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"En España no me dejaban abortar y viajé a una clínica de Colorado"
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"En España no me dejaban abortar y viajé a una clínica de Colorado"

De España a Bruselas o Colorado, así son los viajes de las mujeres que tienen que recorrer miles de kilómetros para poder interrumpir su embarazo

Foto: Imagen: L. Martín.
Imagen: L. Martín.

Una mujer embarazada a un lado del teléfono llama desesperada a todas las clínicas de aborto de España que encuentra en Google. Necesita interrumpir su embarazo. Se le acaba el tiempo.

Un tono, dos tonos, tres tonos. Contesta una sanitaria desde el otro lado del teléfono de una clínica IVE (interrupción voluntaria del embarazo) de Madrid.

—Llamaba para ver qué posibilidades tengo de abortar. Estoy de 24 semanas.

—¿Tiene la autorización del comité ético?

—No.

—Pues entonces en España no puede abortar, pero si quiere le paso los datos de una clínica de abortos en Colorado, en Estados Unidos, donde se lo pueden practicar. Hasta hablan español.

La mujer recibe toda la información sobre esta clínica. Le ofrecen un paquete completo: transporte, alojamiento, comida y aborto por 40.000 euros.

Las mujeres nunca saben quién forma parte de su comité, por lo que no pueden debatir la decisión

Desde la organización Planned Parenthood Federation of America, Gabriela Benazar asegura que la clínica queda muy cerca al aeropuerto de Colorado y que ninguna mujer es preguntada por su estatus legal o nacionalidad en el momento de la interrupción de su embarazo. Además, cuentan con una página web en donde ofrecen todos sus servicios en español para sus clientes extranjeros.

En España, la ley vigente, de 2010, permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas y hasta las 22 semanas en el caso de riesgo vital para la madre o anomalías en el feto. Después de las 22 semanas, las mujeres se tienen que someter a un comité clínico hospitalario que confirme el dictamen emitido por su médico.

Este tiene como función confirmar que el feto presenta anomalías graves, incurables o incompatibles con la vida. Cada comunidad autónoma debe disponer de, al menos, uno de estos comités, que está formado por un equipo de dos profesionales especialistas en ginecología y obstetricia o en diagnóstico prenatal y alguien de pediatría. Las mujeres nunca saben quién forma parte de su comité, por lo que no pueden debatir la decisión.

placeholder Una de las clínicas de Planned Parenthood en Colorado. (Reuters/Rick Wilking)
Una de las clínicas de Planned Parenthood en Colorado. (Reuters/Rick Wilking)

Cada año, a decenas de mujeres españolas el comité clínico hospitalario les niega el derecho de interrumpir su embarazo sin que estas lleguen a saber nunca por qué: el comité solamente dice si la malformación del feto justifica el aborto o si no lo hace, y las mujeres deben acatar su decisión sin protestar. No todas lo hacen. Quienes, a pesar del rechazo del comité, deciden que quieren interrumpir su embarazo igualmente, deben viajar a ciudades como Colorado en Estados Unidos o Bruselas, en Bélgica, para abortar. Allí, la legislación permite interrumpir el embarazo en cualquier momento en caso de malformación grave.

Rechazada

Cuando a María*, de 32 años, el médico le dijo que el bebé que esperaba tenía una malformación grave, ella y su pareja no supieron qué hacer. El diagnóstico llegaba tarde. Muy tarde. María ya estaba de 24 semanas cuando su ginecólogo de la sanidad privada detectó una malformación en el cerebro del bebé. Fue derivada a la sanidad pública, en donde le dijeron que su hijo tenía hidrocefalia, acumulación de líquido dentro de las cavidades profundas del cerebro. El exceso de líquido aumenta el tamaño de los ventrículos y ejerce presión sobre el cerebro: la esperanza de vida de su hija era de menos de un año.

Sin embargo, la única opción que le dieron en un hospital público de Andalucía fue esperar a ver si, con el tiempo, su bebé mostraba alguna mejoría. No ocurrió. Ya con 30 semanas de embarazo, los doctores comprobaron que el pronóstico era incluso más grave de lo que habían dicho inicialmente y que las posibilidades de vivir de su bebé más allá de unos cuantos meses eran escasas. En ese momento, María y su marido decidieron que querían interrumpir su embarazo. Al tener más de 22 semanas de gestación, le tocó pasar por el comité clínico. Este denegó su petición. Sin explicaciones. “Solo me mandaron un correo declarándome rechazada”, relata María.

"Hemos tenido decenas de casos de mujeres, la última hace tres días"

Desesperada, empezó a llamar a todos los hospitales de España para ver si alguno le podría dar algo parecido a una solución. En esos días de incertidumbre, una amiga que había pasado por la misma situación le recomendó hablar con una asociación en Barcelona que ayudaba a las mujeres a salir del país para poder abortar.

Esta le puso en contacto con la clínica Brugmann, en Bruselas. Allí, al recibir toda la documentación de su caso y ver el pronóstico de su bebé, le dijeron que viajara lo más pronto posible.

Pero había una dificultad: el avión. María no sabía si en la aerolínea la iban a dejar viajar estando embarazada de 32 semanas, por lo que se vistió con ropa muy grande y ancha para esconder su cuerpo. “Me hicieron sentir como una criminal”, asegura. “Cuando volví a España, nadie nunca me preguntó nada, ni les importó”.

Sonia Lamas, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), explica que “desde las clínicas acreditadas no se tienen datos para saber si estamos hablando de un éxodo o no, pero hemos tenido decenas de casos de mujeres, la última hace tres días, que nos piden ayuda para poder salir del país a interrumpir su embarazo. Las autoridades de este país no les dan ninguna respuesta, las dejan solas”, explica Lamas.

placeholder Foto: Reuters/Yves Herman.
Foto: Reuters/Yves Herman.

