El acoso a las clínicas que realizan abortos es delito desde este jueves

Acosar a una mujer que acude a una clínica para interrumpir voluntariamente su embarazo o a los profesionales que los realizan es delito desde este jueves, castigado con una pena de entre tres meses y un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad.

La reforma del Código Penal, publicada el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), castiga a quien "obstaculice el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo" y acose a una mujer "mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad".

También quien acose a los profesionales sanitarios que realizan abortos y a los directivos de los centros habilitados para interrumpir el embarazo, ante los que suelen concentrarse miembros de asociaciones provida.

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La ley considera "imprescindible garantizar una zona de seguridad" alrededor de esos centros para garantizar la intimidad de las mujeres, su libertad y su seguridad física y moral, así como sus derechos sexuales y reproductivos.

Para perseguir este acoso no será necesaria la denuncia de la persona agraviada y, según la gravedad del caso, el tribunal podrá imponer también al condenado la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de entre seis meses y tres años.

En la ley se destaca que se siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que pidió asegurar la confidencialidad de las mujeres que deciden abortar, y se recoge un informe de 2018 de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo que alertaba de que miles de mujeres se habían visto "increpadas, insultadas, coaccionadas o amenazadas de algún modo" al acudir a esos centros.

La norma, impulsada por el grupo parlamentario socialista, fue aprobada el pasado 6 de abril en el Senado con la oposición del PP y Vox.