De Carlos III (1776) a la reina Letizia (2004), 228 años después

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La reina consorte, Letizia Ortiz, cumple hoy 50 años (Oviedo, 1972). La efeméride ha sido convenientemente tratada por los medios con toda clase de reportajes: sobre su estilismo, sobre su simpatía o adustez, sobre sus amigos, sobre su formación, su agenda… Es un escrutinio completo de su vida, pero, en general, se ha obviado la significación política e histórica que conllevó su matrimonio el 22 de mayo de 2004 con el entonces príncipe de Asturias y hoy rey, Felipe VI.

Es la primera vez en la larga historia de la monarquía española que una reina consorte no pertenece a la realeza ni a la alta aristocracia nacional o extranjera vinculada con aquella. De hecho, con el matrimonio real, se produjo la acreditación de que la Pragmática Sanción de Carlos III, dictada sobre los matrimonios dinásticos por el monarca en 1776, estaba ya derogada, incluso como norma privada o de régimen interno en la Casa de Borbón. Esa disposición establecía en el apartado XII lo siguiente:

"Pero como puede acaecer algún raro caso de tan graves circunstancias que no permitan que deje de contraerse el matrimonio, aunque sea con persona desigual, cuando esto suceda en los que están obligados a pedir mi Real permiso, ha de quedar reservado a mi Real Persona y a los Reyes mis sucesores el poderlo conceder; pero también en este caso quedará subsistente e invariable lo dispuesto en esta pragmática en cuanto a los efectos civiles; y en su virtud la mujer, o el marido que cause la notable desigualdad, quedará privado de los Títulos, honores y prerrogativas que le conceden las leyes de estos Reinos, ni sucederán los descendientes de dichos matrimonios en las tales dignidades, honores, vínculos o bienes dimanados de la Corona, los que deberán recaer en las personas a quienes en su defecto corresponda la sucesión; ni podrán tampoco estos descendientes de dichos matrimonios desiguales usar los apellidos y armas de la Casa de cuya sucesión queden privados; pero tomarán precisamente el apellido y las armas del padre o madre que haya causado la notable desigualdad; concediéndoles que puedan suceder en los bienes libres y alimentos que deban corresponderles, lo que se prevendrá con claridad en el permiso y partida de casamientos".

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Esta disposición de Carlos III se promulgó en previsión de los matrimonios 'desiguales' o morganáticos, a los que el monarca privó de los derechos sucesorios, si bien con algún margen de discrecionalidad. Ciertamente, parece una antigualla la tal Pragmática Sanción, pero se ha venido aplicando hasta el siglo pasado en las personas de los dos hijos mayores de Alfonso XIII, tanto por enfermedad como por el hecho de que el primero se casó con Edelmira Sampedro y el segundo con Enmanuela de Dampierre, ambas 'desiguales'. El siguiente hijo varón del rey exiliado, Juan de Borbón, asumió los derechos sucesorios de su padre (quinto hijo y tercer varón) y se desposó con la infanta de gracia, María de las Mercedes de Orleans y Borbón, padres de Juan Carlos I y, en consecuencia, abuelos paternos de Felipe VI.

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Dejando al margen que las tías del Rey —doña Pilar, fallecida, y doña Margarita— renunciaron a los derechos sucesorios al casarse ambas con 'desiguales', la primera con Luis Gómez Acebo duque de Estrada, segundo apellido, y vizconde de la Torre, sin parentesco real, y la segunda con Carlos Zurita. Y obviando también que no lo hicieron las infantas hermanas del Rey, Elena y Cristina, desposadas con Jaime Marichalar e Iñaki Urdangarin, respectivamente, cuando se anunció el compromiso de Felipe de Borbón y Grecia con Letizia Ortiz, hubo voces que apelaron a la Pragmática Sanción de Carlos III entendiendo que el matrimonio real era morganático y que de no aplicarse la disposición de 1776, debía derogarse expresamente como si la Constitución no lo hubiera hecho de manera implícita y explícita. Se llegó a escribir lo siguiente en un periódico de difusión nacional:

“De estar vigente la Pragmática, ello no impediría a doña Letizia ostentar los títulos que le correspondan, ni a sus hijos ser herederos del Trono de forma legal y legítima, políticamente hablando, pero perdería, se quiera o no, la legitimidad histórica, lo que no deja de ser indeseable y peligroso para una monarquía, pudiendo dar lugar a que surgieran algunos que podrían autotitularse 'monárquicos legitimistas' que en nombre de vaya usted a saber qué pretendiente levantaran bandería”. Y añadía:

“En conclusión, y aun sabiendo que lo dicho en el presente puede ser polémico y para algunos inexacto, incluso disparatado, sería muy interesante que se despeje la duda sobre la vigencia de la Pragmática. Si no está vigente, que se diga desde cuándo y en virtud de qué, deduciéndose las correspondientes consecuencias. Y si lo está, que se derogue expresamente para el feliz resultado de la boda del príncipe de Asturias y validar el puesto sucesorio de las infantas”. (*)

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No hay, sin embargo, ninguna duda de que la Pragmática Sanción ha sido derogada por completo. Y que el artículo 57.4 de la Constitución resuelve cualquier duda sobre los matrimonios de las personas que estén en el orden sucesorio: “Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas de la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes”. Ni el rey Juan Carlos prohibió la boda de su hijo con doña Letizia ni nunca se planteó semejante posibilidad, y de haberse manejado esa hipótesis se tendría que haber contado con la intervención de las Cortes Generales. Nada de eso sucedió tampoco con los matrimonios de sus hermanas, que siguen estando en el orden sucesorio: doña Elena y sus dos hijos y, a continuación, doña Cristina y sus cuatro hijos. Todos ellos por detrás de la princesa de Asturias y de su hermana, la infanta Sofía.

Hay círculos monárquicos restringidos renuentes todavía a aceptar plenamente el matrimonio de los Reyes, lo cual carece de importancia tanto cuantitativa como cualitativamente; también publicaciones digitales dedicadas al 'legitimismo monárquico' y algunos sectores sociales que siguen resistiéndose a entender la decisión matrimonial del Rey e, incluso, la aceptación del casamiento por don Juan Carlos.

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Y aquí está justamente la significación histórica y política —tan positiva— de lo que representa la Reina consorte. Y ante otras lecturas e interpretaciones a propósito de su aniversario, lo más significativo es que doña Letizia encarna una disrupción histórica en la monarquía, sin que esa circunstancia haya afectado al cumplimiento de las expectativas de una reina consorte y madre de la futura reina de España. 228 años después de ser dictada la Pragmática Sanción de Carlos III (1776-2004), la llamada 'legitimidad histórica' es accesoria. Toda la legitimidad monárquica es constitucional. La histórica y la dinástica se mueven en otras esferas, sin perjuicio de los mandatos sucesorios de la Carta Magna. A sus 50 años, 10 de princesa de Asturias consorte y ocho como reina consorte de España, el balance es exitoso. Y al serlo para ella, lo es para la Corona y, así, también para el sistema constitucional de España.

(*) Artículo del abogado, marqués de Villapuente, Javier Timermans de Palma, publicado en ‘El Mundo’ el 6 de noviembre de 2003.