Los documentos del Gobierno que avalan a Garzón y que Moncloa dice desconocer

La desautorización de la parte socialista del Gobierno al ministro de Consumo por sus críticas a las macrogranjas suma un nuevo capítulo. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha negado tener conocimiento de "los documentos del Gobierno" a los que genéricamente se han referido tanto la vicepresidenta Yolanda Díaz como el propio Alberto Garzón para defender que su posición no choca con la del Ejecutivo. Precisamente, el argumento que se ha utilizado desde Moncloa para apartarse de las críticas de Garzón a este tipo de ganadería intensiva y enmarcarlas en una "opinión personal" es que no se corresponden con la línea política trazada por el Gobierno. En una entrevista en Telecinco esta mañana, Rodríguez ha asegurado que "no tengo constancia de a qué se estaba refiriendo la vicepresidenta Díaz", en relación con dichos documentos. Más allá de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, a los que está adherido el Ejecutivo, Moncloa ha elaborado documentos propios en los que aboga por fomentar la ganadería extensiva frente a la intensiva, apunta también medidas en este sentido en el programa de coalición y tiene en cartera un decreto para limitar los efectos "contra la contaminación producida por nitratos de origen agrícola".

En el plan del Gobierno de coalición denominado 'España 2050', donde se marcan los "fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo", se establece como objetivo "transitar hacia sistemas agroalimentarios sostenibles y saludables". Concretamente, se apuesta por "generalizar los sistemas de producción ganadera sostenibles y ligados al territorio, como los sistemas extensivos de dehesa y pastoralistas". Se trata de uno de los "frentes" fijados para posponer la emergencia climática.

El programa del Gobierno de coalición acordado entre PSOE y Unidas Podemos también fija medidas en este sentido. La medida número 11 del bloque centrado en la lucha contra el cambio climático aboga por la "sostenibilidad del sector agroalimentario, forestal y del medio rural". Para ello, se establece el compromiso de llevar a cabo "medidas de asesoramiento de explotaciones agrarias para mejorar la sostenibilidad de la producción ganadera y la conservación de los suelos agrícolas". La ley de bienestar animal, recogida en el programa de coalición, incluye también medidas para "el control de la producción de animales de consumo".

La contaminación por nitratos de los acuíferos derivada de los efectos de las macrogranjas es una de las cuestiones sobre las que se ha alertado desde Consumo, recordando que la Unión Europea abrió un expediente a España por una "excesiva" contaminación de nitratos. El plan anual normativo del Gobierno para 2022 incluye la pretensión de aprobar un decreto "sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias". El texto, que impulsará el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico dirigido por Teresa Ribera, tiene como objetivo "establecer las medidas necesarias para prevenir y reducir la contaminación de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas, causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de esa clase".

Este decreto se justifica por la necesidad de "revisar" y "fortalecer" en el ordenamiento jurídico español el contenido de la trasposición de la directiva europea relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrícola. Todo ello, según se argumenta de cara al futuro desarrollo del decreto, para "reforzar los compromisos españoles con la Estrategia Europea de Biodiversidad para 2030, así como para tener en cuenta los últimos estudios técnicos desarrollados y la jurisprudencia asentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Otro de los decretos que el Ejecutivo ha llevado a su plan normativo para este 2022 pretende "regular el registro general de mejoras técnicas disponibles en explotaciones y el soporte para el cálculo, seguimiento y la notificación de las emisiones en ganadería". Un texto que se circunscribe al objetivo de "contribuir a los objetivos climáticos de España, en la parte de la ganadería".

A medida que el debate sobre las macrogranjas se va profundizando, el titular de Consumo ha pasado de recibir un ataque frontal del sector agrario a limar asperezas y hasta recibir apoyos. Este mismo jueves, Garzón se reunía en la sede del ministerio con representantes de UPA, organización que representa a pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Según estos últimos, el encuentro se diseñó con el objetivo "trabajar conjuntamente para articular políticas que contribuyan al desarrollo sostenible del medio rural y zanjar cualquier polémica", después de que le pidiesen una rectificación por lo que consideraron un "ataque a la ganadería española".

El PSOE sigue esforzándose por subrayar una posición de defensa del sector agrícola y en desmarcarse de Garzón, aunque se asume ya el desgaste "por un ruido que no nos gusta y no favorece al Gobierno". Este mismo lunes, en una entrevista en la Cadena SER, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso "lamentar la polémica" generada por las declaraciones de Garzón durante su entrevista con el diario británico ‘The Guardian’. El día anterior, Sánchez fue recibido a su llegada a un acto preelectoral en Palencia por una protesta de un grupo de ganaderos. Sin pedir públicamente una rectificación, el presidente del Gobierno ha optado por rebatir al titular de Consumo asegurando que el sector cárnico exporta carne "de extraordinaria calidad" y que "sigue los máximos estándares de la normativa española y europea".