España no es un caso aislado. En Europa, muchas mujeres viajan para buscar asistencia a la interrupción del embarazo fuera o dentro de las fronteras de su país de residencia. En esto se centra un estudio liderado por la investigadora Silvia de Zorzo titulado 'El acceso del aborto en Europa'. Este demuestra que, a pesar de contar con legislación en materia de interrupción del embarazo relativamente permisiva, en muchos países europeos las mujeres se enfrentan a restricciones legales, sociales y de procedimiento para recibir tratamiento. “Estas barreras pueden llevar a las mujeres a interrumpir su embarazo de forma ilegal o viajar para obtener asistencia a la interrupción del embarazo, lo cual puede causar retrasos para que reciban tratamiento y puede incrementar innecesariamente los riesgos de complicaciones”, asegura el estudio.

De Zorzo añade además en su informe un mapa interactivo que muestra cómo las mujeres españolas se ven obligadas a viajar a lugares como Países Bajos para abortar, mientras que las francesas y las italianas recorren cientos de kilómetros para poder hacerlo precisamente en España.

Un problema histórico

El problema tiene algo de añejo, pues remite a los años del franquismo en que aquellas que podían viajaban a Londres para abortar. Pero no son episodios que se dieran solo hace medio siglo: ocurre hoy en día a espaldas de las instituciones, razón por la que, aducen los expertos, casi nadie se atreve a hablar de ello.

José Antonio Bosch, abogado especialista en derecho al aborto, explica que ha tenido contacto directo en los últimos años con más de 15 mujeres que han salido fuera. “Me han llamado indignadas con la situación, pero ninguna ha querido presentar una demanda formal contra la Sanidad pública. Cuando te llaman enfadadas quieren soluciones inmediatas, y los procedimientos judiciales son lentos. Cuando les digo que será una batalla de años, se echan para atrás”, afirma Bosch.

"Si pagábamos, podíamos ganar ante el comité ético hospitalario"

En este tipo de situaciones, cada día pesa como una losa. Así lo vivieron Rocío*, de 35 años, y su pareja, José, en 2019, cuando a las 24 semanas de embarazo llegaron a una clínica privada de Barcelona para realizar la prueba morfológica de su bebé. En ese momento, la doctora solo les dijo que tenían que repetir la prueba porque no había salido bien. A las 26 semanas, cuando la repitieron, el pronóstico los devastó. Su bebé venía con una malformación grave llamada síndrome de Pfeiffer. Cuando se produce, la cabeza se cierra antes de tiempo y el cráneo no se puede terminar de formar.

Al ver la gravedad de la situación, su doctora los derivó a un hospital público en Barcelona. Allí confirmaron el diagnóstico. No obstante, les dijeron que tenía que esperar un mes para que revisaran los resultados genéticos y asegurarse de que se trataba de este síndrome.

Si esperaba todo ese tiempo, sencillamente saldría de cuentas. Rocío y su marido, sin embargo, habían tomado ya la decisión de terminar con su embarazo. Al comentárselo al doctor, este se limitó a decir: “Aquí nadie os puede ayudar”.

Foto: Maternidad de Peña Grande (Foto: Pablo López Learte)

“Conseguimos una clínica privada que aseguraba que si pagábamos podíamos ganar ante el comité ético hospitalario. Otros nos ofrecieron irnos a Colorado por 40.000 euros todo incluido. Ninguna de esas opciones nos convencía, y se nos acababa el tiempo”, recuerda Rocío.

En esa semana, un conocido les recomendó a una médica en Bruselas. Se pusieron en contacto con ella y, cuando le mandaron todas las ecografías y los exámenes, les invitaron a ir a interrumpir su embarazo.

Rocío solo tiene palabras de agradecimiento para los profesionales que la trataron allí. Meses después, volvió al hospital público de Barcelona porque necesitaba mirar a la cara al médico que la dejó sola en el peor momento de su vida. “Le pedí que por favor nunca más volviera a dejar sola a ninguna mujer, que pensara que podría ser su hija y que existían soluciones”. Rocío afirma que se sintió juzgada como una delincuente por el personal sanitario que la atendió en España.

Teresa Cos es la doctora que la atendió en Bruselas. Es jefa del Departamento de Medicina Fetal en el hospital universitario público de la ciudad, CHU Brugmann. “Aquí cada año vienen en promedio 200 mujeres de otros países a abortar. De esas, unas 60 son españolas”, asegura.

"Es inadmisible que haya tantos objetores de conciencia en hospitales públicos"

Para Cos, esto no debería suceder. “Es inadmisible que haya tantos médicos objetores de conciencia en hospitales públicos en España. Me sabe mal que compatriotas mías tengan que venir aquí para acceder a un derecho básico”, afirma.

La ley del aborto en Bruselas es igual que la de España, con la salvedad de que allí la ley considera que las patologías se pueden interrumpir hasta el final del embarazo. “Aquí también hay comité ético, pero es menos estricto. La objeción de conciencia no existe para ningún sanitario”, asegura.

Para las pacientes extranjeras con tarjeta sanitaria europea, la interrupción de su embarazo es casi gratuita. “Me contactan de diferentes plataformas españolas para ver si yo las acepto. Una vez me mandan la documentación, contactamos con la paciente y lo organizamos para que vengan a Bruselas”, explica. En el hospital cuentan con un grupo de psicólogos e intérpretes que ayudan a las mujeres con todo el proceso.

Una mujer embarazada a un lado del teléfono llama desesperada a todas las clínicas de aborto de España que encuentra en Google. Necesita interrumpir su embarazo. Se le acaba el tiempo.

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