El Gobierno y el PP se enzarzan sobre la entrada en vigor de los presupuestos

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado, BOE, el pasado 28 de diciembre la ley de Presupuestos tras aprobarse en el Congreso y Senado precedida de una dura negociación. Pero a diferencia de lo que hizo con la de las cuentas de 2021 no se especificó desde cuándo estaban vigentes por lo que según letrados del Congreso, juristas y ex letrados de la Cámara se regirían por lo que marca el Código Civil en su artículo 2. " Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado si en ellas no se dispone otra cosa". Esto según los letrados consultados por El Confidencial supondría que desde el punto de vista jurídico su implementación sería efectiva a partir del 18 de febrero como publicó este diario.

Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que los Presupuestos entraron en vigor el 1 de enero al estar aprobados "en tiempo y forma" ya que "el carácter anual de los Presupuestos viene determinado por la propia Constitución", argumentan en un comunicado en el que califican de "bulo" lo que defienden los letrados consultados y argumentan de que en los últimos 24 presupuestos aprobados en tiempo y forma no se ha especificado. También arremeten contra el PP que tras la información publicada por este medio ha pedido a través de su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, que comparezca para dar explicaciones. La popular ha calificado de "incompetente" al Ejecutivo.

En los que no se incluye la acotación, pero siempre que se haya publicado la norma en el BOE como por ejemplo en 2016 en un mes diferente a diciembre los veinte días del "vacatio legis" no son determinantes porque las cuentas son para el siguiente año. La acotación de la entrada en vigor de las leyes es mucho más que un tema técnico, según insisten los expertos consultados que puntualizan que “absolutamente necesario establecer claramente cuáles son los momentos de inicio y de fin de la vigencia de una ley con el fin de garantizar el principio constitucional de seguridad jurídica consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución, junto con los de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad y de responsabilidad e interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos”.

Asimismo, refieren que, el apartado 2. del artículo 134 de la Constitución establece el principio de anualidad de la Ley de Presupuestos, que no significa más que los Presupuestos han de ser elaborados anualmente. Por su parte, la entrada en vigor se refiere al momento en el que la norma empieza a desplegar efectos jurídicos y se preguntan por qué si no fuera necesaria incluir la disposición final porque entra en vigor automáticamente el día 1 de enero, por qué el pasado año, que se publicaron el 30 de diciembre, sí se incluyó que “esta Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación”. Es cierto también que en la publicación de la norma de los Presupuestos de 2022 hay diferencias como por ejemplo. En la disposición final novena referida a la Modificación del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, se especifica que entrará en vigor "con efectos desde el 1 de enero de 2022" y el resto de disposiciones finales solo dice "con efectos desde la entrada en vigor de esta ley.. en referencia a los Presupestos.

Las más de 100 disposiciones adicionales de los presupuestos incluyen 25 reformas que no tienen nada que ver con las cuentas. Esta maniobra la utilizan los gobiernos para 'colar' aquello que quieren que no pase el control parlamentario. En el caso de Sánchez en los presupuestos de 2022, se han modificado 14 leyes ordinarias y 11 reales decretos-leyes con cosas tan dispares como la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, la de Contratos Públicos o la de Asilo. Es en estos casos donde hay más debate sobre la entrada en vigor y por eso fuentes del equipo jurídico del Congreso destacan que para evitar controversias lo correcto es lo que el Ejecutivo hizo el año pasado porque así no se deja ningún margen a la interpretación.