Puigdemont pregunta al juez Llarena si ha suspendido la orden de detención en España

La reacción de Carles Puigdemont tras la decisión del pasado viernes del Tribunal General de la Unión Europea que incrementó, al menos de momento, su blindaje ante posibles arrestos en Europa no se ha hecho esperar. En un escrito remitido este lunes al instructor del 'procés' Pablo Llarena, el expresident de la Generalitat le pregunta si ha dado instrucciones para que las órdenes de arresto que se encontraban en vigor, también la que afecta al territorio español, sean suspendidas.

En el escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, Puigdemont indica que a la vista del fallo del TGUE debe considerarse congelado, "en conformidad con el principio de cooperación leal" y "a todos los efectos", el procedimiento penal en su contra. En particular indica que debe hacerse efectiva "la suspensión en lo relativo a las distintas órdenes de detención emitidas en esta causa penal, comunicando dicha suspensión a las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como al Sistema de Información de Schengen y a Interpol".

El TGUE se pronunció la pasada semana sobre la solicitud presentada por Puigdemont para recuperar su inmunidad parlamentaria tras la detención en Cerdeña el pasado septiembre. La Justicia de la UE rechazó concederle ese blindaje completo, pero, no obstante, aclaró que ya se encuentra protegido frente a nuevos arrestos dado que la orden europea de detención (OEDE) cursada en su contra por el juez del Tribunal Supremo se encuentra "suspendida" hasta que se resuelva la cuestión prejudicial que remitió el instructor del 'procés'.

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El objetivo del 'expresident' de recuperar la inmunidad parlamentaria para poder circular libremente por Europa queda así garantizado de momento. En su resolución, el vicepresidente del Tribunal General señalaba que ninguno de los elementos aportados "permite cuestionar las consideraciones que figuran en el primer auto de medidas provisionales en relación con los efectos jurídicos derivados del planteamiento de la petición de decisión prejudicial". Confirmaba expresamente "que el proceso penal de que se trata está suspendido hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la petición de decisión prejudicial".

Precisaba, además, que esta suspensión "se deriva directamente del planteamiento de dicha petición y no necesita una decisión específica del Tribunal Supremo al respecto". Añadía que el órgano jurisdiccional español, es decir, Llarena, estaba por lo demás al corriente de ese efecto suspensivo cuando se produjo la detención en Alger. Confirmaba también que, dado que dicha petición versa sobre la ejecución de las órdenes de detención europeas emitidas en el marco del proceso penal de que se trata, la suspensión de ese proceso lleva aparejada necesariamente la suspensión de la ejecución de las citadas órdenes. Así, esta suspensión se deriva directamente de la relativa al proceso penal de que se trata, y que sus efectos son vinculantes para las autoridades nacionales competentes, incluidas las judiciales, sin necesidad de decisión específica por su parte.