Ordenan al juez interrogar al diseñador gráfico de Neurona y a su nexo con Podemos

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, que curse una comisión rogatoria internacional a México para interrogar a dos ciudadanos de ese país que resultan clave en la relación entre Podemos y la consultora, según un auto al que ha tenido acceso El Confidencial. El partido morado lleva investigado un año y medio por un pago de 363.000 euros de dinero público a esta empresa mexicana para que le hiciera trabajos electorales en la campaña de los comicios generales de abril de 2019. El juez duda que el precio que se pagó se corresponda con el trabajo que hicieron y quiere saber dónde fue a parar el dinero.

Los dos testigos a los que tendrá que tomar declaración el juez son Waldemar Aguado y Germán Cobos. El primero es la persona que recibió la primera copia del contrato en el mes de marzo. Además, aparece en el último auto del juez Escalonilla identificado como la persona que realizó 48 diseños para productos electorales. Eran diseños preparados para imprimir o difundir en medios digitales. Un testigo le confirmó al juez que Waldemar Aguado se incorporó al equipo de campaña de Podemos. El magistrado ha encargado un informe pericial para acreditar si los 363.000 pagados por el partido se corresponde con los trabajos prestados.

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German Cobos es el presunto nexo entre Podemos y Neurona. Al menos eso es lo que se desprende de la declaración del gestor al que contrató la consultora mexicana para establecer una filial en España. Esta persona le dijo al juez que nunca tuvo relación con Podemos y que él trataba todo el tiempo con Cobos. Lo hacía a través de llamadas de teléfono o de correo electrónico, nunca presencialmente. Pese a ello, el juez todavía no le ha tomado declaración en esta causa.

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso presentado por este gestor y también por Vox contra la decisión del juez Escalonilla, que había renunciado en junio a tomarles declaración. Eso a pesar de que el juez sí consideró relevante en el pasado lo que pudieran decir estas personas. Tanto es así que llegó a pedir a la Policía Nacional que diese con su paradero. Las fuerzas de seguridad contestaron que no residen en España y se llegó a barajar un interrogatorio por videoconferencia.

Crítica a la instrucción

La participación de Cobos se remonta a comienzos de 2019, cuando él y otros se presentaron en la sede de un despacho de abogados de Madrid en representación de Neurona. Es una consultora mexicana que colabora habitualmente con líderes latinoamericanos de izquierdas. En el grupo estaba Germán Cobos. El despacho les recomendó a un gestor de Sevilla que procedió a constituir una filial en España de Neurona. Lo hizo el 19 de marzo de 2019 sin intuir que acabaría imputado en una trama judicial de presunta corrupción política junto a altos cargos de uno de los partidos del Gobierno.

La propia Audiencia Provincial de Madrid, en el auto en el que ordena realizar estos dos interrogatorios, también le advierte al juez de que “no concreta los indicios” contra este gestor. Por eso, los jueces describen como “necesarias” las declaraciones de esos dos testigos mexicanos. No es la primera vez que la Audiencia de Madrid corrige al juez del caso. En el pasado también le afearon que no haya sido capaz de concretar los delitos por los que investiga a Podemos.

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Al juez Escalonilla no le cuadra que la filial española de Neurona fuese constituida el 19 de marzo de 2019 en base al borrador de un contrato que llevaba la fecha del 27 de febrero; es decir, varias semanas antes. Además, ese contrato para realizar trabajos de cara a las elecciones de abril se firmó finalmente el 6 de mayo, semanas después de los comicios. La alarma saltó al comprobarse que ya constaba una transferencia de Podemos por esos trabajos del 5 de abril. Se pagaron los trabajos antes de firmar el contrato.

Durante su comparecencia como investigado, el gestor contratado por Neurona admitió que ejecutó varias transferencias por importe de 308.254 euros a otra sociedad mexicana llamada Creative también bajo el foco del juez. Se limitó a seguir las órdenes de Cobos, quien llegó a prestar también servicios electorales para el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en los comicios de 2018 que la auparon al poder en su país, como desveló El Confidencial.