Díaz se reúne desde este jueves con las distribuidoras para acordar la cesta de la compra

Yolanda Díaz gana oxígeno para buscar un acuerdo que tope los precios de una cesta de alimentos básica ante una inflación desbocada. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se reunirá el lunes 12 de septiembre con grandes distribuidoras y con asociaciones de consumidores para explorar esta propuesta, que hasta la fecha ha sido acogida con frialdad y hasta rechazo por parte del Partido Socialista, y sobre la que Podemos ha suavizado hoy sus posiciones.

En una comparecencia desde el ministerio, este miércoles, la vicepresidenta segunda ha anunciado que previamente se reunirá este jueves con una de las grandes empresas del sector, Carrefour, que acaba de anticiparse para lanzar una cesta de la compra con 30 productos básicos a un precio de 30 euros, en línea con los postulados de Díaz. Carrefour participó en el acuerdo alcanzado hace más de una década en Francia entre el Gobierno de Nicolas Sarkozy y las distribuidoras, el modelo del que bebe esta propuesta.

Díaz sostenía que el modelo francés "es razonable y positivo para todo el mundo", y enfatizaba lo "excepcional" de la situación, y por ello reclamaba tomar medidas "que se puedan cumplir ya". Y, mientras su socio de Gobierno mira con frialdad y pocas expectativas esta propuesta, Díaz y el ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón —su mayor aliado en esta materia—, abanderan buscar una fórmula que pase únicamente por el acuerdo con las empresas. "Estoy segura de que las empresas van a estar a la altura de su país", sentenciaba la vicepresidenta segunda. También quieren evitar que este hipotético pacto perjudique a los productores, y ha enfatizado que "serán contemplados" en esta propuesta.

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Este miércoles, la líder de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha modulado sus posiciones para pasar a apoyar claramente esta propuesta, reclamando huir de "falsas polémicas" sobre la unidad en este espacio político ante la iniciativa de Díaz. Sin embargo, en los últimos días, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, afirmó que esta norma partía de un planteamiento "sensato" pero difícil de articular, y hasta alertó del riesgo que generara un "mercado negro" de productos. Para el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, es directamente una iniciativa "de dudosa legalidad".

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacaba este miércoles que el Gobierno no se plantea imponer un precio máximo a determinados alimentos, como sí reclamaba Belarra, que también aboga por un impuesto a las grandes distribuidoras. Para la líder de Unidas Podemos, la propuesta de la vicepresidenta segunda y este gravamen son "complementarias", pero Díaz sostiene que el impuesto no podría aplicarse con la necesaria premura.

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La también ministra de Trabajo, que lleva por bandera los 14 acuerdos logrados en el marco del diálogo social, no quería pronunciarse sobre una hipotética imposición de precios. De momento, está en la búsqueda de un acuerdo, sin requerir de un desarrollo normativo alguno: "Me guío por el principio de prudencia, paso a paso", aseguraba, dejando ver, nuevamente, las diferencias entre sus recetas y las que propone la fuerza política mayoritaria en el espacio Unidas Podemos, del que forma parte.

El diagnóstico en el Gobierno es claro: hay que actuar contra la inflación, y las empresas con beneficios extraordinarios pueden aportar más a las arcas públicas. Sin embargo, las recetas son muy distintas entre tres actores: mientras el PSOE se pone de perfil en esta materia, Díaz y Garzón plantean buscar un acuerdo, y Belarra contempla incluso "impulsar medidas obligatorias", "si no hay voluntad de acuerdo por parte de las empresas".