El Gobierno asume que el control de alquileres no entrará en vigor esta legislatura

Los retrasos en la ley de vivienda siguen acumulándose y desde el Gobierno comienzan a asumir que el control del precio de los alquileres no entrará en vigor esta legislatura. El proyecto incluye una moratoria de 18 meses para que las comunidades autónomas puedan limitar los alquileres en las zonas consideradas tensionadas y, según fuentes del Ministerio de Transportes, no está en sus planes reducir esta 'vacatio legis' durante la tramitación parlamentaria, pese a los retrasos en la aprobación de la ley. Tampoco se prevén modificaciones ante el ajustado calendario para que el aspecto nuclear de la medida estrella del Ejecutivo tenga efectos antes de que remate el actual mandato.

Los plazos marcados son los que son, explican estas mismas fuentes de Transportes, al mismo tiempo que niegan que su departamento haya sido responsable de las demoras al haber enviado el preceptivo informe en tiempo y forma al CGPJ. Unas acusaciones que han deslizado desde el sector morado. La intención pasa por aprobar el texto en los términos actuales y atender las recomendaciones que realice el órgano de gobierno de los jueces en lo que concierne a los tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que modifica la ley, en lo referente a los desahucios. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha querido remarcar que se solicitó el documento preceptivo al CGPJ el 1 de diciembre. El plazo previsto para su elaboración era de dos semanas, pero el pasado viernes la mayoría de vocales lo tumbaron.

Los socios del Gobierno de coalición pactaron en el marco de los presupuestos de 2021 que la ley de vivienda se aprobaría en febrero del pasado año y que comenzaría su tramitación parlamentaria al mes siguiente. Casi un año después, el proyecto sigue sin haber pasado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros. Primero por los choques entre PSOE y Unidas Podemos, precisamente, en la parte de la ley que concernía a la regulación de los alquileres. Una vez solventadas estas diferencias, el freno ha venido determinado por el CGPJ, que ha tumbado el informe favorable de uno de sus vocales, preceptivo para el Gobierno, impidiendo que la norma se aprobase en el Consejo de Ministros de este martes.

El CGPJ ha convocado un pleno para el 27 de enero para valorar el nuevo informe, por lo que la ley pasará posteriormente por el Consejo de Ministros. El argumento en el que sigue apoyándose el Gobierno es que el proyecto cuenta con todas las "garantías y seguridad jurídica requerida", por lo que no se prevén modificaciones sustanciales ni nuevas demoras. "La ley es sólida desde el punto de vista jurídico y está bien armada, por lo que la voluntad continúa siendo la misma", ha zanjado la titular de Transportes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros donde se ha dado luz verde al bono de alquiler de 250 euros para jóvenes de hasta 35 años.

Desde Unidas Podemos ya han advertido al PSOE de que no aceptarán "ningún cambio" sobre lo pactado en la ley de vivienda aunque se emita un informe negativo contra la normativa. Los morados creen que el CGPJ se posicionara "a favor de proteger los intereses del mercado inmobiliario y los fondos buitre". Este mismo lunes, la coportavoz estatal de la formación morada, Alejandra Jacinto, cuestionó la imparcialidad del órgano de gobierno de los jueces y entiende que se ha extralimitado en sus funciones.

Tras la aprobación definitiva en el Consejo de Ministros el próximo mes de febrero arrancará la tramitación parlamentaria. Desde Unidas Podemos se pretende que sea por trámite de urgencia, pero los socialistas no lo ven justificado. La tramitación se ralentizará así, a la espera de que los grupos parlamentarios también incorporen sus enmiendas. La ley podrá estar en vigor a finales de este año, sin embargo, el control de precios de los alquileres todavía precisará de otro año y medio.

Entre las partes de la futura norma que sí podrán entrar en vigor con total seguridad antes de que remate esta legislatura, destacan medidas como la penalización de los inmuebles vacíos. Para ello, se establecerán recargos en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) de hasta el 150%, que los ayuntamientos podrían aplicar a su potestad "a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la ley". El proyecto también apuesta por ampliar el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida.

En lo relativo a los desahucios, la ley de vivienda incluye la obligación de ofrecer una alternativa habitacional a las familias vulnerables, con dotaciones de realojamiento, "ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo". Para ello, se introducen en el procedimiento "criterios objetivos" para determinar las situaciones de vulnerabilidad económica.