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La Audiencia Nacional abre una causa para investigar a altos cargos de Europol por acoso
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El juez Ismael Moreno

La Audiencia Nacional abre una causa para investigar a altos cargos de Europol por acoso

La Fiscalía pide imputar a dos mandos españoles de la Policía Nacional por "laminación profesional" de un subordinado guardia civil. La ley castiga el delito contra la integridad moral con hasta dos años de prisión

Foto: Sede de Europol en La Haya. (Reuters/Eva Plevier)
Sede de Europol en La Haya. (Reuters/Eva Plevier)
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Las sospechas de acoso laboral salpican a Europol, la agencia policial europea. La Audiencia Nacional ha abierto una causa para investigar la querella dirigida contra dos altos cargos de este organismo, ambos españoles de la Policía Nacional, por parte de un guardia civil destinado en su sede de La Haya (Países Bajos). Según un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, los pasos del Juzgado Central de Instrucción número 2 cuentan con el aval de la Fiscalía, que ya pide la imputación de los querellados por un delito que les puede acarrear hasta dos años de cárcel.

Europol es un órgano de la Unión Europea integrado por policías de los distintos Estados miembros. Su papel es facilitar la cooperación en las operaciones transfronterizas contra la delincuencia en todo el territorio comunitario. Muchas de las detenciones e incautaciones de envergadura de las que casi a diario se hacen eco los medios de comunicación nacionales parten o contienen información de Europol, cuya sede central está en el edificio World Forum Convention Center de La Haya.

Foto: Tania Varela, en el banquillo en una foto de archivo. (EFE)

El denunciante del acoso es el comandante del Instituto Armado Diego Valadés Sánchez. Este guardia civil está destinado en la oficina de enlace española de Europol y hace meses emprendió acciones legales en la Audiencia Nacional contra dos comisarios de la Policía Nacional, Luis Javier Navaz Tejero y Alfredo García Miravete. El primero es desde diciembre de 2020 el jefe de la Unidad Nacional de Europol de la División de Cooperación Internacional por parte de la Policía Nacional. Se trata de un puesto de libre designación. El segundo es responsable de la Oficina de Enlace de España en Europol.

La Audiencia Nacional tiene la competencia de investigación sobre los delitos cometidos por españoles en el extranjero. Resolver esta cuestión fue el primer paso que dio el titular del juzgado, Ismael Moreno. El 11 de mayo emitió un auto en el que abría las diligencias previas y daba traslado a la Fiscalía para que diera su opinión al respecto. El ministerio público contestó a favor de asumir las pesquisas por tratarse de un presunto delito contra la integridad moral en el ámbito laboral.

La Fiscalía señalaba el artículo 173.1 del Código Penal, que castiga con penas de entre seis meses y dos años al que inflija a otra persona "un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral". También a los que, "en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima".

placeholder El edificio que alberga las instalaciones de Europol. (Reuters)
El edificio que alberga las instalaciones de Europol. (Reuters)

Postura de la Fiscalía

A juicio de la Fiscalía, en la querella presentada por el guardia civil, "efectivamente, se describen conductas que revelan una posible animadversión de los querellados respecto del querellante en el ámbito de sus funciones laborales, que redunda en la adopción de medidas tendentes a su laminación profesional". Pide al juez que se acredite con el juez español de enlace en Países Bajos que en la legislación neerlandesa —donde se habrían cometido los hechos— también existe un delito que castigue la conducta "consistente en perjudicar profesionalmente, humillar o vejar a una persona con abuso de superioridad en la relación laboral".

"En el caso de que se acredite el mencionado requisito de procedibilidad, procede la toma de declaración en calidad de imputados de los querellados, así como las testificales propuestas por el querellante, a las que se añade la del propio don Diego Valadés Sánchez, el cual deberá aportar la documentación médica que acredite la afectación psicológica que aduce ser consecuencia de la actuación de los querellados", concluye el fiscal de la Audiencia Nacional.

Foto: Concentración de protesta de los CDR. (EFE)

Atendiendo a estos a razonamientos, el juez ha aceptado a trámite la querella y ya ha dado orden de que se eleve la consulta al juez de enlace en los Países Bajos. "Verificado y acreditado el mencionado requisito de procedibilidad, se acordará la práctica de diligencias que se estimen convenientes", avanza el magistrado en este auto fechado el 22 de junio.

placeholder El juez Ismael Moreno. (AP Photo/Andrés Kudacki)
El juez Ismael Moreno. (AP Photo/Andrés Kudacki)

El querellado Luis Javier Navaz Tejero es comisario desde 2017. Tras su jura, fue destinado a la Comisaría Provincial de Girona como jefe provincial de Operaciones. Un año después, en diciembre de 2018, se le asignó el puesto de jefe de la Comisaría Local de Coslada-San Fernando, en Madrid. Antes de ascender a comisario, fue inspector jefe en la Comisaría de Distrito de Chamartín (Madrid) y antes sirvió como jefe de la brigada local de Policía Judicial de la Comisaría de Torrejón de Ardoz.

El segundo, Alfredo García Miravete, juró como comisario de Policía Nacional en diciembre de 2014. Antes de ocupar su puesto de responsable de la oficina española en Europol, fue destinado como jefe de la Comisaría Local de Puerto del Rosario (Fuerteventura).

Las sospechas de acoso laboral salpican a Europol, la agencia policial europea. La Audiencia Nacional ha abierto una causa para investigar la querella dirigida contra dos altos cargos de este organismo, ambos españoles de la Policía Nacional, por parte de un guardia civil destinado en su sede de La Haya (Países Bajos). Según un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, los pasos del Juzgado Central de Instrucción número 2 cuentan con el aval de la Fiscalía, que ya pide la imputación de los querellados por un delito que les puede acarrear hasta dos años de cárcel.

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