seis disparos que impactaron en su cuerpo le ocasionaron la muerte en el acto. Tenía 58 años, estaba casado y dejó tres hijos. En 1989 la Sección Segunda de la Sala de lo Penal le impuso a Begoña Uzcudun 18 años de prisión por su participación en este atentado. Hoy es la número tres en la lista para la alcaldía de Errezil. En las últimas elecciones, Bildu cosechó cinco de los siete concejales en ese pueblo.

Francisco Gil Mendoza

Francisco Gil Mendoza fue una de las muchas víctimas a las que ETA mató sin aportar pruebas, al considerar que traficaban con drogas. La banda y la izquierda abertzale emprendieron una campaña en la que acusaban a los vendedores de droga de corromper a la juventud vasca y alejarla de la militancia independentista. Gil Mendoza tenía 27 años cuando la banda lo mató en presencia de su hermano el 7 de agosto de 1991. Estaban sentados en un banco de la plaza de Urdanibia, en Irún, y al fallecido no le dio tiempo a escapar del pistolero que se aproximó a ellos con un subfusil. Descargó dos ráfagas de disparos y una de las balas le alcanzó en la cabeza.

Por estos hechos, fueron condenados a 30 años de prisión los etarras Iñaki Recarte y Juan Ramón Rojo González. El primero se arrepintió de sus crímenes en prisión y rompió con la banda. Plasmó su evolución en un libro titulado Lo difícil es perdonarse a uno mismo (Península) que le acarreó el rechazo del entorno proetarra. Ahí cuenta Recarte que se echaron a suertes quién dispararía y que le tocó a su compañero, Ramón Rojo González. Este asesino es hoy el número 21 en la lista a la alcaldía de Irún, donde mató a aquel joven. La familia del fallecido remitió un comunicado a la agencia EFE para negar que Francisco Gil Mendoza fuese un traficante de drogas, según recoge el libro Vidas rotas.

José Manuel García Fernández

José Manuel García Fernández es uno de los muchos nombres de víctimas olvidados por la sociedad española. Fue asesinado el 3 de mayo de 1997 por ser guardia civil. ETA le mató de un tiro en la nuca cuando cenaba en un restaurante al lado de su mujer en la localidad de Zierbena. Había nacido en Asturias, tenía 43 años y llevaba destinado 14 de ellos en el País Vasco. Aquel día faltó a su costumbre de sentarse siempre de cara a la puerta para controlar quién entraba en el restaurante.

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La Audiencia Nacional condenó en 2001 a Asier Uribarri Benito por colaborar en este crimen a 16 años de prisión. Hoy es el número cuatro en la lista para la alcaldía de Maruri-Jatabe, donde Bildu sacó tres concejales hace cuatro años. Por los mismos hechos, fue condenado también a la misma pena Lander Maruri Basagoiti, hoy suplente de la lista para la alcaldía de Zierbena. El siguiente asesinado por la banda después de este guardia civil asturiano fue un joven concejal de Ermua llamado Miguel Ángel Blanco. El rechazo a este asesinato marcó un antes y un después en la sociedad española.

Alberto Negro y Andrés Guerra

El pecado de Alberto Negro y Andrés Guerra fue su trabajo como ajustadores en la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya), a la que ETA había declarado la guerra con diversas acciones. Estos dos trabajadores fueron asesinados el 17 de marzo de 1978 tras la instalación de un explosivo en el lugar. José Antonio Torre Altonaga trabajaba allí y fue el encargado de informar a los miembros de la banda cómo acceder al recinto para colocar el artefacto. Por estos hechos, fue condenado en 1981 a 20 años de prisión. Hoy es suplente de la lista a la alcaldía de Munguía.

Alberto Negro estaba casado y tenía 43 años y tres hijos. La muerte de su padre dejó a la familia sin recursos. La mayor de los hijos leyó en la prensa que la empresa en la que trabajaba su padre se ofrecía a ayudarlos, así que acudió a pedirles trabajo. La respuesta que le dieron es que no se creyera todo lo que publican los periódicos y que no estaban las cosas para regalar puestos de trabajo.

Jesús Alcocer Jiménez

Jesús Alcocer Jiménez fue asesinado el 13 de abril de 1984 en Pamplona. Era un comandante retirado del Ejército de Tierra de 65 años de edad y nacido en Zaragoza. Tras su retirada, se reinventó como empresario y gestionaba varios supermercados. Como todas las mañanas, acudió a Mercairuña a comprar abastecimiento. Dos pistoleros de ETA le tirotearon y dos de las balas le impactaron en la cabeza y le causaron la muerte en el acto. Según el libro Vidas rotas, había sido militante de Fuerza Nueva. Ya había sobrevivido a dos atentados en la década de los setenta. Dejó mujer y cuatro hijas.

En su huida, los terroristas usaron un coche robado, pero a los testigos les dio tiempo a identificarlo y dar parte a las autoridades. Cuando los etarras abandonaron el vehículo, instalaron en su interior un paquete bomba. La carga de 15 kilos de goma 2 explosionó mientras dos policías nacionales inspeccionaban el vehículo. Se llamaban Tomás Palacín y Juan José Visiedo. Fallecieron a causa de las heridas. Por los seguimientos y vigilancias que realizó a Jesús Alcocer, la Audiencia Nacional condenó a Carlos Arriaga Martínez en 1989 a 29 años de prisión. Hoy es el número tres en la lista para la alcaldía de Berrioplano, donde Bildu sacó tres concejales en las elecciones de 2019.